MAS ARTICULOS DE ACTUALIDAD Y VIDEOS RELACIONADOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN De Madrid al Cielo

MAS INFORMACION DE ACTUALIDAD con VIDEOS en Cosas de rosamar Madrileña

"Le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles eran los factores que destruyen al ser humano y respondió así: "La política sin principios. El placer sin compromiso. La riqueza sin trabajo. La sabiduría sin carácter. Los negocios sin moral. La ciencia sin humanidad"

Buscar en este blog

sábado, 30 de noviembre de 2013

Las siete escapatorias de los más ricos para no pagar impuestos

El dinero se ha convertido en la obsesión de los gobiernos, en un mundo en el que a golpe clic con un ordenador se puede enviar a un paraíso fiscal.

Con estas facilidades tributarias, estos países atraen a empresas y, también a las rentas más altas y a las grandes fortunas del mundo. El diario Público ha consultado a expertos en fiscalidad para averiguar las maniobras más utilizadas por los ricos para evitar pagar impuestos.
 

1- Capital o trabajo, un IRPF DUAL

El IPFF es la primera clave de cómo las rentas más altas se favorecen del sistema fiscal de España. Según José María Mollinedo, secretario general de Hacienda, Gestha, muestra que "todo está diseñado para favorecer al negocio financiero, por la dualidad del impuesto que existe en todos los países de la OCDE", explica en declaraciones al citado diario. 
 
Los impuestos se centran más en el trabajo, que en penalizar la especulación en Bolsa, según Público. Las rentas laborales tributan hasta un 45%, incluso un 49% en algunas comunidades. Pero las rentas del capital lo hacen al 19%, o al 21%, en el caso de que superen 6.000 euros.
 
"Si tengo el control de mi empresa puedo manejar esa dualidad a mi antojo. Puedo decidir tener rentas de capital (mediante dividendos, por ejemplo) en lugar de un salario", explica a Público Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF).
 

2- Sicav, lo más criticado

Las sociedades de inversión de capital variable, son el privilegio de impositivo más criticado. Una sociedad anónima que aporta al Estado el 1% de sus ganancias, frente al 30% o el 25% como hacen las pymes.
 
Además, la normativa admite que las sicav tengan "departamentos, que pueden ser hasta cinco en cada una", explica José María Mollinedo. Cinco fortunas diferentes constituyen una sicav, comparten mariachis... Y sólo está obligada cada una a un mínimo de 480.00 euros de inversión. 
 

3- Fundaciones, fuente de opacidad

Francisco de la Torre, secretario general de la Organización de los Inspectores de Hacienda, explica al diario Público que las fundaciones tenían más interés cuando se aplicaba el Impuesto Sobre Sucesiones, que ahora está bonificado entre el 96% y el 99% en la mayoría de autonomías. 
 
Las fundaciones son un recurso muy útil para evitar que se conozca quién está detrás del dinero que se ha depositado a nombre de dicha personalidad jurídica. Además se pueden constituir en paraísos fiscales, donde no es necesario declarar la actividad de la fundación, además de evitar pagar impuestos.
 

4- Patrimonio, refugio de inmuebles

Son sociedades que poseen inmuebles, ahora han cobrado una gran importancia para eludir a los temidos impuestos. "Aunque en el Patrimonio haya que informar de la titularidad de las acciones, al propietario no le afectará la revalorización de los valores catastrales", explica Mollinedo al citado diario.
 
"Las plusvalías quedan latentes hasta que vendan los activos, además de evitar pagar impuestos, deja a salvo el patrimonio familiar de responsabilidades frente a reclamaciones judiciales por gestión de otras empresas", explica el secretario general Gestha.
 

5- Empresas

"Que una gran empresa se instale en un país con una tributación baja es perfectamente legal; y es la causa del llamado milagro irlandés", argumenta De la Torre.
 

6- Paraísos fiscales

"Los paraísos fiscales están en el paseo de la Castellana", advirtió en una ocasión el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, según recoge el diario Público
 
"Cuando pides información sobre estos movimientos, la banca te deriva a sus filiales en paraísos, que no te la da. Una de las cosas que hemos pedido siempre es que o se prohíba el uso de paraísos o se obligue a la banca a dar la misma información sobre esas filiales que la que da de sus negocios en España", argumenta De la Torre a la citada publicación.
 

7- Deslocalización

Es otra manera de no pagar no impuestos. Fingir otra residencia, disimular y hacer como que no se vive aquí. La Agencia Tributaria investiga cada año este fraude bastante habitual a través de un Plan de Deslocalizados. Algunos ciudadanos alegan vivir de forma fraudulenta en países como Andorra. Mientras en realidad residen en España, donde además desarrollan su actividad económica.
 

Campos de golf, un negocio insostenible: LOS PROMOTORES DEL GOLF MOVÍAN AL AÑO 2.673 MILLONES DE EUROS, CON LA CRISIS PIDEN AYUDA A LA ADMINISTRACIÓN

En el Estado español existen 417 campos de golf, la mayoría asociados a urbanizaciones de lujo. El consumo de agua de un campo de golf es similar al de una población de 150.000 personas. Con la crisis las viviendas no se venden y los greens no se pueden mantener. Los promotores quieren que los Ayuntamientos se encarguen de los campos de golf.
 
Un campo de golf de 18 hoyos y 60 hectáreas consume 1.500.000 litros de agua al día. En el Estado español existen 417 campos de golf, según datos de la Federación Española de Golf. Hasta ahora los “pelotazos urbanísticos” y la construcción de estos centros estaban asociados: en los últimos 10 años se han construido 112 campos, el 90% promovidos por inmobiliarias. A causa de la crisis las viviendas no se venden y la construcción de campos de golf se ha parado, unos 150 nuevos proyecto programados en los últimos dos años, no se han ejecutado.
 
