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sábado, 20 de abril de 2013

El despilfarro español: diez proyectos con dinero público repletos de sobrecostes


  • En algunos casos, como en el Fórum de Barcelona o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el sobrecoste rondó los 1.000 millones de euros.
  • La 'Ciudad del Circo', de Alcorcón, ha incrementado en un 40% su coste y aún no han finalizado las obras.
  • El aeropuerto de Ciudad Real, que abrió en 2008, está a punto de liquidarse por completo tras una inversión de 1.100 millones de euros.
El afán de protagonismo de muchos alcaldes, presidentes autonómicos y ministros ha llevado a la realización en los últimos años en España de numerosos proyectos cuya viabilidad outilidad pública no es, en muchos casos, ni siquiera planteable en la mayoría de países de nuestro entorno. Podrían considerarse como los restos de un pasado no muy lejano marcado por el despilfarro de dinero público sin ningún tipo de control por parte las instituciones competentes. El aumento paulatino en el coste de las obras, la escasa utilización posterior y el cierre o venta del proyecto son el denominador común en muchos de ellos. Estos son algunos ejemplos de la pésima gestión por parte de los políticos de los recursos públicos:
  • La Ciudad de las Artes y las Ciencias. En plena fiebre del ladrillo a finales de los años 90, la Generalitat Valencianaideó un megaproyecto cultural y lúdico en el que puso al frente al polémico arquitecto Santiago Calatrava. Aunque el complejo tenía un presupuesto inicial de 308 millones de euros, el Gobierno de Francisco Camps terminó desembolsando 1281 millones de euros, lo que supone un gasto extra de casi 1.000 millones. Especialmente llamativo es el caso del edificio de la ópera, más conocido como el Palau de les Arts, que ha tenido un coste de 382,5 millones de euros, una cifra que ya supera todo el presupuesto previsto para el megaproyecto. Solo en los honorarios de Calatrava, la Generalitat se gastó 94 millones de euros.

    Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia

  • La Ciudad de la Cultura. La historia de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, ubicada en el Monte Gaiás, es un verdadero desfase arquitectónico y presupuestario. La idea empezó a tomar forma en 1999 conManuel Fraga como presidente de la Xunta de Galicia. Su coste inicial se presupuestó en 108 millones de euros y fue diseñada por el prestigioso arquitecto estadounidense Peter Eisenman. El proyecto, que ya ha consumido casi 400 millones de euros, no se terminará. La Xunta ha decidido paralizar definitivamante la construcción de los dos edificios que quedaban aún pendientes. Solo su mantenimiento anual ronda los 1,5 millones de euros.  

    Ciudad de la Cultura

  • La Caja Mágica. Fue uno de las obras estrella de Alberto Ruiz-Gallardón en su fallida apuesta para que Madrid albergarse unos Juegos Olímpicos. El pabellón polideportivo iba a tener un coste de 120 millones de euros y la factura terminó ascendiendo a 294 millones. Ha tenido un sobrecoste de 174 millones de euros, dos veces y media más de lo presupuestado.

    La Caja Mágica

  • La Exposición Internacional de Zaragoza. El evento que en 2008 giró en torno al agua y al desarrollo sostenible ha sido uno de los proyectos de mayor inversión y sobrecoste de los últimos años. Duró tres meses, costó 2.250 millones de euros y presentó sobrecostes como los del pabellón puente (34 millones), el del Pabellón de Aragón (15 millones), el de la Torre del Agua (13 millones). El más destacado ha sido el del Palacio de Congresos, que alcanzó los 36 millones. El montante total se repartió en 700 millones de euros de inversión directa y 1.550 millones en infraestructuras. En total, dejó unas pérdidas de 502 millones de euros, según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

    Expo Zaragoza 2008

  • Fórum de Barcelona. La Ciudad Condal acogió en 2004 el Fórum Universal de las Culturas, un evento que dejó un impresionante legado arquitectónico y una elevada factura económica para las arcas públicas. Inicialmente se cifró el precio de las obras en 2.190, pero finalmente el Ayuntamiento de Barcelona reconoció que la inversión final fue de 3.270 millones, más de 1.000 millones más. Llama la atención el elevado sobrecoste final del Edificio de Fórum, el emblema del proyecto, cuya  construcción se estimó en 48 millones de euros y acabó costando 134 millones.

