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domingo, 12 de mayo de 2013

Rajoy recauda 615 millones tras un año de ofrecer a precio de saldo varias empresas públicas



Un poco de historia

Argentaria, Seat, Iberia, Repsol, Altadis, Telefónica, Retevisión, Endesa, así hasta 119 empresas  con participación pública fueron privatizadas en el período de entre 1986 hasta 2000. Fue una operación que los Gobiernos de Felipe González iniciaron tímidamente y que los Gabinetes de Jesé María Aznar llevaron hasta el final. Resultado, el ingreso en las arcas del Estado de una inyección de 32.000 millones de euros y la creación de un grupo de altos ejecutivos del entorno del propio Aznar que, además de hacerse multimillonarios, pasaron a controlar el potente sector de compañías privatizadas. Desde comienzo de la década de los 90 este grupo de sociedades se había transformado en las nuevas multinacionales de la economía española, especialmente con su expansión en el América Latina


El Gobierno de Maríano Rajoy anunció en febrero de 2012 que su Plan de Reformas de la economía española incluiría una segunda gran oleada de privatizaciones de compañías públicas. Se mencionaron entonces como candidatas a dos docenas de empresas y se estableció el listón de la inyección que podrían recibir las arcas del Estado por la desinversión de más de 20.000 millones de euros. Transcurrido el primer año del nuevo impulso privatizador los resultados son pírricos, pese a que el escaparate presentado ha estado plagado de precios de saldo.
La venta todavía sin concretar del 25% en manos públicas del capital en la sociedad de satélites Hispasat (valorado en 235 millones) y la desinversión de un 1,15%, sobre el 5,35% que conservaba el Estado español en el constructor aerospacial y de defensa europeo EADS (por 380 millones), son los únicos resultados tangibles.
Este impulso privatizador, con 615 millones de euros resultado, queda eclipsado por el tsunami nacionalizador de la antigua estructura en ruinas de las cajas de ahorro, cuyo rescate nos cuesta a todos los españoles 39.000 millones de euros.

