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domingo, 30 de junio de 2013

España da vergüenza

Da vergüenza un país en donde justo cuando el gobierno se embarca en vender la que llama Marca España, como si fuera una simple mercancía (no puede ser casualidad), los medios de comunicación desvelan una escandalosa trama de corrupción en la que están envueltos la mayoría de sus dirigentes, personajes corruptos que han hecho del servicio público la fuente de su lucro personal a base de concederse sobresueldos con el dinero de todos los españoles o con el de las empresas a las que han hecho favores allí donde gobiernan.
Da vergüenza un país en donde nada más y nada menos que el responsable durante años de las finanzas del Partido Popular que nos gobierna acaba de entrar en la cárcel porque sus fechorías son ya indisumulables y que los dirigentes de su partido, justo a los que ha estado financiando generosamente durante años, no tengan nada que decir y se hagan los locos.
Da vergüenza un país en donde su primera autoridad, Don Juan Carlos de Borbón, es también el primero en dar mal ejemplo a sus conciudadanos. Da vergüenza un país en donde no hay manera de conocer de dónde viene la fortuna que el Monarca ha amasado mientras representaba al Estado. Y da vergüenza contemplar cómo mueve Roma con Santiago para evitar que su hija haga frente a responsabilidades por las actividades en las que es materialmente impensable que no haya estado implicada o incluso que él no supiera que se  llevaban a cabo.
Da vergüenza un país en donde tantos jueces y fiscales se ponen en marcha, no para administrar justicia, sino para evitar que su peso caiga sobre los delincuentes de almidón, empezando como digo por los miembros de la Casa Real y terminando por banqueros, dirigentes políticos u otros magistrados que entre ellos se protegen abiertamente.
Da vergüenza un país en donde los partidos mayoritarios se ponen de acuerdo para tapar  a quienes han robado y destruido el patrimonio de millones de españoles. Da vergüenza que impidan que se investiga lo que ha pasado y que no haya banqueros juzgados y en la cárcel por las estafas que han orquestado en los últimos años y con las que han ganado miles de millones de euros, o políticos por las privatizaciones a favor de amigos que llevaron a cabo.
Da vergüenza un país en donde los partidos mayoritarios engañan sistemáticamente a sus votantes cuando llegan al gobierno, olvidándose de sus programas electorales, sin que pase nada.
Da vergüenza un país en el que los gobernantes y líderes políticos mayoritarios pueden traicionar al pueblo y a la Nación entregándola a intereses extranjeros o a los de grupos  minoritarios, sin someter sus decisiones a la voluntad popular. Da vergüenza un país gobernado por mentirosos y traidores que cambien la Constitución sin consultar al pueblo al que llaman soberano o que promulgan leyes electorales para impedir que todos los intereses sociales estén fielmente representados en las instituciones.
Da vergüenza un país en donde hay cientos de diputados que aceptan y votan cualquier cosa que les digan sus jefes de filas, que mantienen silencio y su culo pegado al sillón sin rechistar sea cual sea la decisión que les impongan.
Da vergüenza un país que consiente que los parlamentarios roben a los ciudadanos cobrando dietas por desplazarse o vivir en Madrid cuando residen siempre allí y allí es donde tienen sus viviendas habituales.
Da vergüenza un país donde los líderes de los partidos han pedido a los bancos créditos millonarios que no devuelven, haciendo que los paguen todos los españoles.
Da vergüenza un país en donde tantos munícipios que deben velar por el interés público y que cobran por ello jugosos sueldos han puesto en bandeja a los promotores los negocios millonarios de los últimos años, haciéndose ricos o financiando a sus partidos a base de cobrarles comisiones.
Da vergüenza un país en donde los políticos manipulan tan descaradamente los medios de comunicación o que reparten las licencias con arbitrariedad y sectarismo para favorecer a sus afines. Da vergüenza un país en donde la mayoría de los periodistas calla para obedecer a sus amos, o que se limita a reproducir la letanía de mentiras con las que justifican todo lo que está pasando. Y da vergüenza que la gente no proteste día a día cuando comprueba que las voces disidentes apenas si tienen presencia en los medios de comunicación para explicar lo que nos pasa de otro modo.
Da vergüenza un país en donde las más altas instituciones o tribunales del Estado, que se supone que deberían ser neutrales y controlar a los demás poderes, se componen por cuotas de partido, de modo que sus decisiones se toman con disciplina casi militar y en función exclusiva de los intereses de quienes nombran a sus miembros. Da vergüenza un Tribunal Constitucional en donde el voto de sus magistrados se sabe de antemano porque son conmilitones que votan las sentencias como por encargo. Y da vergüenza que el gobierno, con la excusa de la crisis, desmantele poco a poco los órganos de vigilancia y control de su actuación administrativa.
Da vergüenza un país en donde solo se sabe recurrir a mentiras, que se difunden gracias al enorme poder mediático de los grupos financieros y a la democracia tan imperfecta que tenemos, para justificar los recortes en las pensiones, la educación o la sanidad públicas. Da vergüenza un país en donde su universidad no estalla para denunciar lo que pasa y las mentiras y estafas que se vienen produciendo, y en donde la mayoría de sus intelectuales se acobardan o acomodan y se achantan.
Da vergüenza un país en donde el gobierno que está obligado a ser neutral frente a las confesiones religiosas se alía con la jerarquía de extrema derecha de una de ellas, imponiendo a la ciudadanía su adoctrinamiento y dándole financiación privilegiada. Y da vergüenza que sean tan escasos los fieles que rechazan ese trato, tan contrario a los valores que su Iglesia dice transmitir a la sociedad.
Da vergüenza un país en donde los políticos pueden mentir, incumplir sus promesas o decir hoy una cosa y mañana la contraria sin que tengan que dar cuenta alguna por ello.
Da vergüenza un país en donde un partido llamado socialista es pieza fundamental del dominio de los grandes poderes financieros, a los que tan directamente sirve cuando gobierna. Y dan vergüenza sus militantes honrados que, a pesar de serlo, callan y no se levantan contra sus dirigentes vendidos.
Da vergüenza un país en donde la afiliaciòn a los sindicatos es tan baja, haciendo que éstos tengan que luchar muy solos, pero da vergüenza también que tantas veces sucumban a intereses corporativos y de que sean esclavos de la financiación que reciben, o incapaces de combatir a sus dirigentes corruptos. Y da vergüenza también la patronal ideologizada, en donde han llegado a apoltronarse auténticos delincuentes, que defiende políticas que son una máquina de destruir empresas y empleos.
Da vergüenza un país en donde las fuerzas opuestas a la agresión política y a los recortes sociales que se están viviendo no logran ponerse de acuerdo porque se dedican a atacarse a veces sin piedad entre ellas, incapaces de entenderse y reconocerse diversas pero aliadas. Da vergüenza que los dirigentes de Iquierda Unida, como partido principal a la izquierda del PSOE, no hayan comparecido todavía con los demás movimientos y organizaciones para anunciar que se unen y que promueven candidaturas unitarias y abiertas a todos los sectores y sensibilidades sociales, y da vergüenza que, en lugar de eso, la mayoría de ellos se limiten a pedir que los demás se sumen a sus filas.
Da vergüenza un país en donde en medio de una agresión tan impresionante contra los derechos ciudadanos, la izquierda que se dice más transformadora y solidaria de algunas nacionalidades promueva como horizonte el independentismo, desentendiéndose de los trabajadores y pueblos del resto del Estado y prefiriendo unir sus destinos a las oligarquías locales que agreden al suyo.
Da vergüenza un país en donde la mayoría de la gente no ve a su patria más que en la camisa de una selección de fútbol y que solo la ve en peligro cuando pierde en los campos de juego, y no cuando se atacan su democracia o los derechos sociales de sus ciudadanos; que grita y se enrabia solo cuando se cuelan goles o cuando se falla un penalti pero que calla cuando le quitan servicios públicos esenciales, y que no sale en masa a la calle para denunciar y pedir que se enjuicie a los ladrones de dinero público que ocupan las instituciones.
Da vergüenza esta España corrupta y rota, de oligarcas y mercenarios que todavía huele demasiado a dictadura, y da vergüenza que la mayoría de la gente honrada no sea capaz todavía de levantarse y unirse, de reaccionar con inteligencia y valentía ante lo que está pasando para darle la vuelta y un buen limpiado.