El negocio del golf es insostenible. Se esquilma un recurso escaso como es el agua en beneficio del negocio privado de unos pocos.
 
Según Ecologistas en Acción, en un año el consumo medio de agua de un campo de golf de 18 hoyos y 60 hectáreas (has.) es de 10.000 metros cúbicos de agua por hectárea, es decir 18 hectómetros cúbicos (cifra que se multiplica por dos en Andalucía). Este volumen equivale al consumo anual de una ciudad de entre 150.000 y 200.000 habitantes.
 
Los recorridos y el número de hoyos marcan el atractivo del campo: si tiene 18 se necesitan como mínimo 50 hectáreas de terreno. Pero también los hay de 9, 27, 36, 54 y 60 hoyos. Además, el campo de golf necesita un green de unos 800 m2 por hoyo.
 

Ocupación del territorio

En zonas urbanizadas es imposible conseguir tanta cantidad de terreno, por eso se ocupan terrenos no urbanizables y áreas próximas a espacios naturales, que se privatizan. De paso, se recalifican los terrenos y se construyen urbanizaciones asociadas al golf.

Agotados los espacios próximos a la costa, se han comprado terrenos de usos agrícolas y forestales. Esta ocupación de tierras para el sector del ocio privado de una élite ha ido en detrimento del sector primario, la producción de alimentos.
 
Entre 2000 y 2010, años de creciente sequía, se construyeron más de 100 campos de golf, mientras la Administración llevaba a cabo campañas que pedían cerrar el grifo del agua en los hogares y sitios públicos.
 
De los 417 campos de golf del Estado español, 102 se han construido en Andalucía y es la provincia de Málaga donde más campos existen, más de 50, la mayoría asociados urbanizaciones de Marbella y Mijas.
 
Por comunidades le siguen Cataluña, con 46, Castilla y León 37, País Valenciá 37, Galicia 33, Madrid 32, Canarias 23, Baleares 21 y Murcia con 18, entre otras.
 
Por provincias el listado lo encabeza Madrid, Barcelona, Málaga, Murcia y Alicante en quinto lugar.
 
Los alcaldes defienden los proyectos de las constructoras con la excusa del empleo, aunque un campo de golf sólo necesita una plantilla de 36 personas. Pero el verdadero negocio está en las viviendas asociadas, que se revalorizan entre un 50% y 30% más, según estén o no en primera línea del campo. No son viviendas de primera ocupación, son adquiridas por inversores del golf y por familias de clase media que las usan como segunda residencia.
 
Esta depredación del territorio de un negocio privado con recursos públicos tiene otras consecuencias graves como la contaminación del subsuelo. Los campos de golf necesitan gran cantidad de abonos y fitosanitarios que van a parar a los acuíferos.
 

Riego con agua potable

El riego de los campos de golf, en teoría, debe llevarse a cabo con agua depurada, pero eso no se cumple. Debido a la alta salinidad de éstas, en la mayoría de los casos, se mezcla al 50% con agua potable. En otros casos, como en el campo de El Encin, en Madrid, se riega directamente con agua que se extrae de pozos.
 
Además, muchas de las urbanizaciones y campos de golf no tienen plantas depuradoras, y son los ayuntamientos, con fondos públicos, quienes reciclan y trasladan el agua a los campos de golf. En Málaga, Izquierda Unida pidió a la Junta de Andalucía que no se utilizaran las depuradoras públicas para producir agua para estos espacios privados.
 

“Los golfistas se aburren”

El golf es un deporte que practica el 0,67% de la población, según datos de la Federación de Golf de España. En el Estado español están federadas cerca de 350.000 personas, de las cuales la mayoría son turistas que vienen a jugar aprovechando el buen tiempo. Para poder jugar al golf es necesario estar federado y pagar bastante dinero. Por ejemplo, para ser socio del campo de golf de la Moraleja (urbanización de lujo próxima a Madrid) había que pagar 6.000 euros hasta finales de los ‘90. Ahora se pagan 75.000 al año.
 
Este deporte se dirige principalmente a quienes se define como “jugadores de alto nivel adquisitivo a los que les gusta viajar por todo el mundo para descubrir nuevos campos de golf”, según el informe realizado por Francisco Aymerich, gestor de campos de golf. Estos turistas generan cuatro veces más ingresos que un turista normal, y el doble que un golfista del Estado español. Según el informe “al golfista le aburre jugar en el mismo campo”.
 
La creación de nuevos campos, con green y recorridos diferentes, es un incentivo que atrae a estos viajeros ricos. Y en esa fiebre de nuevos campos el Estado español ocupa los primeros puestos. Es el primer destino de los golfistas de Europa, que provienen de Alemania, Inglaterra y Noruega, y el segundo destino del mundo, tras EE UU.
 
Pero con la crisis eso se viene abajo. El número de reservas por turistas del golf en la Costa del Sol descendió en 2009 un 37% respecto al año anterior. Mientras, los empresarios del golf se empeñan en justificar el negocio intentando que calen mensajes como que el negocio del golf es “una industria”, “generador de riqueza”, o “motor de desarrollo…”.

Este mensaje ha calado en la Junta de Andalucía, que ha aprobado un decreto que potencia los campos de golf considerados ya un Bien de Interés Turístico.
 