Privatizar y externalizar

El nuevo impulso privatizador de Gobierno del Partido Popular está tanto más centrado en externalizar, hacer outsourcing o privatizar servicios que hasta la fecha prestaba y pagaba el Estado, que en vender empresas públicas con menor valor que aquellas joyas de la corona que ya se privatizaron en tiempos de los Gobiernos de José María Aznar.
En esta segunda oleada de privatizaciones el impulso principal se ha puesto en entregar a la gestión privada la educación, la sanidad o los grandes servicios informáticos y de comunicaciones que, hasta ahora, eran una competencia prioritaria del Estado. En el escenario que se pretende imponer sobre estas prestaciones sociales, la Administración sigue pagando, pero son empresas de particulares las que hacen el negocio.
Como ocurriera en el primer impulso privatizador, el arranque de la segunda oleada de privatizaciones tuvo lugar en los últimos compases del segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Forzado por las exigencias de Bruselas, se centró en la desinversión de un tercio del capital de la empresa Loterías del Estado y en la articulación de una gestión privada para los dos mayores aeropuertos de la red de AENA, Barajas y El Prat, por la vía de sendas concesiones.
La llegada de Rajoy a la Moncloa supuso la liquidación de ambos procesos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la titular de Fomento, Ana Pastor, aseguraron que se “malvenderían bienes públicos”.
En el mes de febrero de 2012 el nuevo Gobierno lanzaba su propio plan en el que, de manera más o menos oficial, y con escaso éxito, se han ido desarrollando las siguientes operaciones.  
Hispasat
La venta del 25% del capital que mantienen varias entidades públicas en la operadora de satélites está encarrilada. Previamente han debido solventarse los problemas que planteaba la “protección de las comunicaciones gubernamentales y militares” que soporta el sistema. El comprador inicial era la empresa catalana Abertis que ya controlaba el 40% de las acciones. Ahora se discute si el otro operador en el capital de Hispasat, Eutelsat (con el 33,6% de participación), también tomará un porcentaje de las acciones públicas. El precio del paquete estatal asciende a unos 235 millones de euros.   
Paradores
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, ha anunciado una entrada de capital privado en la propiedad de esta cadena estatal de hoteles de lujo que no se ha llegado a concretar. La operación se acompañará de la externalización de servicios y la adjudicación en concurso de la central de reservas. La plantilla de Paradores se ha visto afectada en los últimos meses por un ERE que finalmente afectó a 350 trabajadores. La operación se justificó en base a una deuda de 110 millones. Borrego no da pistas sobre el contenido de la privatización dado que buena parte de los edificios históricos en los que se ubican los hoteles son privados. “El Estado no puede rescatar cada año a Paradores y para ello buscamos sinergias con las empresas privadas”, ha asegurado sugiriendo que no aspira a ganar nada con la privatización de la empresa.
Loterías  del Estado
Cuando Cristóbal Montoro decidió que no retomaría el esquema de la venta del 30% de Loterías del Estado que había diseñado la anterior administración socialista para obtener 7.000 millones de euros a través de una OPV, ya se habían gastado 20 millones de euros en montar una operación abortada en el último momento.
Montoro argumentó que la venta hubiera supuesto una malversación de fondos públicos, “porque el Estado habría dejado de recaudar una cantidad fija, que le proporciona una importante liquidez mensual, a cambio de unos capitales”. El Ejecutivo popular no descarta vender una parte de Loterías, “pero por una cantidad que garantice los ingresos que obtiene ahora”. Por lo pronto ha creado un impuesto del 20% sobre los premios.
Cesce
El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz aseguró que el destino de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación era ser privatizada “para que pueda ayudar más a la internacionalización de las empresas españolas”. El Ministerio de Economía controla el 50,2% del accionariado, en el que le acompañan los bancos Santander y Popular y varias aseguradoras.
Los candidatos a la privatización son entidades financieras y compañías de seguros, tales como el propio Santander y Mapfre. Como en la mayoría de las operaciones, nada se ha confirmado.
Renfe
Tras un arranque impetuoso, los planes privatizadores de las principales empresas públicas vinculadas con Fomento, después de un año, los proyectos se han desinflado. El plan de reformas presentado por el Gobierno de Rajoy citaba como un eje principal la liberalización del ferrocarril. A consecuencia de ello aprobó una norma que planteaba la división de Renfe en cuatro empresas, la apertura de la red del AVE a la competencia y la adjudicación mediante el sistema de franquicias de la explotación de los trenes regionales y de cercanías. Este ambicioso plan debía arrancar el día 31 de julio de 2013, pero cuando la fecha se echado encima, el impulso se ha quedado en nada. Ahora la ministra Ana Pastor solo prevé vender o externalizar la gestión de cuatro productos de lujo que Renfe dedica al segmento minoritario de los trenes turísticos que facturaron 5,7 millones de euros en 2012.
Ineco
La principal empresa pública de ingeniería está participada por AENA, Adif y Renfe. Cuenta con una plantilla de 3.000 empleados y factura 260 millones, de ellos 100 en proyectos internacionales. Su privatización podría reportar ingresos de entre 350 y 400 millones, pero la ministra de Fomento no parece dispuesta a prescindir por ahora de un instrumento que le asegura el protagonismo en proyectos de internacionalización ferroviaria y aeroportuaria.
AENA
El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero planteó un proceso para dar en concesión a grupos privados la gestión de los dos principales aeropuertos españoles, Barajas y El Prat. Confiaba en recaudar 11.000 millones a través de un canon inicial y de aportaciones durante 20 años. El proceso supuso unos 7 millones de euros en asesoramiento.
Ana Pastor, cuando fue nombrada ministra de Fomento, paralizó el proceso y cambió de estrategia para abrir hasta el 49% del capital de la filial de aeropuertos a la participación privada. Pero con el paso de los meses las cuentas se han ido torciendo. La caída del tráfico y otros factores han cercenado la valoración de la compañía. Si en 2007 se tasó el 100% de sus acciones en 31.000 millones, para 2011 la valoración había descendido hasta 19.000 euros y solo dos años más tarde la nueva valoración marca una horquilla entre 12.800 y 16.000 millones. Teniendo en cuenta que la deuda de la empresa pública es de 12.200 millones, su venta ahora sería un regalo.
IAG
Por las vicisitudes de las privatizaciones de renacionalizaciones bancarias de los últimos tiempos, en el capital de IAG, (producto de la fusión de las aerolíneas Iberia y British Airways), el Estado español cuenta con una doble participación pública: un 12,5% en manos de Bankia y un 2,7% en la cartera de la SEPI (el holding de empresas estatales). Esta misma semana ha saltado en medios de comunicación internacionales la noticia de que Qatar Airways estaría interesada en la adquisición de la parte de Bankia en IAG, valorada en 740 millones. La compañía del Golfo se apresuró a desmentir la información. Además parece que el Ministerio de Fomento está interesado en no vender todavía este paquete porque le da influencia ante la evidencia del control británico que se ha impuesto en la toma de decisiones del nuevo gigante aeronáutico.
EADS
La SEPI ha logrado hacer caja con la colocación del 1,15% de la participación del constructor aeronáutico y de defensa, por 380 millones. El Estado español mantiene en EADS un 4,2% que no va a reducir dado que se considera estratégica su presencia en una compañía que emplea en España a cerca de 11.000 trabajadores en factorías de Madrid (Getafe, Barajas, Cuatro Vientos), Andalucía (Sevilla y Cádiz) y Castilla-La Mancha (Illescas y Albacete).
Otras participaciones de la SEPI
Paquetes accionariales en compañías como Ebro Foods, (donde Alimentos y Aceites, controlada por el holding público, tiene el 10,3% del capital), el 20% que conserva en Red Eléctrica Española (REE), el 5% en Enagás o el paquete de Tragsa, son participaciones estatales que se mantienen en cartera y que pueden ser objeto de desinversión por un montante de unos 1.400 millones.

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