viernes, 28 de junio de 2013

De su imputación en el 'Gürtel' al escándalo de los sobresueldos: cronología del 'caso Bárcenas'


(desde el 25 de Febrero de 2009 hasta el 27 de Junio de 2013)

jueves, 27 de junio de 2013

La Policía certifica que los ‘papeles Bárcenas’ reflejan la contabilidad real del PP!

¿Y ahora? El Fiscal General imputará a todos los peperos que han estado meses diciendo que eran falsos? Lo dudo mucho, eso sería una democracia!




El Partido Popular habría recibido numerosos donativos de las empresas a las que adjudicaba obras públicas.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que se asegura que los denominados papeles de Bárcenas se corresponden con la financiación del Partido Popular.

Un sistema manual de contabilidad
En concreto, la Policía esgrime en el informe que los papeles que en su día publicó el diario El País “recogen un estado de flujos financieros en efectivo a modo de sistema de contabilización manual durante un periodo de tiempo que se nutre básicamente con aportaciones vinculadas a empresas privadas” que habrían “recibido contratos públicos de Administraciones gobernadas por el Partido Popular”.

Sobresueldos y gastos de campaña
La UDEF también da por hecho que las salidas contables en los papeles de Bárcenas “tienen como destino básicamente personas del ámbito de la formación política, abonos en la cuenta de donativos anónimos (hasta el año 2007) y de donativos nominativos (en el año 2008), así como otros conceptos como campaña, o pagos impuestos y gasto de gestión de sociedades”.


Fraccionando las donaciones
Más adelante, la Policía constata que existe “una correlación directa entre catorce anotaciones de salidas de fondos del estado contable hacía las cuentas de donativos anónimos en Banesto y los ingresos en efectivo registrados en la misma”. Por todo ello, los agentes consideran que en el Partido Popular “existe una persistencia en el empleo de un sistema de fraccionamiento de las cantidades a ingresar en el banco incluso a pesar de que la cuantía no supere el límite de 60.000 euros establecidos por la legislación”.