Según el informe Aymerich, sólo en 2006 el golf movió más de 2.673 millones de euros, incluidos, entre otros, los ingresos por el turismo del golf y el negocio por la venta de viviendas. El informe de Francisco Aymerich defiende el golf desde el punto de vista económico, pero pasa por alto el aspecto ambiental.
 
Aymerich Golf, gestora de campos, quebró este año. Su dueño argumenta que “el golf ha estado colgado de la actividad inmobiliaria, ofreciendo un atractivo especial: aumentaba el valor de las casas. Este modelo se ha derrumbado y no se venden ni se van a vender casas a un volumen necesario para hacer nuevos campos de golf”. El 90% de los campos de golf son privados promovidos por inmobiliarias o grandes empresas del turismo, sólo un 9,1% son ‘públicos’, construidos con fondos de la Administración pero gestionados casi todos por empresas privadas.
 

Socializar las pérdidas

Promotoras e inmobiliarias enriquecidas al calor del negocio del golf han empezado a reclamar la intervención de ayuntamientos y Comunidades Autónomas para socializar pérdidas. Si las viviendas no se venden, no se puede mantener el campo de golf, que, como admiten ahora los promotores, son insostenibles. José Pons, de la constructora Medogroup, señala que “el negocio de inventarse un campo de golf, poner cuatro casas y largarse está agotado. El director de la Organización Mundial del Turismo, Francesco Frangialli, ya advertió en 2007 que este tipo de residencias que acompañan a los campos de golf, “son instalaciones que consumen mucho agua, bien que escasea cada vez más por el calentamiento global que lleva a la desertificación de algunas regiones españolas”. En la revista Hosteltour, una de las publicaciones del negocio hotelero, se dice abiertamente que este tipo de “proyectos son insostenibles”.
 
Por su parte, la Real Federación de Golf de España se congratula del aumento de “campos de golf de carácter público y popular que completan poco a poco la cada vez más extensa red de instalaciones de carácter público”, según señalaban en un comunicado de enero de 2010.

Desde que empezó la crisis la federación insiste en que “el golf se ha popularizado y ya no se puede hablar de un deporte elitista”. En esta línea va la política de construcción de campos de golf de Esperanza Aguirre. En la Comunidad de Madrid hay previstos 28 campos de golf más, la mayoría considerados públicos porque se harán en terrenos públicos, incluso en zonas protegidas, pero con gestión privada.
 
 

Rajoy contra las estadísticas oficiales

La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados celebrada el 27 de noviembre 2013, nos ha dejado una frase de Mariano Rajoy para el recuerdo que demuestra claramente el poco respeto que sienten nuestros políticos por los desempleados españoles. En concreto, Rajoy ha afirmado lo siguiente:
“Se prioriza el empleo, y por eso este año no se ha producido destrucción de empleo en España a pesar de la recesión“.
¿Hay algo de cierto en esta afirmación? No, absolutamente nada. Rajoy atribuye al éxito de su reforma laboral que no se haya destruido empleo durante este año. Sin embargo, las estadísticas oficiales le dejan en mal lugar: según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los últimos doce meses se han perdido 497.100 empleos en nuestro país. Además, rizando el rizo, observamos como en lo que va de 2013 se han perdido 133.900 empleos según.

OPACIDAD EN LA UE: Bruselas oculta el salario neto de los comisarios por "dignidad humana"

El sueldo bruto de Barroso supera los 30.500 euros mensuales y el de un vicepresidente del Ejecutivo comunitario los 27.300

La Comisión Europea niega que haya 4.365 eurofuncionarios que cobren más que la cancillera alemana

La Comisión Europea mantiene una política de silencio sobre el salario exacto de los comisarios, a pesar de que se trata de un cargo de responsabilidad política financiado por los ciudadanos. Pese a las reiteradas preguntas de los medios de comunicación, el portavoz comunitario de Relaciones Institucionales y Administración, Antony Gravili, ha vuelto a negarse en la conferencia de prensa diaria en Bruselas a facilitar el salario neto de cualquier comisario o de cualquier categoría de funcionario europeo. Esta vez lo que más ha sorprendido ha sido el argumento utilizado: "por dignidad humana".
 
El Ejecutivo comunitario solo facilita unos datos generales sobre los salarios básicos de los comisarios a fecha de 1 de julio del 2010, sin incluir las sucesivas actualizaciones que se han producido en los últimos años, más los complementos salariales previstos, también sin actualizar. Pero no indica cuáles son los porcentajes precisos de impuestos que se aplican a esos comisarios. La misma regla se aplica para los altos funcionarios o los eurofuncionarios: unas tablas complejas, difíciles de manejar, y sin detalles precisos.
 
El salario bruto del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, a partir de los datos facilitados por la propia institución, asciende como mínimo a más de 30.500 euros mensuales, sin incluir las actualizaciones, ni complementos por hijos. En el caso de un vicepresidente del Ejecutivo comunitario, el salario bruto supera los 27.300 euros mensuales, y en el caso de los comisarios, más de 24.374 euros mensuales.
 