    Fórum de Barcelona
  • 'Setas de la Encarnación'. El proyecto del Metropol Parasol, conocido popularmente como las 'Setas de la Encarnación' debido a su ubicación en la plaza sevillana de la Encarnación, fue adjudicado al alemán Jürgen Mayer en 2004 por un presupuesto inicial de 33 millones de euros. La cantidad fue creciendo poco a poco debido a modificaciones y retrasos hasta alcanzar los 123 millones de euros. En su inauguración en marzo de 2011, el entonces alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, justificó así el sobrecoste de casi 100 millones: "Pretender vivir mirándonos a nosotros mismos y hacer lo que siempre hemos hecho es estar lejos de la realidad".

    'Setas de la Encarnación'

  • 'Ciudad del Circo'. El surrealismo alcanza un grado supremo en Alcorcón con el Centro de Artes de Alcorcón (CREAA), más conocido como 'Ciudad del Circo'. El proyecto del alcalde socialista Enrique Cascallana, que incluye un auditorio, un circo estable y un área de congresos, entre otros, se presupuestó en 120 millones de euros y las obras, aún no finalizadas, acumulan ya un sobrecoste del 40%. El proyecto ha significado, además, la demolición de una biblioteca pública y la desaparición de una de las zonas verdes más importante de la ciudad.

    Ciudad del Circo

  • La Ciudad de la Luz. El complejo industrial de cine alicantino pretendía convertirse en una especie de Hollywood español. Eduardo Zaplana fue el principal valedor de un proyecto que hoy en día está en venta. Se iban a invertir 100 millones de euros, pero su coste final alcanzó los 350 millones, según ha reconocido la propia Generalitat Valenciana. Desde 2005, apenas se han producido unas 60 películas en sus instalaciones. El PSOE denunció en 2012 que en las cuentas de la Ciudad de la Luz hay varios pagos en los años 2006 y 2007 por valor de 1,2 millones a una empresa para la realización de unas películas que en 2011 no se habían estrenado. El caso más llamativo es la inversión de 4,7 millones en la película Astérix en los Juegos Olímpicos.

    El Hollywood español
  • Línea AVE Toledo-Cuenca-Albacete. La rentabilidad es un concepto que no se puede asociar hoy en día a la alta velocidad española, ya que no existe suficiente demanda por parte de los usuarios para amortizar el alto coste de las infraestructuras España, con más de 3.000 km, es el segundo país del mundo con mayor implantación de la alta velocidad, solo superado por China—. Sin embargo, la línea de AVE Toledo-Cuenca-Albacete, ya suprimida, clamaba al cielo. Cada día se subían a esa línea directa solo nueve viajeros de los 2.190 potenciales para ambos sentidos. El coste del servicio suponía para las arcas del Estado unos 18.000 euros al día.

    Línea AVE Toledo-Cuenca-Albacete

  • Aeropuertos: Castellón, Huesca... Como ha ocurrido con la alta velocidad, la proliferación de aeropuertos en los últimos años —en España ya hay 48 y la mayoría son deficitarios— ha provocado la construcción de muchas instalaciones cuya utilidad pública es más que cuestionable. Es el caso de varios aeródromos como el de Burgos, el de Badajozel de Castellón o el de Huesca, con solo cuatro pasajeros en marzo de este año. El de Castellón se inauguró en marzo de 2011 y aún no está operativo despues de gastarse en su construcción 150 millones de euros. La Generalitat ha anunciado que podría empezar a funcionar a finales de este año. Pero si uno se lleva la palma es el de Ciudad Real, que abrió en 2008, cerró el año pasado y está a punto de firmar su liquidación total después de una inversión de 1.100 millones de euros.
Aeropuerto de Ciudad Real
Aeropuerto de Ciudad Real

El arbitraje para las preferentes de Bankia beneficia al banco pero no a los afectados


El banco se ahorra las costas y el tiempo de procesos judiciales que tiene casi perdidos de antemano
Si el árbitro falla en contra del demandante, este no tiene posibilidad de ir a los tribunales
Los expertos recuerdan que son precisamente los jueces los que más fallan a favor de los afectados