La estrategia del PP
Según este informe, el Partido Popular actuaría de esta forma con el objetivo de “no aflorar al exterior el origen real de los fondos que allegan a la cuenta diluyéndolos en aportaciones anónimas que imposibilitan una verificación del cumplimiento de los límites de aportación”

miércoles, 26 de junio de 2013

Crímenes económicos contra la humanidad

Crímenes económicos contra la humanidad - Juan Torres López - Diario digital Nueva Tribuna

La mala educación de Wert

Es toda una revolución ideológica la que el ministro Wert ha emprendido. Todas las decisiones del Gobierno en materia educativa caminan en una misma dirección: una enseñanza pública deteriorada a base de recortes, convertida en una fábrica de mano de obra; y un sector privado en auge, consagrado a la formación de los ricos. La educación como instrumento de perpetuación de las clases. 
Texto: Juan Luis Gallego.
En octubre de 2010, el Gobierno de la Comunidad de Madrid gastó 1,8 millones de euros en la campaña “Respetemos y apoyemos a nuestros profesores” para frenar, dijo entonces la consejera de Educación, Lucía Figar, la “creciente indisciplina” en las aulas, que obliga a los docentes a “emplear entre el 30 y el 50% de su tiempo de clase en poner orden, en mandar callar”. Un año después, el curso comenzó en esa Comunidad con unos 3.000 profesores interinos menos en el sector público; con los titulares obligados a impartir dos horas lectivas más a la semana (de 18 a 20) y con la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, encabezando un maquiavélico ataque contra el colectivo por su rechazo a los recortes: “20 horas son, en general, menos de lo que trabaja el resto de los madrileños”, llegó a decir con tanta demagogia que se vio obligada a rectificar.
Convertida una vez más en avanzadilla de las políticas neoliberales del PP, Madrid comenzaba a dibujar entonces el futuro de la enseñanza pública en España. El curso 2012-2013 ha transcurrido en todo el país con unos 50.000 profesores menos (los ‘sobrantes’ tras obligar a los docentes a aumentar sus horas de clase detrayéndolas de otras tareas); con aulas abarrotadas (tras subir el máximo a hasta 36 alumnos en la secundaria); sin ayudas a la escolarización de 0 a 3 años (tras la eliminación de los 100 millones de euros que, desde 2008, el Plan Educa 3 invertía anualmente en la creación de plazas); y con bajas de profesores sin cubrir (hasta que cumplan dos semanas).
Además, el precio de las matrículas universitarias se ha disparado (un 16% de media en las distintas Comunidades, con picos de hasta el 50%); las condiciones para acceder a becas se han endurecido (a base de aumentar la nota media o el porcentaje de asignaturas aprobadas en el año anterior) y el material escolar es de repente un 17% más caro (tras la subida del IVA del 4 al 21% en todos los productos, salvo en libros de texto, mapas, partituras y álbumes).
En ese contexto, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, el mismo que a pesar de la supuesta soberbia y altivez que sus interlocutores le reprochan se ha avenido a gestionar una rebaja del 21,2% en su presupuesto –unos 900 millones- frente al 16,9 de media de los otros departamentos e incluso a ofrecer luego un recorte adicional de otros 3.000 millones, impone una reforma de la Ley Educativa que plaga de reválidas ya desde el inicio el camino de los escolares; relega y desprecia la enseñanza de las Artes y las Humanidades y adelanta hasta los 14 años el momento de segregar a los alumnos entre los que valen y los que no valen, entre los que pueden seguir estudiando y los que deben ponerse a aprender cuanto antes un oficio.
LA IGUALDAD, EN PELIGRO
Esta es la situación, los datos objetivos que dibujan la realidad. El Gobierno afirma, por un lado, que los recortes no irán en detrimento de la calidad de la enseñanza pública; y, por otro, que la ley educativa es la herramienta adecuada para reducir el abandono escolar, dar una salida al 26% de alumnos que no acaba la segunda etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, sobre todo, “mejorar su empleabilidad”, es decir, prepararlos para el mercado de trabajo. La comunidad educativa, sin embargo, vive convulsionada, volcada mayoritariamente, sobre todo en el sector público, en una campaña de movilizaciones y protestas que desembocó, el pasado 22 de mayo, en laprimera huelga general convocada en todas las etapas del sistema educativo y que, según todos los augurios, continuará este curso.