La Comisión Europea, sin facilitar datos precisos, ha afirmado que "no son exactas" las informaciones publicadas en la prensa alemana y holandesa, en las que se afirma que hay 3.000 funcionarios comunitarios que ganan más que el primer ministro holandés, Mark Rutte, y unos 4.365 que tienen un salario más elevado que el de la cancillera alemana, Angela Merkel.
 

viernes, 15 de noviembre de 2013

La ley de Seguridad Ciudadana, "una mordaza para los que protestan"

El anteproyecto de ley que anunció Fernández Díaz en el 

Congreso supone el endurecimiento de una represión contra 

los movimientos ya denunciada por organismos 

internacionales, juristas y partidos políticos

El ministro de Interior Jorge Fernández Díaz anunció este miércoles en el Congreso de los Diputados que ya estaba listo el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que en los próximos días pasará a la Cámara para que sea discutida por los parlamentarios. Viene a sustituir a la anterior legislación, que data de 1992, la denominada Ley Corcuera, en referencia al ministro socialista que la impulsó. Con esta nueva legislación, el Partido Popular pone el punto de mira en la protesta ciudadana contra las políticas de austeridad. Los escraches, manifestarse sin autorización frente al Congreso de los Diputados o la quema de contenedores dejarán de ser considerados como faltas para ser tipificados como infracción, que podrán ser leves, graves o muy graves y que irán acompañadas de un endurecimiento de las sanciones que establece la reforma del Código Penal.
Esto supone una nueva vuelta de tuerca y un blindaje a la acción del Gobierno y la Policía contra los movimientos sociales, una acción que el propio Consejo de Europa ya condenaba recientemente. El pasado mes de octubre el comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, llamó la atención al Gobierno de Rajoy después de constatar que las autoridades recurren a un "uso excesivo de la fuerza" contra las manifestaciones ciudadanas, importantes violaciones de los derechos humanos como la tortura o el racismo institucional siguen siendo practicadas por funcionarios públicos y el Gobierno favorece la impunidad policial indultando a agentes condenados en casos de malos tratos y torturas.
Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida en el Congreso, asegura que el objetivo del PP con esta nueva legislación es "dar naturaleza legal" a las actuaciones de las autoridades que han sido denunciadas por los organismos internacionales. En declaraciones a Público, asegura que, ante todo, "lo que tiene que quedar claro es que por encima de la voluntad de cualquier ministro de dificultar y perseguir la protesta ciudadana está la garantía de los derechos constitucionales", porque "manifestarse es un derecho y no está justificada la represión desmedida sólo porque no esté comunicada a Delegación de Gobierno". De esta forma, Sixto recuerda que los propios tribunales españoles dijeron que los escraches son una manifestación como otra cualquiera y, por lo tanto, no cabe castigarlos como un delito. "El ministro quiere poner una mordaza en la boca de cada español que protesta".
Los activistas de los movimientos sociales vienen denunciado esta situación desde hace tiempo. Hasta el momento, desde que comenzaron las movilizaciones en mayo de 2011 se han puesto 1.136 multas administrativas a manifestantes que habían sido identificados por participar en protestas, 230 sólo entre enero y abril de 2012, según los abogados del movimiento. Además, desde la Asamblea de Vivienda, estiman que sólo en Madrid hay un total de 40.000 euros en multas por escraches. El centro de las críticas ha sido la delegada de Gobierno Cristina Cifuentes. Hasta en cuatro ocasiones, los juzgados han desautorizado las multas que imponía la institución que ella dirige  al considerar que vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia del manifestante.
La comisión de abogados del 15-M ha denunciado en diversas ocasiones que "la práctica de sanciones indiscriminadas contra la ciudadanía que se moviliza obedece a una política de represión de baja intensidad orientada a desincentivar la protesta social". Más multas y menos detenidos ante el juez. Y es que en la inmensa mayoría de los casos los jueces no dan por válidas las acusaciones presentadas por la Policía y los arrestados suelen quedar en libertad sin cargos. De hecho, hasta el pasado verano, ninguno de los 447 detenidos en movilizaciones por los agentes de Policía había sido condenado.
"En los últimos tiempos ha habido un cambio en la forma de represión", explica Ignacio Martín, abogado con experiencia en este tipo de casos, "ahora está más basada en el proceso administrativo, porque han visto que el proceso penal es más garantista y los detenidos siempre quedan absueltos". En este sentido, asegura que "en este momento de paro y precariedad poner muchas multas es más lesivo que una condena de cárcel que nunca se cumple". En cuanto a los efectos que tienen en los activistas detenidos, Martín asegura que las multas generan "miedo a la deuda, una sensación de control del Estado y de indefensión". "El proceso penal asusta más pero el administrativo genera un control más sutil, más basado en el miedo, un control menos espectacular pero más constante" asegura el letrado.
En enero, Amnistía Internacional entregó en el Ministerio de Interior entregar más de 60.000 firmas para pedir al Gobierno que investigue los abusos cometidos en las cargas policiales que se produjeron al final de la manifestación del 25 de septiembre de 2012 en los alrededores del Congreso de los Diputados. En el comunicado, AI también denunciaba que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó pretendía prohibir la difusión de imágenes de agentes de Policía en ejercicio de sus funciones en la próxima Ley de Seguridad Ciudadana. Dado que el texto aún no se ha hecho público, se desconoce si Fernández Díaz ha incluido finalmente este punto, puesto que el miércoles no hizo referencia al respecto.
Sin embargo, para el ministro "el objetivo primordial es garantizar de forma más eficiente la seguridad pública y a su vez proteger mejor a quienes tienen la misión constitucional de velar por el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, Guardia Civil Policía y fuerzas de seguridad". En cuanto a la criminalización de las protestas pacíficas, se justificó aduciendo que "no estaba contemplado, por ejemplo, las manifestaciones no autorizadas o los intentos de acoso a sedes de centros de instituciones como puede ser el Congreso, el Senado el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el CGPJ y determinados actos que puedan realizarse al margen de la ley y que puedan ser una amenaza y que no están tipificados como delitos".
Tal es el empeño del Gobierno que, mientras todas las partidas presupuestarias han ido descendiendo, la destinada a Interior no ha parado de subir. El presupuesto para el Ministerio de Fernández Díaz asciende a 8.028 millones de euros, cifra que supone un incremento del 1,3% respecto a los del presente ejercicio, en un momento en el que el conjunto de las partidas generales del Estado ha experimentado un descenso del 4,7%. Para él, esto es una forma de salvaguarda de la seguridad "en todas sus dimensiones".