El Congreso rechaza canjear preferentes por depósitos con cargo a deuda
Anciano de 81 años aquejado de Alzhéimer y esposa de 80 años sin formación. Test de idoneidad para definir el perfil de riesgo del inversor (de obligatorio cumplimiento en base a la legislación Mifid) con resultado negativo. Es decir, el matrimonio no era un inversor de riesgo.
A pesar de ello, Caja Laietana –ahora parte de Bankia– les vendió participaciones preferentes en 2011. Con estas bases sobre la mesa, es fácil comprender por qué el juez de Mataró que ha llevado este caso ha fallado a favor de los demandantes y, condenado a Bankia a devolverles el dinero además de pagar las costas del proceso judicial.
Abusos tan flagrantes no son extraños en el proceso de comercialización de preferentes en España. Las sentencias judiciales a favor de los que ya se han atrevido a denunciar engrosan, cada día, las 'listas de éxitos' en asociaciones de defensa de los usuarios de banca y en despachos de abogados.
A pesar de ello, tanto el Gobierno como las propias entidades implicadas, sobre todo Bankia, pretenden plantear el arbitraje como la mejor de las soluciones para recuperar el 100% del capital invertido en preferentes o deuda subordinada. Esta modalidad de acuerdo, alternativa a los juicios, se presenta como la opción barata (sobre todo tras la subida de las tasas judiciales) y rápida para calmar la ira de los ahorradores contra lo que consideran un engaño de sus entidades financieras.
Pero detrás de ese esfuerzo de marketing, lo que subyace es un intento de evitar que las entidades emisoras de estos títulos tengan que enfrentarse a los jueces, cada vez más concienciados con los abusos, y también ahorrarse las costas de juicios que, como el de este matrimonio de Mataró, saben que tienen perdidos de antemano. Con todo, desde la entidad financiera insisten en que el arbitraje no es la solución que ellos hubieran elegido y que es una imposición de Bruselas, y del Gobierno, para buscar una solución al problema. Bankia asegura estar haciendo todo lo posible por lograr la mejor salida a la situación de los afectados en la venta de estos productos.
El Fondo de Reestructuración Ordenada  Bancaria (Frob), el brazo ejecutor del rescate de las entidades financieras, ya ha dicho que el próximo viernes publicará las condiciones de canje de las participaciones preferentes y deuda subordinada emitidas por el Banco Financiero y de Ahorro (BFA, la matriz de Bankia), Novagalicia Banco y Catalunya Banc. Además, se da vía libre para que los afectados de Bankia puedan solicitar el arbitraje.
Los afectados deberían saber que la recomendación generalizada por defensores de afectados y abogados es "no acudir a esos arbitrajes". Sólo los casos más extremos pueden salir beneficiados, esos en los que no hay duda de que ganarían en un juicio. "Nosotros no recomendamos a nadie acudir al arbitraje. Ni aceptar ninguna propuesta, ya sea de canje o negociación, de forma voluntaria, ya que eso resta argumentos ante los jueces", advierte Jordi Ruiz de Villa, abogado de Jausas Legal.  
Son varios los motivos que los expertos esgrimen contra el arbitraje en las preferentes:
Primero, porque estamos hablando de un sistema alternativo a la justicia. Es decir, el árbitro es un intermediario entre las dos partes en conflicto, y no un juez. "No siempre se recurre a una base legal para llegar al consenso entre las partes", advierte Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros (Asuapedefin).
Segundo, porque lo que se presenta como una ventaja –no necesitar abogado ni procurador para gestionar la cuestión– puede ser un inconveniente. "Si el afectado va solo al arbitraje, se encuentra con un representante de la entidad financiera, que en muchos casos es abogado, que tiene mucha más experiencia y habilidad para plantear y defender los argumentos en su favor. Sólo en casos muy abusivos donde los argumentos caen por su propio peso, el ahorrador tiene ventaja", dice Suárez.  
Tercero, porque el acceso al arbitraje no es libre. Se necesita una autorización previa, que en el caso de Bankia, hará la consultora KPMG (la misma que asesora a Bankia en los juicios). En el caso de Novagalicia Banco y Catalunya Banc estuvo a cargo de organismos más independientes, como las oficinas de Consumo de sus respectivas Comunidades Autónomas.
"Los vemos todos los días defendiendo a capa y espada los intereses de Bankia en los juzgados, por lo que dudo mucho de su independencia en la selección que tienen que hacer", advierte Suárez.  Por cierto, ¿alguien recuerda aquel pacto PP-PSOE firmado a finales de enero para crear una comisión que hiciera esta labor? "Como denunciamos muchos de nosotros, aquello sólo era una pose política, que en el mejor de los casos tendrá carácter consultivo", comenta Javier Contreras, portavoz de la Asociación de Usuarios de Banca, Adicae.  
Cuarto, porque si el laudo (así se llaman las sentencias en los arbitrajes) es negativo, impide al afectado recurrir a la Justicia.  Y, en el caso de que sea positivo, y el afectado recupere el 100% de capital invertido, no es fácil que además reciba una compensación por los intereses de demora, algo que sí suelen adjudicar los jueces, y es el banco culpable el que se ahorra el pago de las costas del proceso judicial.
Según los cálculos de la Asociación de defensa de los consumidores, CEACU, el ahorro para el banco puede llegar a un 10%. "En el fondo es mejor que no te acepten porque los jueces están defendiendo mucho mejor los intereses de los afectados. Si un arbitraje finalmente no te da razón, está todo perdido", asegura Javier Contreras, portavoz de la Asociación de Usuarios de Adicae.
Argumentos que triunfan
En muchos casos, el motivo por el que los afectados recurren al arbitraje es, además de por su simpleza, porque tienen miedo a que los jueces fallen en su contra si no pueden justificar que realmente desconocían el riesgo que implicaba la inversión que estaban realizando. Pero recurrir a lo que técnicamente se llama "vicio de consentimiento", y defender a capa y espada la falta de formación financiera está dejando de ser el principal argumento contra los abusos realizados por la banca.
"De lo que se trata es de trasladar la responsabilidad al que realizó la venta. Igual que cuando vamos a hacernos una prueba médica nos obligan a firmar un documento donde se contemplan riesgos que en algunos casos llegan hasta la muerte. Los bancos deben justificar que ellos advirtieron adecuadamente de los riesgos que implicaba la inversión, incluso si el que la subscribía tenía un máster en finanzas", advierte Jordi Ruiz, tras haber comprobado que el argumento convence, cada vez más, en los tribunales de justicia.
No es el único profesional que aplica esta táctica y el resultado salta a la vista. El pasado 28 enero un juez de Santander condenó a Liberbank a devolver a una anciana sus 30.000 euros invertidos en preferentes más los intereses, debido a "la falta de información adecuada". Y lo mismo hizo otro magistrado de Mataró el 14 de marzo.