Los argumentos para tanto enfado, muchos, pero, en un ejercicio de síntesis de los testimonios recabados por Números Rojos, agrupables en dos: 1. Que el abandono de la enseñanza pública no solo se está llevando por delante los derechos laborales de sus trabajadores -recortes de sueldo a los funcionarios incluidos-, sino que amenaza con convertirla en el refugio de quien no se puede pagar algo mejor. 2. Que la ley educativa en proyecto recupera lo peor del pasado, en la medida en que segrega prematuramente a buenos y malos estudiantes renunciando a incidir en las causas socioeconómicas de los más desfavorecidos para condenarles a convertirse, cuanto antes, en mano de obra barata al servicio de los que, ya desde la cuna, tuvieron mejor suerte.
En definitiva, que está a punto de caer uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, el que garantiza, o garantizaba, que el origen socioeconómico de cada niño y de cada niña no será un impedimento para recibir una enseñanza de calidad y en igualdad de condiciones.
“La reforma aniquila el concepto mismo de educación, supone la voladura de un modelo basado en la justicia social, para poner la enseñanza al servicio de los mercados”, dice a Números Rojos Guadalupe Jover, profesora de Secundaria y socia de yoestudieenlapublica.org. “Es tan neoliberal que se erizan los cabellos -añade Caridad García, diputada y portavoz de Educación de Izquierda Unida-. La reforma pretende garantizar la existencia de una clase dirigente que pueda disponer de mano de obra en condiciones cada vez más duras e incluso cercanas a la esclavitud. Es la pata que faltaba en la reorganización del sistema capitalista que, desde los años 80, pretende acabar con el Estado del Bienestar”. “Son dos caras de la misma moneda -resume Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes-. Tras las agresiones a la enseñanza pública en forma de recortes, llega una contrarreforma educativa segregadora y clasista que busca expulsar cuanto antes del sistema educativo a los hijos de las clases más humildes”.
Efectivamente, el proyecto de Ley de Calidad Educativa, ya en su primer borrador, presentaba la mejora del nivel educativo de los ciudadanos como una “apuesta por el crecimiento económico y la competitividad” e incluía la “mejora de la empleabilidad” del alumnado y su incorporación al “mercado de trabajo” como uno de los principales objetivos de la reforma. “Ni una sola vez -escribió la profesora Guadalupe Jover (El País, 27 de julio) – se mencionan aquellas palabras que hasta ahora trazaban el horizonte de todo proyecto educativo: ‘democracia’, ‘ciudadanía’, ‘cooperación’, ‘diálogo’, ‘pensamiento crítico’. ‘Cultura”. Y añade a Números Rojos: “En vez de poner el acento en el niño o la niña, con el tipo de sociedad que se quiere construir en el horizonte, se pone en el centro de todo el proyecto a los mercados. Se dibuja una educación al servicio de intereses privados, que trata de segregar lo más tempranamente posible para que cada uno ocupe la jerarquía personal que le corresponde por cuna”.
Para Fernando Sánchez Pascuala, director general de Política Educativa Escolar de Castilla y León, gobernada por el PP, comunidad que ha encabezado en alguna ocasión rankings internacionales por su eficacia para sacar provecho a los recursos invertidos en educación, hablar de enseñanza de ricos y pobres “es un análisis reduccionista”. A su juicio, la “endogamia de clase”, que condena a los hijos a ocupar la posición socioeconómica de sus padres, “hace tiempo que ha pasado a mejor vida”, así como “la correlación clase social-nivel académico”. “Ahora mismo -añade-, tu límite académico está en tu inteligencia y en tu capacidad de esfuerzo, salvo los casos de quienes no pueden estudiar porque necesitan trabajar para ayudar a mantener a la familia, que no creo que sean representativos, porque si no no tendríamos el nivel de estudiantes universitarios que tenemos, por encima de la UE”.
Pero, como escribe el profesor de Sociología José Saturnino García, “los datos son tozudos y no se creen que la clase no sea importante” en el fracaso escolar. Y demuestran, según los expuestos en su artículo Fracaso escolar, clase social y política educativa, referidos a 2007, que solo el 5,8% de los hijos de clase alta no completa la enseñanza obligatoria, mientras ese porcentaje alcanzaba el 17,9 en las clases intermedias, el 24,4 en la obrera, y el 31,4 entre agricultores y jornaleros. Un cuarto de siglo antes, según el mismo informe, eran cuantitativamente muchos más en todos los estamentos, pero las diferencias entre unos y otros eran igualmente abismales. El mismo profesor sostiene en ‘Crisis de la educación’ (2008), que el fracaso escolar entre los hijos de universitarios es del 2%, mientras que entre los hijos de quienes no tienen estudios el del 40%.
El propio informe PISA (siglas en inglés de Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos), el controvertido examen que cada tres años realiza la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), sostiene que el 50% del rendimiento educativo de los jóvenes se explica por la posición social de las familias.
EL DINERO DE LA PRIVADA
Con cada vez menos dinero para la enseñanza públicalas cifras de la privada, sin embargo, parecen gozar de mejor salud. El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo públicos el pasado julio los resultados de una encuesta según la cual la enseñanza privada en España, contando la que se imparte en centros concertados -cuyas nóminas y costes de funcionamiento corresponden al Estado-, tuvo en el curso 2009-2010 unos beneficios de 674 millones de euros, un 13% más que cinco años antes. Así dicho, un negocio suculento y próspero como cualquier otro. Pero con una diferencia: recibió de las administraciones públicas miles de millones de euros de ayuda. En concreto, de los 10.038 millones que ingresó (en bruto) la enseñanza no universitaria privada o concertada, un 58,8 fue dinero público, es decir, 5.900; y de los 1.371 millones (también en bruto) que ingresó la enseñanza universitaria, casi 80 fueron en subvenciones. Obviamente, la enseñanza concertada, que acoge al 80% del alumnado de los centros privados, absorbió la mayor parte de las subvenciones, pero aun así los colegios no universitarios cien por cien privados tuvieron suficiente ayuda pública, más de 450 millones, como para pagar el 10% de su funcionamiento. A eso hay que añadir iniciativas imposibles de cuantificar como la cesión de suelo por parte de los Ayuntamientos a colegios concertados o privados o decisiones, como la del Gobierno de Esperanza de Aguirre, de permitir que los gastos de escolaridad desgraven en familias con ingresos de hasta 30.000 euros por persona, incluyendo los descendientes: es decir, un matrimonio con 60.000 euros de sueldo cada uno y dos hijos que estudien en colegios no públicos puede desgravar hasta 900 euros por cada uno de ellos, dinero que dejan de ingresar las arcas públicas.