Ley Corcuera

La nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana viene a sustituir a la anterior, la conocida como Ley Corcuera, aprobada el 21 de febrero de 1992, y que en su día ya fue criticada duramente por todos los grupos políticos de la oposición, los sindicatos y la sociedad civil. Fue esta legislación la que sentó las bases sobre las que actualmente se basa la actuación de las fuerzas de seguridad. El propio Tribunal Constitucional declaró nulo el apartado segundo del artículo 21, que daba a cada agente la facultad de decidir entrar en una vivienda bajo sospecha de que ahí se estaban produciendo hechos delictivos relacionados con estupefacientes.
En 1992, tanto el líder conservador, José María Aznar, como el de IU, Julio Anguita, se opusieron a la Ley Corcuera. Aunque Aznar luego la aplicó sin cuartel durante su mandato. En 1991 Anguita ya afirmó que la democracia española "está adquiriendo rasgos de régimen autoritario". Esta ley se está actualizando en la actualidad para multar a manifestantes con sanciones de 1.500 euros, como convocantes de una concentración no comunicada.  

Los responsables políticos de la gestión del 'Prestige' once años más tarde


Noviembre de 2002. Las costas gallegas se tiñeron de negro por la catástrofe ecológica provocada por el hundimiento del petrolero ‘Prestige’. Once años más tarde la justicia ha dictado sentencia y no se ha culpabilizado a ningún responsable político. Este triste episodio hizo llorar a muchos españoles e irritó al mismo nivel la gestión del Gobierno.
Eran los últimos años del Ejecutivo de José María Aznar, que había ganado dos años antes las elecciones por mayoría absoluta. El ‘Prestige’ supuso el inicio del declive de la Administración conservadora. La oposición cargó con toda crudeza contra los que ocupaban los ministerios implicados y muchos pensaron que sería el final de su vida política. Pero no, cosas de la vida. Hoy muchos de los rostros del poder relacionados con el escándalo son las personas más poderosas del país, empezando por Mariano Rajoy.
Estos fueron los principales políticos implicados en la gestión del ‘Prestige’ y su situación actual:
JOSE MARÍA AZNAR
El ‘Prestige’ y la guerra de Irak fueron los mayores escándalos a los que tuvo que enfrentarse el expresidente del Gobierno en los últimos años de su mandato. Minimizado al principio el tema y sin dar la cara, Aznar vio como iba creciendo la indignación a borbotones.
Un mes tardó Aznar en visitar Galicia tras el hundimiento y, por ello, pidió disculpas a los ciudadanos. No obstante, solo estuvo unas horas en una torre de control en A Coruña y no llegó a pisar la zona afectada para “no manipular los sentimientos de los gallegos” y “no molestar a los que están limpiando”.
Aznar está de nuevo en las portadas estos días por la presentación de su segundo tomo de memorias, en las que se ventila en una página y media estos trágicos días. “Reconocí en su momento errores iniciales al valorar el impacto político y social del accidente (...) Creo que acertamos en las decisiones fundamentales, entre ellas alejar el barco en vez de intentar remolcarlo hasta el puerto de A Coruña”, relata.
MARIANO RAJOY
El entonces vicepresidente primero del Gobierno fue el encargado de coordinar el equipo de crisis orquestado por Moncloa. El famoso autor de “hilitos de plastilina” es hoy el jefe del Ejecutivo.
Fue el miembro del Gobierno que más se acercó al chapapote y el encargado de acompañar al rey Juan Carlos en su visita a la ‘costa negra’. El futuro presidente declaraba entonces que veía “difícil” que el combustible llegara a las Rías Baixas y manifestaba que no creía que se pudiera hablar de que existiese una marea negra diez días después de la catástrofe.
Una década más tarde es quien manda en La Moncloa y el día que se ha conocido la sentencia no se ha pronunciado, sino que se ha dedicado a aparecer por sorpresa en un acto para apoyar a su polémico ministro José Ignacio Wert.
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS
Era el ministro de Fomento de José María Aznar entonces, tras haber sido su todopoderoso vicepresidente. Álvarez-Cascos se erigía como uno de los grandes símbolos del Gobierno conservador y del PP de la mayoría absoluta. No se imaginaría entonces que rompería con sus compañeros y llegaría a ser durante un breve tiempo presidente de Asturias liderando Foro, su propio partido.
Cascos fue uno de los políticos a los que más costó asumir errores por el ‘Prestige’. En enero de este año tuvo que declar como testigo por esta causa y aseguró que los daños causados por el petrolero fueron “inevitables”.
Este miércoles ha aseverado que si la sentencia sobre el hundimiento del petrolero señala que no hubo “ninguna responsabilidad” del Gobierno, le parece “muy bien”, dado que esta posibilidad “nunca” debió plantearse en el juicio, ni siquiera como hipótesis. Lo que no ha recordado es que el fin de semana del suceso estaba de caza en Lleida.
MIGUEL ARIAS CAÑETE
Todo vuelve, hasta Miguel Arias Cañete. El que era entonces ministro de Agricultura ocupa de nuevo el mismo despacho en la Administración de Rajoy. Siempre ha defendido su gestión: “El Gobierno no tiene la culpa de que un petrolero se parta”.
A pesar de que ha intentado esquivar a la prensa en un primer momento en el Congreso, el titular de Agricultura se ha enfrentado a esta historia nuevamente este miércoles. "Recuerdo aquel episodio. Fue complejo de gestionar. Desde la perspectiva de un ministro de Agricultura la mayor dificultad fue cerrar el caladero muchos meses porque tuvimos que indemnizar a los pescadores por el cese de actividad y luego pedir su colaboración para la limpieza del litoral, donde también hubo una actividad muy intensa de Tragsa y del Ejército, que estuvieron muchos meses limpiándolo", ha declarado.
La sentencia, en su opinión, demuestra que las autoridades lo hicieron “razonablemente bien”. Años después, ha proseguido, el ecosistema marino "se ha recuperado".
JAUME MATAS
Era el ministro ‘verde’ de José María Aznar, el encargado del departamento de Medio Ambiente. El día del suceso estaba en Doñana junto a los responsable de Sanidad (Ana Pastor) y de Interior (Ángel Acebes), según informó entonces la Cadena Ser. Fue el ministro ‘desaparecido’ durante días y uno de los centros de la crítica política.
Desde el sillón de Medio Ambiente saltó a la conquista del Gobierno balear. Allí comenzó una época de gloria y muchos excesos, que han desembocado en decenas de causas judiciales. Matas habrá leído la noticia de la sentencia del ‘Prestigio’ con menos atención seguro que la de la Audiencia de Palma que exige que cumpla los nueve meses de prisión a los que fue condenado por tráfico de influencias en el caso Palma Arena.
ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA
Entre los años 2000 y 2004 fue el delegado del Gobierno en Galicia, uno de los cargos clave durante la crisis ecológicaFernández de Mesa también tuvo que declarar como testigo en el juicio por el ‘Prestige’ este mes de enero. Su versión: que carecía de "autoritas" y "potestas" porque las competencias correspondían "a la autoridad marítima española".
Durante los primeros días ejerció como portavoz del Gobierno ante la situación hasta que fue sustituido por el propio Rajoy. Asimismo, en su declaración insistió en que “no dio órdenes absolutamente a nadie” y que un "un profano en la materia" como él "nada tenía que aportar ni que decir". Hoy sí vuelve a dar órdenes. Es el director general de la Guardia Civil.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La mayoría de los católicos no quiere privilegios para la Iglesia