"ESPAÑA ES UN PAIS DE PICAROS"...


¿No será más bien que nos echan del sistema?

¿Cuántas preferentes tiene Rodrigo Rato?

Expectación ante la declaración de Rato hoy en la Audiencia por Bankia
Ex ministro de Economía, ex director del FMI, ex presidente de Bankia, hoy imputado. Foto: Efe

¿Cuántas preferentes tiene Rodrigo Rato? ¿Y su familia? ¿Cuántas compraron los miembros del consejo de administración de Bankia, Novagalicia o CatalunyaCaixa? ¿Y el gobernador del Banco de España, invirtió él también parte de sus ahorros en preferentes? ¿Algún responsable de la CNMV teme hoy perder un 70% de su inversión? ¿Cuántos ministros y ex ministros, cuántos diputados del PSOE o del PP están atrapados en la trampa de las preferentes?
Lo pregunto porque, vistas las condiciones a que se vendían, con un tipo de interés tan alto y una promesa de seguridad absoluta, no entiendo cómo ninguno de ellos picó el anzuelo. Claro, que igual ni se las ofrecieron, pues eran productos reservados para clientes muy especiales, clientes “preferentes”: todos aquellos con la suficiente ignorancia financiera como para caer en una trampa así.
Incluso podríamos bajar algún escalón más: los directores de oficina que comercializaron las preferentes a clientes que confiaban en ellos como antaño en el párroco, ¿cuántos invirtieron sus propios ahorros en un producto tan tentador? Sí, ya sé que tenían presiones, que las órdenes venían de arriba, y que el nivel de responsabilidad no es el mismo en un consejero delegado que en un jefe de sucursal. Además, en algunos casos ni los propios comerciales entendían bien lo que estaban vendiendo, y tampoco un director de oficina tiene por qué saber que su banco oculta pérdidas de miles de millones mientras presume de beneficios.
Pero viendo la manera en que fueron estafados ancianos analfabetos o enfermos mentales, algo tendrán que decir también quienes les pusieron el papel delante para que firmasen, quienes incluso llegaban a convertir una cartilla infantil en un producto basura o te sacaban los ahorros del plazo fijo para meterlos en preferentes sin avisar. De hecho, hay ya denuncias también contra directores, y muchos han sido trasladados de sucursal para no sufrir la ira de sus clientes tras dejar atrapados pueblos enteros.
Sí, ya me sé las respuestas a las preguntas anteriores: ninguno de los eslabones de esa larga cadena, desde el director de sucursal hasta el presidente del Banco de España pasando por la CNMV, el ministerio de Economía y los consejos de administración, tiene dinero atrapado en el corralito de las preferentes. Y es que todos sabían que no era un buen negocio, que era demasiado arriesgado meter dinero en un producto cuyo precio estaba hinchado y que te dejaba a merced de los bancos en un momento de grave crisis financiera global.
Quiero decir con esto que, para que la mayor estafa financiera en la historia de España haya sido posible, no basta con una mano negra que aprieta un botón; es necesaria la participación, la complicidad o la vista gorda de muchísima gente. Y la mayoría de ellos, si no todos, deberían estar a esta hora imputados en un macroproceso judicial que ya están tardando en abrir. Menos arbitraje ( favorable a las entidades) y más justicia.
Habrá quien quiera bajar un peldaño más en la escalera de responsabilidades, y culpar a los propios ahorradores, por no haber desconfiado de un producto que ofrecía rentabilidades tan altas y sobre los que la prensa económica mostraba dudas. Pero aparte de los engaños más evidentes, con los tenedores de preferentes pasa como con quienes firmaron una hipoteca abusiva: su pecado es haber creído que existían controles, leyes y autoridades que velaban por sus derechos, cuando resulta que la única ley vigente era la de la selva.
eldiario.es/zonacritica /  


