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lunes, 18 de junio de 2012

Ley Sinde-Wert: la Comisión de Censura comienza a actuar

Desde estas mismas páginas alertamos en su día sobre el siniestro procedimiento de censura que pretendía establecerse mediante la Ley Sinde-Wert.  Volvimos a avisar cuando se conocieron los primeros borradores del reglamento. Y lo volvimos a hacer cuando el PP consumó el proyecto liberticida impulsado por la embajada de Estados Unidos con la aquiescencia del PSOE.

Durante años hemos advertido de lo que se nos venía encima: son los últimos estertores de un mundo que agoniza, y que va a morir censurando, atacando a la estructura distribuida de enlaces que constituye la base de internet.  Durante años, el poder político en España ha intentado retrasar en lo posible el desarrollo de la red, un espacio de libertad radicalmente opuesto a las jerarquías corruptas del sistema.  En esa labor obstruccionista, ha contado con la inestimable colaboración de los lobbies del copyright, defendidos en última instancia por los medios de comunicación en manos del poder financiero.

La censura ya está aquí, y mostrando su peor rostro. Solo los juristas nazis se atrevieron a tanto: un procedimiento administrativo sumarísimo diseñado para dejar sin defensa a aquellos que son sus destinatarios. Las webs denunciadas frente a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, no podrán ser parte del procedimiento, ni formular alegaciones. Se vulnera con ello el derecho de defensa y el derecho a una tutela judicial efectiva, básicos en toda democracia que merezca tal nombre.

El furor prohibicionista ha llevado a los impulsores de la censura a vulnerar la Directiva Europea sobre el Comercio Electrónico, que en su artículo 15 establece la inexistencia de una obligación general de supervisión, textualmente: "Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas...".

A los responsables de las webs denunciadas los censores les imponen el deber de supervisar todos sus enlaces, presentes o futuros, bajo la amenaza de ser considerados responsables de los mismos, y una multa de 600.000 euros si no obedecen la orden de retirada de contenidos. Tal imposición, unida a la imposibilidad de defensa dentro del procedimiento, al no ser considerado parte interesada, constituye en la práctica una dictadura informativa.

La censura de la Ley Sinde-Wert no se dirige exclusivamente a páginas sospechosas de piratería: se dirige contra todos nosotros, se dirige contra las libertades. No olvidemos que el movimiento de resistencia 15-M ha sido desde su génesis una red distribuida de enlaces, unos enlaces que hoy están en peligro. La censura de la Ley Sinde-Wert es el equivalente para internet a una enfermedad neuronal.

Frente a un poder corrupto, basado en la obediencia, se alzará la resistencia de todos los nodos de la red. Una red que para muchos ya es nuestra patria, y que será para todos nuestro campo de batalla. Ha llegado el momento de luchar.

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