El 55% de los practicantes rechaza un trato preferencial sobre las demás religiones.

Se impone la aceptación de las familias gais.


Más de la mitad de los católicos que se declaran practicantes creen que España debe terminar con el trato preferente a la Iglesia católica. Según los datos de una encuesta elaborada por Metroscopia para EL PAÍS, este porcentaje se dispara hasta el 72% entre los poco practicantes y llega hasta el 77% entre los que nunca acuden a misa. Estos dos grupos son los mayoritarios entre los fieles, ya que mientras 7 de cada 10 españoles se definen como católicos, solo un 17% dicen visitar con regularidad algún templo.
El 84% de quienes acuden a misa están a favor de que se permita el divorcio
El sondeo de Metroscopia coindice con el anuncio de una iniciativa inédita. A principios de mes se conocía que el Papa Francisco busca,a través de una macroencuesta mundial, conocer la opinión de los fieles sobre algunas de las materias tradicionalmente más peliagudas en la doctrina vaticana: natalidad, divorcio y homosexualidad. Desde que el argentino Jorge Mario Bergoglio fuese elegido Papa —un pontífice que ha dejado la puerta abierta en varias ocasiones al cambio— ha aumentado el número de españoles partidarios de una reforma en la doctrina de la Iglesia católica.
Un 76% de españoles quieren retirar a la Iglesia el estatus preferencial que le otorgan los acuerdos de España con la Santa Sedeun 3% más que hace ocho meses, cuando Metroscopia sondeó a la población sobre el primer mes de pontificado de Francisco—. Acuerdos que, pese a la declarada aconfesionalidad constitucional del Estado, ponen a la religión católica en una situación de ventaja respecto al resto de fes. Entre otras prebendas, la Iglesia está exenta del pago del impuesto sobre bienes inmuebles y del de Sucesiones, el Estado sufraga el sueldo de más de 3.000 profesores de la asignatura de Religión y la enseñanza católica tiene un trato preferencial en los colegios públicos.