**Un informe secreto de la CNMV revela que Bankia incumplió la ley con sus preferentes



Un documento oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores señala que la entidad financiera incumplió la ley de manera continuada al colocar preferentes a pequeños ahorradores a un precio que no correspondía
Bancaja, Caja Madrid y luego el banco fusionado usaron mecanismos de venta opacos y beneficiando injustamente a unos clientes sobre otros, según la CNMV
Solo en una investigación muy parcial se desvelan pérdidas medias de 2.600 euros por persona en operaciones que afectan a decenas de miles de clientes por valor de hasta 220 millones de euros

**Como reclamar a los Bancos el cobro indebido de “comisiones por descubierto”


Como reclamar a los Bancos el cobro indebido de comisiones por descubierto

Miles de ahorradores descubriran a partir de ayer que tenían inversiones en participaciones preferentes

EL FROB OBLIGA A COMUNICAR ANTES DEL LUNES EL CANJE POR ACCIONES


Las asociaciones de consumidores denuncian que muchos clientes están descubriendo que lo que creían tener en fondos se invirtió realmente en participaciones preferentes. El arbitraje impuesto a las entidades obliga a informar a partir de ahora por escrito. El FROB contempla esas "ventas sin documento contractual" o la "denominación de manera incorrecta" del producto. 

El FROB da luz verde al canje de preferentes por acciones

Miles de ahorradores todavía descubrirán a partir de ayer (19/04) que parte de los fondos que tenían en depósitos de valores se han invertido, en realidad, en participaciones preferentes. Así está ocurriendo ya con algunos clientes de Cajamadrid a los que el protocolo de comunicación del FROB obliga a informar de que sus preferentes serán canjeadas por acciones con una pérdida del 38% de la inversión, según han revelado a Vozpópuli fuentes de ADICAE, que aseguran que están recibiendo nuevas denuncias de preferentistas que desconocían serlo hasta ahora. 
El FROB permite el arbitraje a las entidades "sin documento contractual" o que hayan denominado "de manera incorrecta" el producto
Hasta el momento, 700.000 ahorradores eran conscientes de haber invertido en participaciones preferentes. Algunos miles más podrían aflorar ahora, según esas fuentes que aseguran que el Gobierno ya contemplaba esa posibilidad al permitir que acudan al arbitraje quienes hayan sufrido irregularidades en lo que el mecanismo de arbitraje establecido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) define como “relativas a la documentación contractual”. Ese decreto ya contempla la posibilidad de que algunas entidades hayan realizado esa operación sin mediar contrato o incluso que hayan denominado la inversión de una manera diferente a la real.
Por ello, el arbitraje del FROB concede prioridad a quien pueda demostrar:
  • Inexistencia del documento contractual
  • Falta de documentación relevante en el expediente de tramitación
  • Incorrecciones relevantes en el documento contractual (vgr: denominación incorrecta del producto, falta de alguna de las firmas en caso de cotitularidad).
Los representantes de los ahorradores denuncian que esos casos no son supuestos para el arbitraje sino “indicios de delito” y que, por tanto, el Gobierno abre una vía amistosa en lugar de lo que –según ADICAE—debiera ser la “persecución de delitos”. 

