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martes, 6 de enero de 2015

En algún momento tendrás que tomar partido...


La impunidad del crimen ordenada desde el poder, o cómo blindarse por si la gente decente les echa a la calle.


En el contexto desenfrenado de reformas legislativas del gobierno de Mariano Rajoy -"ley mordaza”, reforma del Poder Judicial, reforma del Código penal e imposición de tasas judiciales- ha pasado casi desapercibida una reforma de gran calado, que afectará en gran medida al marco procesal penal de nuestro ordenamiento jurídico: el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).



Otro motivo de desazón y descalabro de nuestro gobierno en la insólita y precipitada regulación de los tiempos procesales, hasta el punto de que obliga por ley a cerrar asuntos judiciales aunque no se haya culminado la investigación judicial. Esta honda inquietud del partido que nos gobierna viene intitulada como la deseable “agilización procesal”, basándose supuestamente en el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas.

Bajo este manto garantista, pero sin dotar de más y mejores medios a la Administración de Justicia, sin embargo se conmina a ésta a que investigue aceleradamente: en el plazo de 6 meses, en casos sencillos; o en el plazo máximo de 18 meses, cuando se trate de procedimientos complejos. Además, en el caso de investigaciones complejas (organizaciones criminales, pluralidad de delitos y de imputados, con incidencia en el extranjero, terrorismo, etc.), el plazo se podrá prorrogar hasta 18 meses más, siempre y cuando así lo solicite el Ministerio Fiscal. Nótese que brilla por su ausencia la intervención de otras acusaciones en la solicitud de prórroga.

Entonces, se plantea la siguiente cuestión: ¿qué ocurre si el fiscal no solicita la prórroga y/o el juez no amplía el plazo de oficio para seguir investigando? En este caso, el procedimiento deberá ser sobreseído y archivado.

Pero si, por el contrario, no se archiva porque se ha logrado acopiar cierto número de indicios contra el imputado, habrá de concluirse la investigación y quien acusa deberá hacerlo con lo que tenga, sin que le asista el derecho a interesar diligencias complementarias. Es decir, que estaríamos ante una acusación débil, que debe dirigirse contra el imputado, aunque con pruebas limitadas y sobre la base de una investigación, tal vez, insuficiente.

Pero aún hay más. La disposición final sexta de este despropósito legislativo prevé su entrada en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE. Al tratarse de una ley procesal se impone el principio de aplicación inmediata de las nuevas leyes procesales, lo que obligaría a revisar todos los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de la ley se hallen aún vivos, en fase de investigación, y a archivar los que hubieran excedido los plazos legales.

Supongo que el lector se habrá dado ya cuenta de que esto, sin duda alguna, marcará la fecha de caducidad de asuntos tan sensibles para el gobierno del PPSOE como son el caso Bárcenas, la Operación Púnica, Bankia, Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Urdangarin, Pujol, los ERE y así hasta un largo etcétera.

Los jueces no tienen medios para juzgar en seis meses los casos de corrupción, una prueba pericial puede tardar ocho. Solo están dotados para juzgar a robagallinas. Y además toda decisión de un juez es recurrible.

Por ello, a efectos prácticos, eso significa que ningún caso de corrupción podrá ser instruido hasta el final por falta material de tiempo y de medios. 

Ahí es nada. Tenemos un campo abonado por delante, el de la impunidad, y tal vez un apresurado blindaje para lo que haya de venir.

Ha llegado el momento en el que cada uno de nosotros decidamos si queremos estar al lado de los indignos o de los indignados y obrar en consecuencia.

Isabel Elbal - Blog Contrapoder




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