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lunes, 3 de diciembre de 2012

Todas las asociaciones de jueces y fiscales: “Damos por muerto a Gallardón”


Punto y final. Todas las asociaciones de jueces y fiscales no quieren volver a hablar con el ministro de Justicia. Para ellos, Alberto Ruiz Gallardón “ha muerto”, y no quieren saber nada más de él. Han pedido su inmediata dimisión y que su interlocutor sea, a partir de ahora, el presidente del Gobierno. “Las asociaciones le damos por muerto. No nos sirve para hablar. Es potestad del presidente del Gobierno mantenerle o destituirle”, ha afirmado con contundencia el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, José Luis Armengol.

Es decir, está en manos de Mariano Rajoy que toda la carrera judicial en bloque no vaya a la huelga. Jueces y fiscales, con el apoyo de los abogados, ya están planteando una huelga, incluso de hasta una semana de duración, si el Ejecutivo no paraliza algunas de sus reformas. Siguiendo su hoja de ruta, el próximo día 11 harán un paro de una hora y media, como “máxima expresión de su descontento” pero que solo suponga un leve perjuicio al ciudadano, ha explicado el portavoz de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, Joaquim Bosch. Los jueces sólo han hecho huelga una vez en toda la historia democrática de España, y esto le costó el cargo al que fuera ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

La convocatoria de huelga pende únicamente de un sólo hilo. Que no se apruebe la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, prevista para el 18 de diciembre ni se presente el proyecto de ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial, que afecta a la independencia judicial. En una reunión de todas las asociaciones, algunas de ellas ya apostaban por convocar la huelga sin esperar. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora, es la más reticente a ir a la huelga. La Comisión es consciente de que deben ir todos juntos porque “la unidad de acción es esencial”, ha señalado el portavoz de Foro Independiente Judicial, Ángel Dolado.

Aun así, dejan una puerta abierta al diálogo, siempre y cuando Rajoy acepte recibirles y abrir una mesa de diálogo. Pero que sea el presidente de Gobierno, no Ruiz Gallardón. No quieren volver a hablar con él. Si llama, le dirán que están esperando para hablar con el presidente del Ejecutivo. “Nuestro interlocutor es el presidente del Gobierno, llame quien llame”, ha recalcado Armengol.

De todas maneras, recuerdan que han adoptado esta decisión ante la “pasividad” del ministro, que se ha negado a abrir una mesa de negociación, y que desde que se ha abierto este conflicto con la carrera judicial, únicamente se ha reunido con ellos en una ocasión, concretamente el pasado 2 de octubre. “No ha tenido reflejos suficientes, no ha sabido dialogar”, ha puntualizado Bosch, quien ha añadido que se le acabó el tiempo.

Sin embargo, desde el Ministerio se considera que su interlocutor es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y es este órgano el que debe trasladarle las peticiones o reivindicaciones de los jueces. De ahí que el ministro nunca haya accedido a establecer una mesa de negociación y solo accedió a reunirse con las asociaciones en una ocasión para escucharles, tal y como se explicó desde el Ministerio en ese momento.

Las carreras judicial y fiscal se han erigido abanderadas de las injusticias sociales. Ellos mismos reconocen que se están involucrando en temas sociales porque “creemos que debemos hacerlo”. De ahí que se opongan a las tasas judiciales aprobadas por el Gobierno porque “van a descongelar la Justicia a costa de impedir a los ciudadanos el acceso a ella”, ha subrayado el portavoz de la Comisión. Consideran que las tasas van a limitar el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia y “los jueces y fiscales no aceptamos la reducción de la carga de trabajo a costa de perjudicar los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

También exigen que haya una unificación de criterios sobre los desahucios en su tramitación parlamentaria del Real Decreto sobre las ejecuciones hipotecarias y la ampliación de su cobertura para la protección de otros colectivos desfavorecidos.


El Confidencial


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