La Junta Arbitral de Consumo traslada el problema a las entidades
Los bancos han presionado a la Junta Arbitral designada por el Ejecutivo para que centralizara las demandas en la propia sede del arbitraje o en las oficinas de KPMG, la empresa que deberá valorar las demandas antes de decidir si tienen o no cabida en el mecanismo de arbitraje. Las entidades querían evitar, según fuentes de esa negociación, que los afectados tuvieran que presentar sus quejas en las mismas sucursales que comercializaron el producto.
Sin embargo, la Junta ha optado por tramitar la causa sucursal por sucursal para evitar problemas de orden público. La junta temía que centralizar en una sola ventanilla a los miles de reclamantes pudiera dar lugar a los disturbios que se pretenden evitar.
El arbitraje cerrará la vía a las demandas judiciales. Quienes se avienen a un convenio arbitral y a una solución amistosa, lógicamente, deberán renunciar a las demandas judiciales.

CEOE pide una nueva reforma laboral que impida la intervención de los jueces.


Juan Rosell, jefe de la patronal, espera que los cambios que se avecinan en materia laboral hagan la ley "más fácil, para que (los jueces) no tengan posibilidad de interpretación"
Expertos laboralistas recuerdan a la CEOE que la facultad de interpretar la ley por parte de los jueces está recogida en la Constitución

En su opinión, "la judicatura no tiene que interpretar" la ley por lo que pidió que se haga la ley "más fácil, de forma que no haya posibilidad de interpretación".
La demanda de Rosell deja palpable el descontento empresarial por la aplicación que está teniendo la reforma laboral. Pese a que a priori se había puesto un puente de planta a los despidos por causas económicas, los tribunales están moldeando la reforma con sus sentencias y poniendo muchas trabas a su aplicación. Como ya explicó eldiario.es, ya hay 50 sentencias que ponen límites a la reforma laboral, con los jueces fallando muy a menudo a favor de los trabajadores.


Artículo: http://adf.ly/N9QLK


En España: 641, 40 euros mensuales

El pasado mes de diciembre, el recién aprobado Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2012 en los  641,40 euros mensuales, a causa de la "difícil coyuntura económica", según confirmó la ministra portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Tras subir un 1,3% en 2010, el SMI quedó fijado en 21,38 euros al día, 2,6 euros la hora o 641,40 euros al mes y en cómputo anual en ningún caso por debajo de los 8.979,60 euros.

