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viernes, 9 de noviembre de 2012

Los cargos públicos sancionados por mala gestión pública podrán concurrir a las elecciones


  • Según una enmienda incorporada al proyecto de ley del nuevo Código Penal.
  • Se ha suprimido una disposición que impedía concurrir a las elecciones a aquellos sancionados por la vía administrativa por la comisión de infracciones muy graves.
  • Esta norma suprimida estaba recogida en la ley de transparencia.
  Los cargos públicos sancionados por infracciones muy graves, relacionadas con la gestión presupuestaria o de carácter disciplinario, podrán presentarse a las elecciones, según una enmienda incorporada este lunes al proyecto de ley que endurece el Código Penal en materia de fraude fiscal y transparencia. Se trata de un cambio propuesto por el grupo socialista e incluido durante la reunión a puerta cerrada de la ponencia de la Comisión de Justicia que analiza dicho proyecto de ley, según fuentes del PSOE. 

   De esta forma, se ha suprimido de la norma una disposición que impedía concurrir a las elecciones a aquellos sancionados por la vía administrativa por la comisión de infracciones muy graves reguladas en la ley de transparencia. Según la justificación de la enmienda, esta disposición no sólo podría resultar anticonstitucional, sino que además incurre en "deficiencia técnica" al hacer referencia a la ley de transparencia, que aún no ha sido aprobada por el Parlamento.
Dicha enmienda especifica que las rentas afloradas se entenderán declaradas en tiempo y forma
   Según las mismas fuentes, la ponencia también ha incluido en el texto otra enmienda que modifica el título del proyecto de ley, que pasaría a ser de modificación del Código Penal "en materia de lucha contra el fraude fiscal, a la Seguridad Social y otros delitos". Por otra parte, el grupo parlamentario popular ha rehusado confirmar si la ponencia ya ha incorporado sus enmiendas al texto, entre las que se incluye una disposición adicional para aclarar los efectos de la regularización de activos ocultos. 

  Dicha enmienda especifica que las rentas afloradas se entenderán declaradas en tiempo y forma "dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo respecto de cada periodo impositivo en el que deban imputarse", lo que evitará que sean investigadas. Con ello, según justifica el PP, se pretende reforzar la seguridad jurídica y eliminar cualquier duda interpretativa al respecto "a pesar de que se trata de una cuestión implícita en la propia regulación". 

    Otra de las enmiendas del grupo popular aclara la opción de eludir la sanción para aquellos que hayan recibido una subvención o ayuda de forma indebida siempre que realicen el reintegro de la misma. La enmienda explica que se entenderá realizado el reintegro cuando se lleve a cabo "antes de que se haya notificado la iniciación de actuaciones de comprobación o control" sobre las subvenciones recibidas. 

   Además, detalla que la cuantía a devolver incluirá "el interés de demora aplicable en materia de subvenciones" en vez de "el interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales", como hasta ahora señalaba el texto, con el fin de simplificar el régimen jurídico.

    20minutos.es

  Sólo 40 de las 2.700 sentencias de la Justicia española incluyen delitos de malversación

   " Un antiguo miembro de la Fiscalía Anticorrupción, hoy destinado en un juzgado de instrucción ordinario a petición propia afirma: "No hay que olvidar que la fiscalía no es independiente. Es un cuerpo jerárquico subordinado al poder político y que depende en última instancia del fiscal general del Estado y del ministro de Justicia, es decir, del Gobierno".
  Este fiscal añade que "la Fiscalía Anticorrupción se parece muy poco al proyecto inicial, destinado a la persecución de políticos sobornados. Se ha convertido en una fiscalía especial contra el crimen organizado que sólo aparece en cuestiones políticas muy escandalosas, como lo ocurrido en Marbella o la investigación sobre el patrimonio de Jaume Matas, exministro de Aznar y expresidente de Baleares". Esos precisamente son dos de los casos que generaron sentencias condenatorias en 2011.
  Además, según afirma un magistrado de un Tribunal Superior de Justicia, "la cuestión de la responsabilidad civil en el Derecho penal español está muy mal resuelta. Está pensada para imponer penas de prisión a los acusados, pero apenas contempla el resarcimiento de la víctima, que en el caso de los delitos de malversación no es otro que el erario público".

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