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lunes, 18 de junio de 2012

Vivimos un momento crítico para el futuro de la Sanidad Publica en España

Marciano Sánchez Bayle 
Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública



Como es bien conocido el sistema sanitario en nuestro país goza de una gran consideración internacional y de unos buenos resultados en salud muy superiores a lo que correspondería a nuestro gasto sanitario. Estas ventajas se deben sobre todo a su gran accesibilidad (con un dispositivo asistencial cercano a la población), a su gratuidad en el momento del uso y a la provisión mayoritariamente publica que garantiza una elevada calidad de las prestaciones.
Esta situación esta cambiando desde hace algunos años, especialmente en las CCAA gobernadas por el PP (Madrid, Valencia, etc) donde se ha llevado a cabo una sistemática privatización de la Sanidad Pública encareciendo notablemente los gastos y empeorando el nivel de las prestaciones. Por poner un ejemplo los nuevos hospitales madrileños tienen un sobrecoste entre 7,5 y 8 veces sobre la provisión pública y además el personal médicos y de enfermería por 1.000 habitantes es notablemente inferior al de los centros públicos. Y este proceso se ha realizado derivando dinero de los centros públicos donde disminuye el presupuesto y por lo tanto se deterioran los servicios (menos médicos, personal de enfermería, tecnología, etc). Los únicos beneficiarios de este proceso privatizador han sido los propietarios de las empresas privadas que, casualmente, tienen relaciones personales e incluso familiares con los dirigentes del PP.
Pero el gran ataque a la Sanidad Pública lo ha producido el RD 16/2012 que diseña una CONTRARREFORMA SANITARIA y que es una pieza clave para desmantelar la Sanidad Pública en nuestro país. Este ataque se produce en muchos aspectos, pero solo vamos a referirnos a los que nos parecen mas importantes:
Uno.- Se cambia un sistema de salud por uno de seguros, al vincular el derecho a la atención sanitaria con el aseguramiento, en contradicción con la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley General de Salud Pública de 2011 a las que no se deroga, dejando fuera a colectivos importantes de población como los mayores de 26 años que no hayan cotizado
Dos. Se excluye a los inmigrantes no regularizados a los que se deja solo con la atención a urgencias. Aparte de consideraciones humanitarias no atender a los inmigrantes supone problemas de salud pública, sanitarios (saturación de urgencias) y de incremento de los costes.
Tres. Se señala una revisión de la cartera de servicios, estableciendo 3 niveles de los que solo la básica será de acceso gratuito, cuyas prestaciones no se definen dejándolo a una orden ministerial, lo que hace sospechar que se pretende una disminución significativa de las prestaciones asistenciales del Sistema Nacional de Salud.
Cuatro: se establecen copagos generalizados: en farmacia (ampliando el copago de los activos e incluyendo a los pensionistas),y además se incluyen copagos en transporte, dietoterapía, prótesis y ortoprotesico, en una cuantía todavía por conocer. El copago de los pensionistas en teoría tiene unos topes según la cuantía de las rentas, pero de hecho todos tendrán que pagar el 10% y luego reclamar la devolución que se deberá realizar en un plazo de 6 meses, lo que es de sospechar se producirá mucho mas tarde. Por todo ello se van a producir efectos gravísimos sobre las personas con bajos ingresos, los que tienen enfermedades crónicas, los que precisan desplazamientos frecuentes a los centros sanitarios para diagnostico y/o tratamientos, los que viven en el área rural y los discapacitados. El resumen es que, siendo optimistas, al menos 6 millones de personas no podrán recibir la atención sanitaria que precisan, lo que conllevara un aumento de la mortalidad de estos grupos de población y de las desigualdades en el acceso a las prestaciones sanitarias.
Cinco. Se anuncia un nuevo medicamentazo con exclusión de la financiación pública de aquellos medicamentos para los que hay una alternativa comercial, es decir los analgésicos y antiulcerosos, que tendrán que ser pagados al 100% por todo el mundo (activos y pensionistas).
En resumen se trata de una verdadera contrarreforma sanitaria que cambia el modelo, que pone muy serios obstáculos para la atención sanitaria a un grupo importante de población y que avanza en la segmentación de la sanidad, hacia un modelo de seguros privados para los ricos, un sistema de seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto. Un gran retroceso para la Sanidad Pública que generara desigualdad y problemas serios de salud y nos sitúa en la época franquista.
Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública consideramos que las claves para el mantenimiento de la Sanidad Pública de calidad, universal y gratuita en el momento del uso son:
1) Financiación suficiente y finalista.
2) Garantizar la equidad en la accesibilidad a la atención sanitaria a todos los ciudadanos en el conjunto del territorio. Lo que es responsabilidad del Ministerio de Sanidad y las CCAA.
3) Mantener la gratuidad en el momento del uso.
4) Establecer mecanismos eficaces de coordinación en el conjunto del SNS.
5) Garantizar la transparencia del Sistema Nacional de Salud.
6) Mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Salud.
7) Paralizar los procesos de privatizaciones.
8) Potenciar la Atención Primaria de salud.
9) Desarrollar instrumentos eficaces de participación.
10) Poner en marcha la coordinación sociosanitaria.
Para poder evaluar el funcionamiento del SNS se precisan de sistemas de información compartidos por todas las CCAA y que estén disponibles para el conjunto de la población que es quien lo sufraga con sus impuestos, lo que por supuesto no se garantiza en el proyecto de ley de transparencia, que mas parece de “ocultación”.
La Sanidad Pública no es insostenible sino una conquista social que garantiza la solidaridad y la equidad especialmente en momentos de crisis. Hay que mantener y reforzar el sistema sanitario público como una garantía para los que tienen menos recursos y mas necesidades de salud. El derecho a la salud de todos debe estar por encima de los intereses económicos de unos pocos

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AJUSTE

Sanidad descontará las medicinas de la paga mensual de los jubilados

- El Gobierno rebaja los requisitos para obtener la tarjeta sanitaria   

(Sanidad elimina en un real decreto la figura de persona sin ingresos para tener asistencia:  Se ponían a demasiados votantes en contra, por lo que reculan en esto pero dejan fuera a los "sin papeles" que poco pueden protestar y no votan)



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