Recortes, abandono de lo público en beneficio de la iniciativa privada, medidas educativas segregadoras, el mercado como referencia… Todas las decisiones en materia de educación adoptadas por los gobiernos del PP -el central y los autonómicos- caminan en una misma dirección. No parece casualidad. “Es pura ideología -dice Caridad García (IU)-. La derecha tiene muy claro que el sector público tiene que tender a desaparecer, para que tome las riendas la iniciativa privada”. “El PP cree en una educación elitista, que no ejerce una labor de progreso social y que carece de una visión integral e integradora”, añade Mar Villafranca, responsable de Educación y Cultura del PSOE.
Al fin y al cabo, si de ideologías hablamos, no hay que olvidar que el Gobierno que promueve esta reforma es el mismo que, nada más llegar al poder, cambió la asignatura de Educación para la Ciudadanía por otra llamada Educación Cívica y Constitucional porque consideraba “adoctrinar” hablar a los estudiantes de una realidad legalmente reconocida como el matrimonio entre homosexuales. O el que ahora se muestra dispuesto a cambiar la ley para esquivar la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza subvencionar con dinero público a los colegios que dividen al alumnado por sexos (unos 70 en España, la mayoría vinculados al Opus Dei).
¿DISTRAE LA MÚSICA?
Pero el cariz ideológico de las reformas trasciende lo que parecen gestos para contentar a los sectores más conservadores de la sociedad. Afecta de lleno al temario al que día a día se tendrán que enfrentar los estudiantes y entronca con una concepción tradicionalista de la educación al considerar “materias prioritarias” las Matemáticas, la Lengua y las Ciencias y proponer un “aumento de la carga lectiva” en estos casos para todas las fases de la educación obligatoria. Las otras, dijo el ministro Wert, son asignaturas que “distraen”; estas, viene a decir el anteproyecto, son las “instrumentales”, es decir, las que valen para ganarse la vida.

Fernando Sánchez Pascuala, de la Junta de Castilla y León, ofrece una explicación al respecto. “Es verdad que antes no se había puesto sobre la mesa esa vinculación entre educación y economía, pero es una realidad que ahora existe una preocupación sobre qué va a pasar después, dónde vas a trabajar cuando acabes los estudios. Y materias como las Matemáticas, la Lengua, la Física… son las que te permitirán seguir estudiando para obtener una determinada cualificación profesional”.
Contesta la profesora Guadalupe Jover (de yoestudieenlapublica.org), quien está convencida de que la propuesta del Gobierno “se carga las Artes”. “La educación debiera dar respuesta a la diversidad del alumnado, con proyectos más abiertos y que fomenten la creatividad para que quien tenga dificultades en algunas materias aproveche su talento en otras. La idea es que no hay techo para quien quiera seguir desarrollándose, sea por un camino o por otro”. Y Caridad García (IU) añade: Las Humanidades quedan completamente relegadas, pese al peso que tienen en la formación del individuo. Potenciar las técnicas no debe ir en su detrimento, a no ser que, más que personas, pretendas formar mano de obra al servicio del mercado”.
Pero resulta que esas asignaturas “prioritarias” son sobre las que PISA centra su evaluación y, al parecer, para el Gobierno, lo que dice este organismo es sagrado. De hecho, su anteproyecto, al tratar de identificar las “debilidades” del sistema, cita en primer lugar los malos resultados, habitualmente por debajo de la media, que España obtiene en estos exámenes en Lecturas, Matemáticas y Ciencias e incluye entre los objetivos prioritarios mejorar el rendimiento de los alumnos en la “comparativa internacional”.
“PISA -afirma Mar Villafranca (PSOE)- tiene cosas buenas, pero está tan orientado a las estadísticas que pierde muchos matices. Además, cuando comparas datos sin tener en cuenta trayectorias te olvidas, por ejemplo, de que España ha hecho más progresos que todos los países de su entorno”. La profesora Guadalupe Jover coincide en que PISA es un sistema “incompleto”, puesto que convierte la Lectura, las Matemáticas y las Ciencias en la única herramienta para valorar el sistema educativo, a base de rankings que no tienen en cuenta, por ejemplo, conceptos como la “equidad”, en los que España está a la cabeza. La profesora propone que los estándares de calidad sean diseñados por la UNESCO, “no por la OCDE, que sirve a intereses concretos que, probablemente, no son los de los individuos”.
El malestar contra la política educativa del Gobierno crece, pero viene de lejos. En Madrid cristalizó en el nacimiento del movimiento Marea verde, identificable por las camisetas de ese color que los profesores comenzaron a exhibir en sus protestas. “Fue la reacción a más de tres años de agresiones contra la enseñanza pública y nuestras condiciones de trabajo”, cuenta a Números Rojos, en nombre del movimiento, Claudia Sandra Villa, quien cree que la ley educativa que propone el Gobierno “pretende convertir a los estudiantes en clientes, de forma que tengan educación quienes puedan pagarla”. En los pocos meses transcurridos desde su nacimiento, la marea verde ha comenzado a extenderse por toda España, después de que algunas comunidades decidieran adoptar el color para sus protestas, y el movimiento se plantea ahora articular su organización a nivel estatal.
No es solo una batalla política la que se dirime. De cómo acabe dependerá la formación de, probablemente, varias generaciones. Quizás, también, la sociedad del futuro. ¿Cómo queremos que sea? “Yo tengo cuatro hijos –dice Caridad García, de IU-, diferentes entre sí. Unos mejores estudiantes que otros, unos con un talento para unas cosas y otros para otras, pero todos son buenas personas. Eso es lo que me importa”.

