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jueves, 31 de enero de 2013

Operación Vergüenza


Decididamente hay que reformular los nombres de los “casos” judiciales en España. Debemos poner a cada uno en su sitio desde la Casa Real hasta la Iglesia pasando por el PP.

Estamos hartos de oír hablar del Caso Urdangarín pero es muy inexacto. Este es realmente un expediente que afecta a la Casa Real. Iñaki era miembro de dicha Casa y lo sigue siendo, aunque lo tengan escondido. El chico no hizo las cosas solo. García Revenga asesor y secretario de las Infantas, en nómina de Zarzuela, también está imputado.

¿La mujer de Torres va día sí día también al juzgado pero la Infanta Cristina no sabía nada? ¿No estaba asombrada de lo espabilado que le había salido el jugador olímpico para las finanzas? Claro que puestos a interrogarnos, me maravilla que los suegros no les preguntasen a los duques cómo consiguieron comprarse la mansión de Pedralbes. ¿No le mosquea a la Reina que Urdangarín lleve a sus actos a Corina, la amiga del Rey? Por lo tanto creo que deberíamos cambiarle el nombre al asunto y denominarlo: el Caso Real.

De una vez por todas la Jefatura del Estado debería dar algún paso más. El Rey ya ha cumplido su mandato (difícil y arriesgado) y lo mejor que podría hacer es jubilarse y pasarle el mando a su hijo. Sería una buena lección de patriotismo, como la que protagonizó, en su día, su padre.

Eso sería la mejor forma de proteger la Monarquía porque les aseguro que en una República todas nuestras dudas ya hubiesen sido cuestionadas hace tiempo y si me apuran incluso contestadas ya que de no ser así siempre nos quedaría la opción de no votar más al supuesto presidente.

Debemos exigir transparencia a la Jefatura del Estado aunque Rajoy quiera dejarla fuera de la Próxima Ley de Transparencia. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué ha pasado, quién ha cometido un delito, quién ha consentido y quién ha mirado hacia otro lado. Los negocios, trabajos y ahorros de la Familia Real deberían ser tan públicos como el del último diputado. Son servidores del Estado, tal como ellos mismos recuerdan de vez en cuando.

Ocurre lo mismo con los casos Bárcenas o Gürtel. Ambos son el Caso del PP y de sus dirigentes El primero era nada más y nada menos que el tesorero y los segundos los que inundaron al partido y a los bolsillos de algunos militantes-dirigentes de comisiones. Miren si estaban integrados con las altas instancias que estamos hartos de verlos en televisión entrando en el Escorial, lavados y trajeados, para asistir a la boda de la hija de Aznar.

Nacieron en las faldas de Esperanza de España pero ahora la Condesa sufre un ataque de amnesia y dice que al único que conoció de esa pandilla era López Viejo y lo echó. La mujer se ha olvidado de los alcaldes, concejales y conocidos dirigentes de la Comunidad de Madrid que vacilaban a los Gürtel.

Todos tenían cuentas en Suiza incluidos los empresarios. López Viejo también regularizó una con 1´6 millones de euros. Ahora dice estar ansioso por hablar en cuanto termine con la justicia ya que está imputado por los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Si tiene que decir algo que lo diga ahora porque después del juicio ya no nos interesará.

Otro caso chocante y reciente, aunque de menor cuantía, ha sido el Caso Mulas, en referencia al director de la Fundación Ideas del PSOE. Lo han destituido tras conocerse que esa entidad había pagado más de 50.000 euros a una columnista ficticia, Amy Martin, que ha resultado ser su mujer.

¿Pero Jesús Caldera, exministro de Trabajo y máximo responsable de la Fundación no se había planteado nunca quién era esa colaboradora? ¿Cómo le pagaban 3.000 euros por artículo? ¿Saben lo que cobran los periodistas por colaborar en un medio?

Si Caldera lo sabía debería irse también y si no se había preocupado en averiguarlo tendría que dimitir por inútil. Pero además me choca, que con lo aficionados que son “los aparatos” de los partidos en saber quién es quién, a nadie le hubiese chocado la firma de Amy, ni hubiesen investigado quién era.

Y ya no digamos el Caso de Sor María, la monja que dicen que ha muerto pero nadie ha visto el cadáver. La única imputada por robos de bebés en España. El tema es tan fuerte que no se puede personalizar en una sola persona. Había una trama de robos de recién nacidos y se debe seguir investigando e imputando.

Este es otro Caso de la Iglesia, no de una monjita y su ginecólogo. Para crear la red necesitaron el apoyo de muchas personas, organizaciones, autoridades y el silencio de otras muchas.

Mercè Rivas Torres

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