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jueves, 10 de octubre de 2013

¿Mayoría silenciosa o mayoría silenciada?



El termómetro de las encuestas, que entre elecciones constituyen el instrumento más adecuado para saber “dónde están” los ciudadanos (más allá de que se manifiesten o no en la calle), “marca” una mayoría cada vez más silenciada. Una mayoría que, desde hace tiempo, demanda un cambio político y social.


Hace un año Mariano Rajoy elogiaba en Nueva York a la mayoría de españoles que no se manifiestan, que no salen en las portadas de la prensa y que no abren los telediarios. No se les ve, pero están ahí, son la mayoría de los 47 millones de personas que viven en España. Esa inmensa mayoría está trabajando, el que puede, dando lo mejor de sí para lograr ese objetivo nacional que nos compete a todos, que es salir de esta crisis”En ese momento el foco de atención estaba puesto, fuera de nuestras fronteras, en las movilizaciones sociales en España y Rajoy no dudó en recurrir al término, acuñado en 1969 por el presidente norteamericano Richard Nixon a propósito de la guerra de Vietnam, de la mayoría silenciosa.

Un término al que desde entonces, tanto Rajoy como los miembros de su gobierno y de su partido, han venido apelando de forma recurrente, para minimizar y deslegitimar toda forma de protesta social que consideren contraria a sus intereses. Recientemente, la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedalvolvía a hablar de mayorías silenciosas para restar importancia a la masiva movilización de la última diada catalana y a las multitudinarias protestas que han tenido lugar en Baleares contra la política educativa y lingüística del gobierno popular de José Ramón Bauzá.




La contestación social, ya fuese orquestada por los partidos de la oposición o al margen de éstos, ha sido una de las principales preocupaciones del Partido Popular desde su llegada al Gobierno. Y, especialmente, los populares han intentado evitar que las diferentes “mareas” (profesionales sanitarios, sector educativo, funcionarios, desahuciados, etcétera) converjan en un gran “tsunami social” (como pretendía serlo el 15-M cuando irrumpió en la escena política en mayo de 2011). De esta forma, el Partido Popular ha combatido la calle desde todos los frentes posibles: desde el judicial, intentando criminalizar las protestas y restringir el derecho de manifestación; desde el mediático, tratando de ocultarlas; desde el policial, intentando disuadir a los ciudadanos de participar en las movilizaciones; y desde el frente político, intentado radicalizar la imagen de los manifestantes.
Y lo cierto es que, pese al elevado grado de malestar que hay en la sociedad,  el  “tsunami social” no se ha producido (o, al menos, no de momento). Si bien el número de movilizaciones sociales ha crecido entre 2012 y 2013 (en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la información publicada en un diario digital que alude a la Delegación del Gobierno como fuente, han tenido lugar, entre enero y septiembre de 2013, un total de 3.337 manifestaciones, frente a las 2.125 llevadas a cabo en el mismo período en 2012), éstas, en general, son menos multitudinarias. Algo que no sólo se explica por la estrategia seguida por el gobierno de Rajoy. El hecho de que el principal partido de la oposición, el PSOE, no lidere las protestas, contribuye a su fragmentación. Asimismo, la necesidad de mantener una movilización social prolongada en el tiempo, sin que aparentemente se produzcan resultados a corto plazo, actúa como un elemento desincentivador, produciendo cansancio en los manifestantes y división de intereses en los grupos que la promueven y organizan. Por otra parte, cuando el debate territorial, con el desafío catalán como catalizador, ha pasado al primer plano de la actualidad, la movilización de índole socioeconómica -que es la que podría derivar en un tsunami aunando el descontento de los diferentes grupos sociales-, se ha difuminado.    


Así, en cierta medida, y con independencia del uso partidista que hace el PP identificando a los que no se manifiestan con los que apoyan al gobierno, el termómetro de la calle muestra, a nivel nacional, una mayoría más silenciosa. Si bien el termómetro que representan las encuestas, y que entre elecciones constituyen el instrumento más adecuado para saber “dónde están” los ciudadanos (más allá de que se manifiesten o no en la calle), “marca” una mayoría cada vez más silenciada. La mayoría silenciosa a la que a los populares tanto les gusta referirse es en realidad una mayoría silenciada. Una mayoría que, desde hace tiempo, demanda un cambio político y social.
Desde hace más de un año, los barómetros del CIS muestran que la principal opción de los ciudadanos, en el caso de que se celebraran elecciones generales, es la abstención. Algo que, por otra parte y siguiendo la serie de datos del CIS que arranca en enero de 1996, no tiene precedentes.
De acuerdo, con el último sondeo de Metroscopia para El País(6 de octubre), si ahora se celebraran elecciones generales, se estima que casi el 40% de los ciudadanos no acudiría a las urnas. Aun en diferentes magnitudes, todas las encuestas apuntan a que los dos grandes partidos, sobre los que está asentado el actual sistema político, llevan más de un año hundidos electoralmente.  El PSOE porque no consigue despegar del suelo en el que se encuentra desde las últimas elecciones generales y el PP porque, tras conseguir, hace menos de dos años, su mejor registro electoral, ha visto reducido sus apoyos en más de 10 puntos porcentuales. El descontento político también se deja traslucir en una opinión pública que, desde hace tiempo, se muestra mayoritariamente insatisfecha con el funcionamiento de la democracia y la labor realizada por las principales instituciones políticas.
Pero quizás el ámbito en el que la ciudadanía es cada vez más silenciada es en el social. El 76% de los ciudadanos considera, según los resultados de una reciente encuesta realizada por Metroscopia para Intermón Oxfam, que con las actuales medidas tomadas para combatir la crisis sólo se conseguirá una sociedad más desigual y pobre. El desmantelamiento del Estado de bienestar en España se está produciendo con una opinión pública que, mayoritariamente, es partidaria de un modelo social equitativo en el que el Estado juegue un papel activo en la provisión del bienestar de todos los ciudadanos.
La panorámica demoscópica y las tendencias que reflejan los sondeos se corresponden con la proliferación de iniciativas políticas (como Foro+Democracia) que, desde la sociedad civil, tratan de abrirse paso ante las silenciadas demandas de cambio. Por el momento, la mayoría absoluta que tiene el PP en el Congreso, así como el estado de “stand by” en el que se encuentra el PSOE, están impidiendo que muchas de esas iniciativas centren el debate político. ¿Por qué no crear una comisión parlamentaria para estudiar las reformas del sistema político que propugnan diferentes grupos sociales?; ¿O para estudiar, ante la voz de alarma de los expertos, el impacto que están teniendo los recortes en el Estado de bienestar en el aumento de la pobreza y la desigualdad social?
Fuera de España puede llamar la atención la aparente calma de la sociedad española en un contexto marcado por un intenso proceso de devaluación interna y un elevado descontento político. Pero la clave no está hoy en las expresiones de malestar en la calle, sino en las encuestas. Y ese malestar es profundo y, sobre todo, de consecuencias imprevisibles (sin que se pueda descartar que, a medio y largo plazo, la política española acabe “berlusconizándose”).


Por que los cambios no se producen solos. Hay que empujarlos, y para eso hacen falta muchas manos y muchas cabezas. 

Hacemos falta todos los que creemos que se puede vivir de otra manera, sin corruptos, sin corruptores, con justicia social, con oportunidades para tod@s, son libertades plenas, con posibilidad de decidir cómo queremos gobernarnos. 

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