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lunes, 19 de noviembre de 2012

Contra la crisis y un sistema injusto: Eliminación de los paraísos fiscales

Paraísos fiscales son todos aquellos países que niegan a otros la información que necesitan para poder aplicar sus impuestos, para lo que se amparan en el “secreto bancario”. Los bancos que operan en esos territorios, porque están constituidos en los mismos o porque allí tienen abiertas filiales o sucursales, ofrecen a sus clientes estructuras societarias y productos bancarios y financieros donde colocan el dinero que escapa al control de las Agencias Tributarias, por lo que se evitan el pago de impuestos. De esta manera, los paraísos fiscales son partícipes y promueven la evasión y el fraude fiscal.
Estos paraísos fiscales son utilizados por las grandes fortunas para la evasión de impuestos, siendo el paradigma de esta práctica la famosa “cuenta en Suiza”. Pero ésta es una práctica también frecuente entre las grandes empresas multinacionales, que suelen utilizar sus filiales constituidas en paraísos fiscales para trasladar artificialmente los capitales sujetos a impuestos que se han generado en los países donde realmente operan, con lo que dejan de pagar a las arcas públicas lo que les corresponde. Se calcula que alrededor de un 60% de las grandes empresas españolas que cotizan en el IBEX 35 operan en territorios fiscalmente opacos.
Estas prácticas de grandes fortunas y empresas no sólo son ilegítimas e ilegales, sino que suponen un verdadero expolio de las finanzas públicas. La propia OCDE, en un informe de 2011, dice literalmente: “La evasión fiscal y el fraude fiscal amenazan los ingresos de los gobiernos en todo el mundo. En muchos países desarrollados las cantidades ascienden a centenares de miles de millones de euros y los países en vías de desarrollo pierden ingresos fiscales que son vitales como consecuencia del fraude fiscal….”.
En el caso de España el fraude fiscal asciende a unos 90 mil millones de euros, de los cuales los paraísos fiscales concentran alrededor de 20 mil millones. Si el déficit público del Estado español en 2011 fue del 9,4% del PIB, es decir, algo más de 100 mil millones de euros, se advierte que la erradicación de la evasión y el fraude fiscal supondrían un saneamiento de las cuentas públicas, aún en estos tiempos de crisis, atajando el déficit y reduciendo la deuda de una manera importante.
La Constitución Española, en su artículo 31, dice: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad…...”. Entendemos que no basta con esos criterios de justicia y progresividad, que ni siquiera se cumplen, ya que resulta necesario concretar la frase “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos…” entendiendo que ese sostenimiento es la esencia fundamental del Estado Social de Derecho. El sistema tributario debe ser “suficiente” para garantizar el ejercicio de los derechos recogidos en la propia Constitución. Esta suficiencia sólo podrá cumplirse mediante una eliminación sustancial del fraude fiscal junto con el aumento real de la progresividad en todos los impuestos por separado, así como en el conjunto de la estructura tributaria.
Los problemas de déficit y deuda que estrangulan en la actualidad a la economía española no se solucionan por medio de recortes y privatizaciones que aumentan la pobreza, las desigualdades y desmantelan los servicios públicos. El recorte del gasto social no hace sino contraer la economía y aumentar el desempleo y la precariedad. Se requiere la imposición de un sistema fiscal progresivo y justo, que cobre más impuestos a quienes más tienen, y que sea suficiente para acometer los gastos e inversiones requeridos en cada momento para cubrir las necesidades de todas las personas y de la sociedad en su conjunto. En este marco, la eliminación de losparaísos fiscales, como factor que facilita y promueve el fraude fiscal, es un requisito imprescindible para que los sistemas tributarios puedan llevar a cabo la obtención con justicia de ingresos fiscales suficientes para preservar el Estado social.
Los paraísos fiscales se sustentan en el secreto bancario, permitiendo la evasión de capitales hacia cuentas secretas en entidades bancarias que niegan a jueces e inspectores de hacienda la potestad de investigar e imponer la ley tributaria. El G-20, en su declaración del 3 de abril de 2009 en Londres, decía “…acordamos desarrollar  acciones contra las jurisdicciones no cooperativas incluyendo los paraísos fiscales. Estamos listos para aplicar sanciones  en orden a proteger nuestras finanzas públicas y sistemas financieros. La era del secreto bancario ha terminado…”. ¡Pues ya es hora de que esto se lleve a cabo! 
MEDIDAS CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES
  • Eliminar el secreto bancario para la correcta aplicación de los sistemas tributarios y la investigación de los delitos.

  • Establecer el intercambio automático de información como estándar de transparencia fiscal en los tratados internacionales.

  • Urgir a Suiza y al resto de paraísos fiscales para que atiendan los requerimientos de la justicia y de las administraciones tributarias con respecto a la información que ocultan sus bancos (HSBC, Unión de Bancos Suizos, Credit Suisse, etc.).

  • Emplazar a todos los Estados para que requieran  la identidad de los clientes con cuentas en las matrices, filiales o sucursales en el extranjero de los bancos que operan en paraísos fiscales.

  • Emplazar al Reino Unido y Alemania para que reconsideren los acuerdos con Suiza de agosto de 2011 que perpetúan el secreto bancario.

  • Exigir a los grupos y empresas multinacionales la rendición anual de un informe financiero  por cada uno de los países en los que operan sus filiales.
Hervé Falciani trabajaba como ingeniero informático para el banco suizo HSBC. Falciani copió los datos de 130.000 presuntos evasores de impuestos, cuentas millonarias de particulares y empresas extranjeras que permanecían ocultas a sus respectivos gobiernos para no pagar impuestos.
La información llega al gobierno francés, y a través de éste al Ministerio de Hacienda español. Información que sirve para requerir la regularización de su situación tributaria a 659 contribuyentes españoles, por la cual se ingresaron 260 millones de euros. Todavía se espera ingresar más, pues 50 de estos clientes/evasores no han regularizado su situación.
A día de hoy, no se han ejecutado sanciones penales contra estos evasores. No se han emprendido tampoco acciones judiciales contra el banco que ha propiciado este delito fiscal. Los gobiernos españoles han promovido en los últimos años dos amnistías fiscales a los defraudadores. Pero a Hervé Falciani el Estado español lo mantiene en la cárcel desde julio de 2012 por violación del secreto bancario, un delito no tipificado en el Código Penal español.


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