Fuente: Metroscopia / EL PAÍS
Los resultados de la encuesta, realizada a principios de noviembre, reflejan una aceptación mayoritaria de la ampliación del concepto de familia. El 51% de los católicos practicantes creen que esta “no tiene por qué referirse exclusivamente a la constituida por un hombre y una mujer”. Ocho de cada 10 católicos poco o nada practicantes secundan esa afirmación. Y pese a los recelos de la Conferencia Episcopal Española, que ha mostrado su oposición continua a que las parejas homosexuales adopten niños, el 55% de los católicos practicantes creen que la Iglesia debe reformarse para aceptar que una pareja del mismo sexo “está tan capacitada para criar a un niño como una pareja compuesta por personas de diferente sexo”. Entre aquellos que se definen como poco practicantes, el porcentaje de aceptación de esta tesis —79%— es incluso un punto superior al global de la población.
La aceptación del divorcio entre los católicos españoles es abrumadora. El 84% de los practicantes y más del 90% de los pocos o nada devotos está a favor. “El divorcio es algo común hoy día también para los católicos. Yo misma estoy separada y soy una feligresa habitual”, reconoce a las puertas del Oratorio de Caballero de Gracia de Madrid, regido por el Opus Dei, una funcionaria que ha aprovechado su descanso matinal para acudir al templo.
El 58% de los no practicantes están de acuerdo con la ley del aborto actual
Pese a la opinión mayoritaria de los católicos —como muestra la encuesta de Metroscopia— y la intención del papa Francisco de escuchar la voz de los fieles, los guardianes vaticanos de la fe han salido raudos a frenar la hipotética apertura a las nuevas familias. El arzobispo alemán Gerhard Ludwig Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (el antiguo Santo Oficio) ha mostrado su rechazo a que los casados en segundas nupcias puedan comulgar. “El divorcio no es coherente con la voluntad de Dios”, declaró recientemente.
En España, aún más unánime que la aceptación del divorcio es la normalización del uso de anticonceptivos. Algo que apoyan el 88% de los católicos practicantes y el 95% de aquellos menos asiduos a las homilías. “Los que tenemos hijos jóvenes sabemos que la realidad es la que es... Y la Iglesia debe estar abierta para entender estas situaciones”, apuntaba el viernes Rosa García, de 52 años, tras escuchar la misa de 10.00 en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Madrid. 
Las preguntas lanzadas mundialmente por Francisco a sus fieles también van encaminadas a conocer qué atención pastoral sería posible ofrecer a las parejas del mismo sexo y a sus hijos. En España ha aumentado cinco puntos en un año —del 75% al 80%— el porcentaje de quienes, católicos o no, piensan que lo “realmente importante” para un niño es poder crecer en un ambiente de cariño y protección con independencia de que este se dé en una familia gay, heterosexual o monoparental. Y aunque los católicos practicantes siguen estando mayoritariamente de acuerdo con esta premisa —el 55% así lo manifiesta—, hay una brecha importante entre estos fieles y los poco o nada practicantes, donde el nivel de aceptación rebasa el 80%.
Los fieles apoyan mayoritariamente el uso de anticonceptivos
Sin embargo, cuando se menciona explícitamente la adopción y se pregunta si lo más importante en ella es fijar qué es lo mejor para el menor sin que influya la orientación sexual de los adoptantes, los porcentajes de aceptación son —salvo para los católicos practicantes que sube dos puntos— algo más bajos que si solo se hace referencia a la crianza del niño sin incluir la palabra “adopción”. Aun así, tres de cada cuatro españoles y más del 75% de los católicos poco o nada practicantes coinciden en que para determinar qué es lo mejor para el bienestar del niño es irrelevante la orientación sexual de sus padres.
Por sesgo político, cuatro de cada 10 votantes del Partido Popular (PP) rechazan obviar la orientación sexual de los adoptantes y el 53% niega que lo “realmente importante” sea que el niño crezca en un buen ambiente familiar con independencia de por quién esté formado este.
En espera de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presente la reforma de la ley del aborto, pospuesta varias veces, algo más de la mitad de los españoles —el 53%, según Metroscopia—, se muestra partidario de mantener una ley de plazos como la actual, que permite la interrupción del embarazo sin alegar ninguna razón hasta la semana 14 de gestación. El respaldo a la norma —similar a la del entorno europeo— ha subido siete puntos desde abril.
La creencia de que hay que investigar la pederastia en la Iglesia es unánime
Un 7% de la población cree que el aborto no debería ser legal en ningún caso, y un 37% apuesta por una norma de supuestos como la que rigió en España desde principios de los ochenta hasta 2010; una época en la que el aborto estaba despenalizado solo en tres supuestos: violación, anomalía fetal o riesgo para la salud física o psíquica de la mujer.
Entre los católicos, el 58% de los no practicantes abogan por una ley de plazos; un porcentaje cinco puntos superior a la opinión global de los entrevistados. La opción preferida para el 53% de los católicos practicantes habituales y para el 49% de los poco practicantes es, sin embargo, la de una ley de supuestos.
El 55% de los votantes del PP y el 26% de los socialistas apuestan también por esa opción. Uno de cada 10 votantes populares y el 4% de los fieles al PSOE creen que el aborto debe ser considerado delito.
Acabar con la discriminación de la mujer en el gobierno de la Iglesia suscita el apoyo de 9 de cada 10 ciudadanos, aunque el porcentaje baja hasta el 75% entre los católicos practicantes. Mientras, la necesidad de abordar una investigación a fondo de los casos de pederastia pone de acuerdo a la práctica totalidad de los españoles, ya sean o no católicos.
FE DE ERRORES
En una versión anterior de este artículo se decía que la Iglesia católica está exenta de pagar el IVA cuando desde 2007 ya está obligada a asumirlo.