lunes, 10 de junio de 2013

Cambiar nombre de Fiscalia AntiCorrupcion por uno mas apropiado



Desde que el Partido Popular malgobierna este país, abusando de su mayoría absolutista mediante decretazos, y huyendo de cualquier diálogo posible con el resto de los partidos de la oposición y la práctica totalidad de los movimientos sociales que representan a una grandísima parte de la población española, ha de sumársele que, en todos aquellos casos de obvia y flagrante corrupción, ejercidos dentro del poder ejecutivo en manos del PP o bien en el campo económico, directamente relacionado con el poder ejecutivo y en concreto con miembros del Partido Popular y con la misma directiva de este, como es el caso de algunas de las anteriormente Cajas de Ahorro y actualmente entidades privadas con (evidente y excesivo) ánimo de lucro, la única opción factible que quedaba, es que uno de los tres poderes, supuestamente independiente de los otros dos, el Poder Judicialdefendiera a esa gran parte de la población afectada directamente o indirectamente por esos casos, repito, flagrantísimos y evidentes. Pero en vez de ello, dicho órgano parece formar más parte de la defensa que de la acusación. Muchos son los casos, cada vez más numerosos, pero hay unos más que otros, que es imposible que a la casi totalidad de los españoles no nos hierva la sangre cuando nos enteramos por las noticias del posicionamiento de dicha Fiscalía Pro-Corrupción frente a casos como el de las Preferentes, el caso Blesa, la Infanta Cristina en el caso Noos, el caso Gürtel, el caso Bárcenas, etcétera, etcétera... Por ello queremos instarle al Ministerio de Justicia el que cambie el actual nombre de dicha Fiscalía, por un más propicio como "Fiscalía Pro-Corrupción", por ejemplo. Dado que dicho Órgano Judicial no se corta ni lo más mínimo a la hora de acometer sus accionesfavoreciendo al partido en el poder, en vez de favorecer a toda la ciudadanía, no debería tampoco importarle este pequeño cambio de nombre.
Caso Noos:
Caso preferentes:
Caso Bárcenas:
Caso Blesa:

Lista de los 83 banqueros españoles imputados por corrupción

Liberales de mamandurria





"Se les llena la boca exaltando la empresa privada, pero hacen fortunas apegados a las ubres públicas, de las que despotrican hasta el vómito. Son una peculiar subespecie de la actual y nutrida picaresca española a la que podríamos denominar “liberales de mamandurria”, auténticos artistas de la contrata, la concesión, la adjudicación, la recalificación, el pelotazo y el crédito rápido y barato al amiguete; peritos en el uso y abuso de cualquier instrumento legal o paralegal que les permita llevarse a las arcas propias la pasta de los contribuyentes o los depositantes. 

Ninguno de ellos creó patentes, industrias, servicios nuevos. No, lo de inventar seguía siendo cosa de extranjeros. Pasado el momento de la palabrería, a la hora del negocio real, los liberales de mamandurria iban a lo de siempre: el ladrillo, el turismo y la hostelería y hasta los toros."

PIRAMIDE SOCIAL EN ESPAÑA

PP! Uno de cada cinco de sus diputados en Valencia, acusado de corrupción


Un conseller que se quedó con el 97% del dinero para cooperación

Los escritos de Fiscalía y Abogacía de la Generalitat son contundentes. Los fiscales piden para Blasco 8 años por un delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, así como inductor de un delito de falsificación documental,  a lo que suman 6 años más por falsedad en documentos públicos. La Abogacía hace una consideración muy similar y pide para Blasco 7 años de prisión por malversación de caudales públicos y 4 años y 6 meses por falsedad documental.