Los motivos ocultos de la banca para oponerse a una nueva Ley Hipotecaria


Encarecerá las hipotecas. Es el principal argumento que está esgrimiendo la banca para oponerse a una modificación de la Ley Hipotecaria, en general, y de la popularización de la dación en pago, en particular.
Según su razonamiento, los particulares serán los principales afectados, al tener más difícil poder acceder a este tipo de créditos y, por ende, a la posibilidad de adquirir una vivienda.
Pero la realidad es que la propia banca es la primera interesada en que no cambie ni una coma de la normativa, porque la inmensa mayoría de su crecimiento en los últimos años se ha basado en la concesión de créditos a familia y empresas, con las hipotecas como producto estrella.
Los números hablan por sí solos. Según el informe "El sector bancario español en el sector internacional", editado por la Fundación BBVA y elaborado por los profesores Joaquín Maudos y Juan Fernández de Guevara, entre 1997 y 2007, cuando se creó la burbuja inmobiliaria, el 73% del crecimiento del activo de las entidades se explicó por el volumen de préstamos concedidos, fundamentalmente a familias y empresas.
Esta cifra se eleva hasta el 75,6% cuando se mira sólo el periodo que va de 2002 a 2007, frente al 51,8% de la media europea, ya que, a diferencia de lo que ocurrió en España, la actividad bancaria de la eurozona también se basó con fuerza en la renta fija y en la financiación concedida al sector no residente.
Y dentro del tipo de préstamos concedido por la banca española, el destinado a la compra de vivienda ha sido el más importante, al representar el 21,9% de su total, frente al 17,8% de la media europea.
Años de excesos
Suma y sigue, porque entre 2002 y 2007, mientras el crecimiento de la concesión de préstamos hipotecarios en la eurozona se incrementó a un ritmo del 9,03% anual, en España lo hizo en un 19,32%, diez puntos más.
También fue muy superior a la media el incremento de los créditos al consumo en España (13,09% frente al 3,49% anual) y de otros créditos ( 11,94% frente al 3,91%), aunque comparados con los hipotecarios, su incremento se queda pequeño.
Este enardecido ritmo de concesión de préstamos explica el disparado nivel de endeudamiento que tienen las familias (850.000 millones en la actualidad) y fue el maná que permitió a la banca española su espectacular crecimiento.
Una expansión que, especialmente en el caso de las cajas, ha demostrado tener pies de barro, ya que cuando cuando la barra libre crediticia desapareció -tanto por la falta de liquidez de las entidades como por la imposibilidad de las familias de pedir préstamos- el sector se vino abajo.
Tan abajo, que España ha tenido que pedir una línea de crédito de hasta 100.000 millones a Europa para evitar su quiebra.
Sin embargo, la morosidad hipotecaria sigue siendo espectacularmente baja, ligeramente superior al 3%, lo que indica que, a pesar del 25% de desempleo y de la agónica situación que viven muchos hogares, lo último que dejan de pagar las familias es su vivienda. Todo un salvavidas para el sector financiero, se podría decir que la mejor garantía posible. ¿Para qué cambiar?
Intereses y más intereses
Cuando las entidades financieras aseguran que ellas también resultan perjudicadas al tener que embargar una vivienda, porque su negocio no consiste en quitar pisos, sino en dar créditos para que la gente los compre, dicen la verdad.
Cuando afirman que son las primeras interesadas en volver a conceder crédito y en que la liquidez circule por la economía, también dicen la verdad, porque su margen viene de los intereses que cobran con los préstamos.
Otro motivo por el cual tampoco quieren cambiar la actual Ley Hipotecaria introduciendo medidas contra el sobreendeudamiento, ya que éstas limitan indirectamente el ingente nivel de intereses que han cobrado hasta ahora.
Este razonamiento básicamente se resume en cumplir los criterios de prudencia que recomienda el Banco de España: limitar el importe de la hipoteca al 80% del valor de tasación; a 25 años el plazo; y al 35% de los ingresos netos la letra mensual.
Estas reglas quedan muy lejos de los créditos al 120% del valor de tasación, concedidos a 40 años y con una letra que suponía la mitad, y más, de los ingresos mensuales. ¿Por qué los concedió la banca? Y la pregunta del millón, ¿por qué sigue ofreciendo hipotecas al 100% durante 35 años cuando se ha demostrado tan nefasto?
Porque cuanto mayores sean el plazo y el importe, muchos más intereses termina cobrando la banca a lo largo de la vida del crédito y más ganancia obtiene.
En cambio, si se limita, su ganancia sería menor, el valor de los pisos caería, la gente se vería forzada a ser más prudente, porque necesitaría ahorrar y cumplir unos requisitos más estrictos para comprar una casa, y la lógica indica que debería desarrollarse un mayor mercado de alquiler que rivalizaría cada vez más con el hipotecario.
¿Quién es entonces el perjudicado por el encarecimiento de las hipotecas?

LA INFANTA ALEGA QUE EL JUEZ DEBIÓ TENER "ESPECIAL CUIDADO"


V.P.- 16/04/2013

El escrito presentado por la hija del rey contra el auto que la imputa recalca que el magistrado debió tomar "en consideración" su condición de personaje público "vinculado a instituciones centrales del Estado". La mujer de Urdangarín considera que su citación para declarar supone "un juicio de condena provisional multiplicado por el papel social de los medios de comunicación".

Donde el rey dijo "la justicia es igual para todos", la infanta Cristina asegura que para imputar a "ciertos personajes públicos" los jueces deben tener "especial cuidado" a la hora de valorar los indicios contra ellos. La defensa de la hija del monarca presentó este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma el escrito por el que se oponen al auto del juez José Castro de imputarla por su presunta implicación en la trama gestada por su marido, Iñaki Urdangarín, y el exsocio de éste, Diego Torres. En el escrito, de 32 folios de extensión y firmado por Miquel Roca Junyent y Jesús María Silva, también destaca que los miembros de la Casa Real no son culpables de las actividades supuestamente irregularidades de las ONG que "disfrutan de un apoyo formal" por su parte, sino que los responsables últimos son "siempre los empleados de ésta" que son los que deben "velar por la adecuación a la legalidad de los objetivos a los que se prestan padrinazgo o apoyo".