La sentencia del Prestige es una burla a la sociedad



Ecologistas en Acción rechaza el resultado de la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el Prestige y la considera decepcionante porque no sólo no ha determinado responsabilidades respecto de otros responsables políticos del Gobierno o de la cadena de propietarios y gestores del buque, sino que ha absuelto a los que estaban acusados en el proceso. La única condena ha sido de 9 meses para el capitán Apostolos Mangouras pero por un delito de desobediencia respecto de las autoridades españolas.
A pesar de que la sentencia reconoce el deficiente y precario estado del petrolero y que el control de la inspección realizada tiempo atrás por la empresa ABS no fue adecuado, los jueces no encuentran responsabilidades en ese ámbito. Ecologistas en Acción entiende que si el estado del buque es notoriamente deficiente y se produce un accidente que ocasiona un grave vertido la responsabilidad debe atribuirse a quienes tuvieron la capacidad de tomar decisiones sobre la navegabilidad del barco, que no son otros que las empresas propietarias y el capitán.
Los responsables de su estado son los que han podido adoptar medidas para el cumplimiento de las medidas de seguridad que les hubieran podido imponer en las revisiones efectuadas, en la inversión en medidas de mantenimiento y mejora de la estructura y casco del buque, o en las propias revisiones realizadas, es decir, el armador, el fletador, el propietario o la compañía de inspección. El que la apertura del boquete se produjera por el temporal, por una ola gigante o por el colapso de un tabique de la estructura o por todos los factores a la vez, no es tan determinante como el estado previo del barco.
Más sorprendente es la absolución de quien aparece en el proceso como el único responsable administrativo del alejamiento del petrolero accidentado: el Director General de la Marina Mercante. Para Ecologistas en Acción, no es de recibo considerar, como hace la sentencia, que acercar el barco a la costa hubiera traído más problemas que el alejamiento. En aquellas fechas ya existían protocolos y había experiencia sobre que un posible derrame en un puerto supone un impacto económico y ecológico menor que en mar abierto, donde se dispersa y reparte la contaminación, como se comprobó después, por cientos de kilómetros de costa. No se puede afirmar que las autoridades españolas tuvieran en ese momento el asesoramiento adecuado.
Para Ecologistas en Acción, la mayor catástrofe ambiental del Estado español y una de las mayores de Europa, con impactos ambientales y por supuesto también sociales y económicos, se salda por la justicia española con una sentencia vacía que nos llena de indignación.
El proceso judicial ya nacía viciado desde el principio para Ecologistas en Acción dado que no todas las personas que participaron en la toma de decisiones sobre la catástrofe, como Mariano Rajoy, Miguel Arias Cañete, Jaume Matas o Francisco Álvarez Cascos, estaban sentados en el banquillo.
Una vez más se demuestra que la justicia es incapaz de juzgar grandes catástrofes ambientales, que quedan impunes, como el caso de Boliden con las minas de Aználcollar y ahora el hundimiento del Prestige.

HEMEROTECA: lo que decía el PP sobre el Prestige

Varios políticos del Partido Popular, muchos de los que hoy ostentan cargos de Gobierno, dejaron un sinfín de declaraciones polémicas sobre la catástrofe ocurrida en Galicia en el año 2002

"Afortunadamente, la rápida intervención de las autoridades españolas alejando el barco de las costas, hace que no temamos una catástrofe ecológica, como ha sucedido en otras ocasiones, ni prevemos grandes problemas en las aguas españolas ni para los recursos pesqueros" (16/11/2002).
"El vertido afecta a una extensión muy importante, pero no es una marea negra" (26/11/2002).
Miguel Arias Cañete, actual ministro de Medio Ambiente -entonces ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación-.
-----------
"Pensamos en bombardear el Prestige para hundirlo o hacer arder el fuel" (20/11/2002).
"Una primera impresión de la situación, después de haber sobrevolado la zona, es bastante positiva, ya que puedo decir que no hay playas manchadas de chapapote. Esto dice mucho del buen trabajo que se ha estado haciendo y empieza a crear una esperanza para el futuro. Las playas estaban limpias y esplendorosas, la visión era magnífica. A Galicia le quedan algunas semanas de limpieza en algunas zonas, pero en las rías no ha entrado chapapote. El marisco allí está extraordinario. No es el Apocalipsis que se nos ha descrito estos días" (24/12/2002).
Federico Trillo, actual embajador en Londres -entonces ministro de Defensa-.
-----------
"La marea no va a llegar a las Rías Baixas" (21/11/2002).
"Afecta a una parte importante de A Coruña, pero no es una marea negra" (23/11/2002).
"A una profundidad de tres mil metros y a dos grados de temperatura, el fuel estaría en estado sólido, por lo que en principio el combustible no se vertirá" (24/11/2002).
"El fuel no debe llegar a la costa pero se han tomado todas las medidas posibles" (28/11/2002).
"En estos momentos, la estructura se encuentra deformada; hay planchas dobladas hacia adentro; se piensa que el fuel está aún enfriándose; salen unos pequeños hilillos, los que se han visto; hay en concreto cuatro regueros que se han solidificado con aspectos de plastilina en estiramiento vertical; debe salir de alguna de las grietas; están los técnicos estudiando que significa eso" (05/12/2002).
"Hay un fluido en la zona de proa que es difícil de cuantificar" (06/12/2002).
"En total, el Prestige pierde unas 125 toneladas al día por sus catorce grietas" (09/12/2002).
Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno -entonces vicepresidente con José María Aznar-.
-----------
"En la catástrofe del Prestige solo hay un culpable: el barco" (12/12/2002).
Ana Botella, hoy alcaldesa de Madrid.
-----------
"Probablemente el fuel no toque la costa gallega" (14/11/2002).
"El destino del fuel en el fondo del mar es convertirse en adoquín" (19/11/2002).
"Hay una cifra clara y es que la cantidad de fuel que se ha vertido no se sabe" (21/11/2002).
Arsenio Fernández de Mesa, actual director general de la Guardia Civil -entonces delegado del Gobierno en Galicia-.
-----------
"Cuando el tiempo pase vamos a tener una visión más equilibrada. En lo esencial, las cosas no se han hecho mal" (14/12/2002).
Pilar del Castillo, actual eurodiputada del Partido Popular -entonces ministra de Educación, Cultura y Deporte-.
-----------
"En el País Vasco estamos padeciendo las consecuencias de grupos como Nunca Máis. Lo que estamos padeciendo es la batasunización de la sociedad por parte de ETA. Su estrategia siempre ha sido crear estructuras sociales que, sin llamarse ETA, estaban al servicio de ETA" (12/02/2003).
Jaime Mayor Oreja, actual eurodiputado del Partido Popular, entonces diputado en el Parlamento vasco.

Archivo del blog

MIS OTROS BLOGS

Blogs y Publicaciones que sigo