Blasco está acusado por la juez instructora de haber sido responsable de crear “las condiciones necesarias para que se sustrajeran importantes cantidades de dinero”. En concreto, como conseller facilitó que de 1.800.000 euros destinados a tres proyectos de cooperación en Nicaragua apenas llegaran a destino 34.000, mientras que los restantes 1.666.000 se utilizaban para invertirse en garajes y pisos.


Fabra tiene que demostrar que ‘no le tiembla el pulso’

Pero si el problema para Blasco es grande, no lo es menor para su ‘jefe’, el presidente de la Generalitat y máximo responsable del PP en Valencia: hace dos semanas Alberto Fabra anunció que “no le temblaría el pulso”, comprometiéndose a cesarle si la Abogacía de la Generalitat veía razones para la petición de cárcel. Estas peticiones de los representantes del Estado contra Blasco le ponen entre la espada y la pared. O cumple su palabra, y aún más importante, comienza la limpieza de su partido, aunque le cueste quedarse en minoría, o atará su futuro al de los diputados acusados de corruptelas.


Un dato resulta abrumador: en estos momentos el PP tiene 55 diputados. De ellos 9 ya están imputados,

El PP intenta ‘salvar’ a algunos corruptos

En el PP valenciano pretenden ‘distinguir’ dos tipos de ‘corruptos’. Uno, el de los que se habrían quedado con el dinero malversado. Como sería presuntamente el caso de Blasco.  Otro, el de los protagonistas de los casos de corruptelas relacionados con la Gürtel y que habrían empleado el dinero para financiar el PP. Pero como les recuerdan desde las filas socialistas en las Corts, el problema de los ‘populares’ no es otro que el de una forma de gobernar, de amañar concursos y realizar concesiones, sistemáticamente corrupta.


En estos momentos, Fabra gobierna apoyado por un Grupo parlamentario con más agujeros que un queso gruyere. El dato resulta abrumador: en estos momentos el PP tiene 55 diputados, de ellos 10 ya imputados, y dos a punto de serlo.

Un listado de implicados que reflejan una forma de gobernar

Además de Blasco, están imputados por ‘el caso Fitur’ -se entregó la organización de la feria a la empresa de la Gurtel, Orange Market, a cambio presuntamente de financiación para el partido- el entonces vicepresidente del Govern, Vicente Rambla, y las conselleras de Turismo Milagrosa Martinez y Angélica Suchs. 

Por ‘el caso Gürtel-financiación del PP, de nuevo Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra, y la ex tesorera Yolanda García. 

Y además, por el llamado ‘caso Brugal’, concesiones de recogidas de basura, Sonia Castedo, diputada y alcaldesa Alicante, Luis Díaz Alperi y, de nuevo, Rafael Blasco. También estaba el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, que tuvo que dejar su escaño, al ser condenado…, y cuyo puesto fue ‘heredado’ por Elisa Díaz, hija del imputado Luis Díaz Alperi, y ella misma -de tal palo…- bajo sospespecha de la Fiscalía Anticorrupción. 

Nombres a los que todo indica que están a punto de sumarse la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresident, Francesc Camps, por ‘el caso Nóos’.

Es decir, en nada de tiempo, si él mismo no lo evita provocando su salida, Fabra tendrá puestos sus pies como presidente sobre un grupo en el que 12 diputados de 55 estarán imputados en casos de corrupción. Más de uno de cada cinco. Más de un 20% de los representantes ‘populares’ en Las Corts involucrados en casos de corrupción.

Si Blasco se resiste a irse, lo que parece más que probable, para expulsarle del Grupo hacen falta las firmas de los demás diputados…, y muchos podrían resistirse para evitar que se haga con ellos lo mismo, el President valenciano, que llegó pretendiendo cortar con los tiempos de Camps, declarándose libre de corrupción, tiene que actuar. Fabra aceptó que se le impusieran unas listas en las que ahora se ve enredado; Fabra tiene que decidir ahora entre limpiar su casa, o presidir un gobierno ‘manchado’.

Hay sueños... Que si caben en las urnas...


" La ley,o/y la Constitución, ha de regular el flujo de los recursos públicos, para la financiación de la Sanidad, la Educación, la Políticas Asistenciales, etc, por encima del albedrío de la clase política, y de la independencia administrativa de las instituciones". 

Una torre de babel politica y legal, está estrangulando los derechos sociales, mientras nuestras instituciones, nuestros políticos, se permiten el dispendio, con embajadas, televisiones, aeropuertos, dietas, comisiones, sueldos, o traductores para los que se entienden en una misma lengua



Lo que no cuentan los mass media sobre el estallido social en Turquía

Uno de los argumentos más usados por los grandes medios de comunicación occidentales a la hora de interpretar el origen del estallido social en las calles de Turquía es la deriva islamista y autoritaria  del Gobierno de Recep Tayip Erdogan.