En el documento, con el cual la representación legal de la infanta se adhieren en su totalidad al recurso interpuesto por la Fiscalía contra la imputación de ésta, los abogados defensores de la hija del rey insisten en que los catorce indicios enumerados por el juez Castro para actuar contra ella son "débiles, inconsistentes e insuficientes". Es en este punto en el que el escrito introduce el hecho de que no es lo mismo adoptar esta medida contra un miembro de la Casa Real que contra otro ciudadano, ya que considera que "para ciertos personajes públicos, especialmente aquellos vinculados a instituciones centrales del Estado, la primera declaración ante el instructor tiene socialmente un sentido punitivo adicional que debe ser tomado en consideración". ¿Cómo? Los dos letrados recalcan que en estos casos, la imputación se convierte "en un juicio de condena provisional, multiplicado por el papel social de los medios de comunicación". Por ello, aseguran que el juez debería haber tenido "un especial cuidado en el momento de valorar la solidez de los posibles indicios que hipotéticamente habrían de conducir a la imputación".

Para apoyar dicho argumento, Roca y su compañero esgrimen también que la imputación de la infanta está sustentada únicamente en las declaraciones del exsocio de Diego Torres, también encausado, y aventuran que el objetivo último de éste es "introducir un gran volumen de ruido mediático". Un detalle, este último, que el escrito considera "cuestión esencial", ya que considera que el antiguo amigo de Urdangarín puede tener "un móvil espurio de odio, una animadversión o una enemistad o enfrentamiento manifiesto" hacia la hija del rey. Por ello, consideran que la credibilidad de la declaración de Torres en la que implicaba a la infanta en la gestión del Instituto Nóos, el epicentro de la trama, es "nula". "Hay aspectos de ella que son radicalmente falsos", remachan en el documento presentado ante el juez, en el que también se destaca que Torres abusa "del ejercicido del derecho de defensa" y que ha conseguido que "el juez de instrucción sea instrumentalizado para conseguir fines ajenos al proceso". Los abogados de la infanta recuerdan que, en su condición de encausado, el exsocio de Urdangarín tiene "licencia para mentir".

"Confianza especial" con su marido

También es significativo cómo la defensa de la infanta Cristina marca distancias con el marido de ésta en el proceso. Así, destaca que los conyuges "sólo tienen deberes de impedir o denunciar delitos cuando éstos atentan contra la vida, integridad, salud, libertad o libertad sexual. Es evidente que en esta pieza separada no se están investigando hechos de esta naturaleza", recalca. En esta línea, insiste que "en una relación conyugal" existe siempre una "confianza especial" hacia la actuación de la pareja, que en el caso de la hija del rey, además, "se veía reforzada" por la presencia en el Instituto Nóos de "una persona situada en la posición de garante de control", en este caso el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga. Por ello, considera que "la posibilidad de que nuestra defendida ya no pudiera confiar razonablemente en la licitud de la actividad de su esposo no es más que una suposición sin fundamento objetivo".

En este punto, el escrito destaca que "tras conocer las primeras polémicas mediáticas sobre su participación en el Instituto Nóos" en diciembre de 2005, la infanta sólo tardo tres meses en dimitir como miembro de la junta directiva de la ONG y que ya no entró a formar parte del patronato de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), la entidad con la que Urdangarín y Torres intentaron mantener sus actividades tras recibir el toque de atención por parte de Zarzuela. "Es decir, ajustó su conducta de modo escrupuloso al estándar de actuación conforme al principio de confianza", añade. Por todo ello, concluye que en el sumario "no hay ningún dato" del que se pueda "inferir directamente una hipotética actuación de carácter delitivo o que se salga de lo que es normal en el ámbito de las relaciones matrimoniales", se destaca en el escrito.

La defensa de la hija del rey es especialmente dura con el juez Castro, al que acusa de basarse en "conjeturas personales" para sustentar la imputación. "A estas alturas del procedimiento [el juez reconocía en el auto que estaba en la fase final de la instrucción] parece razonable exigir una mayor consistencia en los indicios racionales de criminalidad que conduzcan a un juicio procesal de imputación", añaden. De hecho, gran parte del escrito de Roca y Silva se centra en rebatir la validez de los polémicos correos electrónicos incorporados a la causa por Diego Torres y que el magistrado esgrimió en su auto como sustento clave en cinco de los catorce indicios contra la hija del rey. Así, destaca que uno de ellos se redacta cuando el Instituto Nóos carece de actividad por lo que "no puede ser relevante para los hechos que se están investigando en la presente pieza separada". De un segundo, el único en el que la propia infanta es receptora, destaca que el mismo se dirige "a un gran número de personas, concretamente setenta y seis" y que, por tanto, del mismo "no puede exteriorizarse un hipotético contenido delictivo".

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