De esta manera, los ‘mass media’ centran toda la atención en la disyuntiva islamismo-laicismo y autoritarismo-democracia, llevando a cabo un análisis simplista y parcial de la realidad que vive estos días el país euroasiático.
Y es que para poder analizar con mayor profundidad la reciente revuelta popular en las calles de ciudades como Estambul o Ankara, habría que adoptar algo más de perspectiva y poner la lupa en las políticas socioeconómicas que el Ejecutivo viene desarrollando durante estos últimos años.
El Gobierno de Erdogan, integrado por el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), irrumpe en el poder en el año 2002 en un contexto de crisis económica (crisis financiera de 2001) donde acuerda un programa de medidas de claro corte neoliberal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que pasan por la privatización del sector público, reformas laborales y drásticos recortes sociales.
Un año después de llegar al Gobierno, en 2003, se abre el camino a la privatización de la empresa pública de telecomunicaciones Turk Telekom [1]. Al año siguiente, en 2004, se ponen a la venta compañías de licor, fábricas de acero y Aerolíneas Turcas [2].
Desde entonces, se inicia un proceso que no tiene marcha atrás: En 2007, se da luz verde a la privatización de la compañía pública de tabacos de Turquía, Tekel [3]. En 2008, es el turno de la red eléctrica, con la venta de dos compañías de distribución en Ankara y Sakarya-Kocaeli [4]. Además, ese mismo año se anuncia la venta del banco de propiedad estatal Halkbank y la privatización del 15 por ciento de las acciones de Turk Telekom.
En 2009, el Gobierno aprueba una legislación para otorgar el agua de los ríos, los lagos y los estanques a las corporaciones privadas. Esto significa que los recursos hídricos pueden transferirse a corporaciones, que hasta el momento sólo controlaban los servicios de distribución [5].
Debido a esto, la Confederación de los sindicatos campesinos turcos, Çiftçi-Sen, junto con más de 100 otras fuerzas de oposición social que defienden el reconocimiento del derecho al agua, forman una plataforma llamada “No a la comercialización del agua” y se manifiestan masivamente el 15 de marzo de 2009 en Estambul, en el marco del Foro Mundial del Agua [6].
En 2011, el Gobierno de Erdogan inicia las negociaciones para la privatización [7] de 2.000 kilómetros de autopistas y puentes del país. De esta manera el Ejecutivo turco pretende ceder al capital privado hasta nueve carreteras de peaje y dos puentes sobre el Bósforo, vías de comunicación muy importantes en el área de Estambul.
A través de la llamada “Administración de Privatizaciones” (OIB por sus siglas en turco), Erdogan busca tirar adelante un paquete de privatizaciones en el país que incluye el textil, la minería, el petróleo, la alimentación o el transporte marítimo, entre otros [8].
En febrero de ese mismo año, 10.000 personas se manifiestan en el centro de Ankara en rechazo a la reforma laboral del Gobierno, que entre las medidas, destacan la reducción del salario mínimo para los jóvenes, la posibilidad de traslado de los funcionarios y permite la contratación de empleados sin seguro social [9].
Muchos de los allí presentes corean gritos de “Esto es Ankara, no el Cairo”, “Tayyip ha llegado tu turno” y “Tayyip, te deseamos un final feliz como a Mubarak”.
Las directrices neoliberales aplicadas durante estos últimos años han generado un aumento de la desigualdad social en el país. Según la revista Forbes, en Estambul, capital financiera de Turquía, había un total de 35 multimillonarios en marzo de 2008 (en comparación con 25 en 2007), situándose en el puesto 4º en el mundo. Un informe para empresarios interesados en invertir en Turquía elaborado por el banco español Banesto asegura que “el país está marcado por la existencia de fuertes desigualdades de rentas” [10]. Muchos empleados en Turquía no cobran más del salario mínimo de unos 570 dólares y el ingreso per cápita es casi la mitad que los ingresos medios europeos.
Quizás este conjunto de factores ayude a explicar el malestar social que ha dado origen a los disturbios que hoy vive Turquía, más allá del enfoque liberal que se pretende dar desde la prensa de Occidente.
Referencias:

Debemos poner fin a las conexiones entre las grandes eléctricas y algunos políticos influyentes. No a las puertas giratorias.

Como si fueran poderosos clubs de fútbol, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa y otras grandes compañías han peinado el parlamento fichando a ex-presidentes de gobierno, ministros, secretarios de estado... para defender sus intereses multimillonarios. Su presión feroz está provocando la gradual demolición del sector de las energías limpias en nuestro país, arrebatándonos el liderazgo que hemos ejercido durante años. El resultado es indignante: un oligopolio de empresas llenándose los bolsillos – ¡tan solo tres compañías atesoran unos beneficios anuales de más de 6 mil millones de euros anuales! -- , mientras los ciudadanos pagamos unas de las facturas eléctricas más altas de Europa y el sector de las renovables agoniza. 

Pero si actuamos ahora podemos darle un dramático vuelco a la situación: la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético está a punto de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que evidencia los vínculos entre empresarios y políticos, y las consecuencias catastróficas que se derivan exigiendo una investigación a fondo para analizar el posible desvío de poder y tráfico de influencias. Pero para que la denuncia tenga éxito es fundamental recabar el apoyo de la ciudadanía, hagámoslo. Firma la petición

¡Ya hemos presentado la denuncia con 50.000 adhesiones y más de 90.000 firmas de apoyo! Pero el plazo para unirnos sigue abierto, y si multiplicamos la presión durante los próximos días, la Fiscalía no podrá ignorarnos. Firma y sigue corriendo la voz.

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