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"Le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles eran los factores que destruyen al ser humano y respondió así: "La política sin principios. El placer sin compromiso. La riqueza sin trabajo. La sabiduría sin carácter. Los negocios sin moral. La ciencia sin humanidad"

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jueves, 29 de diciembre de 2011

¿Queremos ser como ellos?

En un hormiguero bien organizado, las hormigas reinas son pocas y las hormigas obreras, muchísimas. Las reinas nacen con alas y pueden hacer el amor. Las obreras, que no vuelan ni aman, trabajan para las reinas. Las hormigas policías vigilan a las obreras y también vigilan a las reinas.

La vida es algo que ocurre mientras uno está ocupado haciendo otras cosas, decía John Lennon. En nuestra época, signada por la confusión de los medios y los fines, no se trabaja para vivir: se vive para trabajar. Unos trabajan cada vez más porque necesitan más que lo que consumen; y otros trabajan cada vez más para seguir consumiendo más que lo que necesitan.

Parece normal que la jornada de trabajo de ocho horas pertenezca, en América Latina, a los dominios del arte abstracto. El doble empleo, que las estadísticas oficiales rara vez confiesan, es la realidad de muchísima gente que no tiene otra manera de esquivar el hambre. Pero, ¿parece normal que el hombre trabaje como hormiga en las cumbres del desarrollo? ¿La riqueza conduce a la libertad, o multiplica el miedo a la libertad?

Ser es tener, dice el sistema. Y la trampa consiste en que quien más tiene, más quiere, y en resumidas cuentas las personas terminan perteneciendo a las cosas y trabajando a sus órdenes. El modelo de vida de la sociedad de consumo, que hoy día se impone como modelo único en escala universal, convierte al tiempo en un recurso económico, cada vez más escaso y más caro: el tiempo se vende, se alquila, se invierte. Pero, ¿quién es el dueño del tiempo? El automóvil, el televisor, el video, la computadora personal, el teléfono celular y demás contraseñas de la felicidad, máquinas nacidas para ganar tiempo o para pasar el tiempo, se apoderan del tiempo. El automóvil, pongamos por caso, no sólo dispone del espacio urbano: también dispone del tiempo humano. En teoría, el automóvil sirve para economizar tiempo, pero en la práctica lo devora. Buena parte del tiempo de trabajo se destina al pago del transporte al trabajo, que por lo demás resulta cada vez más tragón de tiempo a causa de los embotellamientos del tránsito en las babilonias modernas.

No se necesita ser sabio en economía. Basta el sentido común para suponer que el progreso tecnológico, al multiplicar la productividad, disminuye el tiempo de trabajo. El sentido común no ha previsto, sin embargo, el pánico al tiempo libre, ni las trampas del consumo, ni el poder manipulador de la publicidad. En las ciudades del Japón se trabaja 47 horas semanales desde hace veinte años. Mientras tanto, en Europa, el tiempo de trabajo se ha reducido, pero muy lentamente, a un ritmo que nada tiene que ver con el acelerado desarrollo de la productividad. En las fábricas automatizadas hay diez obreros donde antes había mil; pero el progreso tecnológico genera desocupación en vez de ampliar los espacios de libertad. La libertad de perder el tiempo: la sociedad de consumo no autoriza semejante desperdicio. Hasta las vacaciones, organizadas por las grandes empresas que industrializan el turismo de masas, se han convertido en una ocupación agotadora. Matar el tiempo: los balnearios modernos reproducen el vértigo de la vida cotidiana en los hormigueros urbanos.

Según dicen los antropólogos, nuestros ancestros del Paleolítico no trabajaban más de veinte horas por semana. Según dicen los diarios, nuestros contemporáneos de Suiza votaron, a fines de 1988, un plebiscito que proponía reducir la jornada de trabajo a cuarenta horas semanales: reducir la jornada, sin reducir los salarios. Y los suizos votaron en contra.

Las hormigas se comunican tocándose las antenas. Las antenas de la televisión comunican con los centros de poder del mundo contemporáneo. La pantalla chica nos ofrece el afán de propiedad, el frenesí del consumo, la excitación de la competencia y la ansiedad del éxito, como Colón ofrecía chucherías a los indios. Exitosas mercancías. La publicidad no nos cuenta, en cambio, que los Estados Unidos consumen actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, casi la mitad del total de drogas tranquilizantes que se venden en el planeta. En los últimos veinte años, la jornada de trabajo aumentó en los Estados Unidos. En ese período, se duplicó la cantidad de enfermos de stress.


Por Eduardo Galeano

eduardogaleano.org

“Los hijos de los días” Por Eduardo Galeano

Eduardo nos comparte el texto de la contratapa de su próximo libro: “Los hijos de los días”, que se publicará entre marzo y abril de 2012 en Uruguay, Argentina, México y España.

¿Sabía usted…


…que Adán y Eva fueron los primeros exiliados?

…que el griego Eratóstenes midió la cintura del mundo, hace dos mil trescientos años, y se equivocó en noventa kilómetros?

…que hasta el año 2008 Nelson Mandela integró la lista de terroristas peligrosos para la seguridad de los Estados Unidos?

…que hasta 1990 la homosexualidad fue una enfermedad mental, según la Organización Mundial de la Salud?

…que la timidez sigue siendo una enfermedad mental, según la American Psychiatric Association?

…que las grandes empresas de los Estados Unidos tienen, legalmente, derechos humanos?

…que la bicicleta fue, hace un siglo, un instrumento de liberación de la mujer?

…que la primera escritora en la historia de la literatura universal se llamaba Enheduanna, y con ese nombre firmaba sus versos, escritos en tablillas de barro, hace cuatro mil trescientos años?

eduardogaleano.org

Parados sin secretos

Una web de Trabajo permite saber qué cobra cada desempleado combinando dos dígitos

Con el NIF, el número de teléfono de una persona y un poco de paciencia, cualquiera puede saber el nombre completo de esta, lo que cobra de paro y hasta la cuenta del banco donde se lo ingresan. La web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pide una clave de sólo dos dígitos que, además, no se bloquea cuando se introducen combinaciones una y otra vez para entrar en el expediente personal de los 2,8 millones de parados que actualmente cobran la prestación por desempleo. Tanto el Ministerio de Trabajo como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) consideran, sin embargo, que el sistema es seguro.

Las distintas administraciones ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la mayoría de sus servicios y gestiones desde internet usando el DNI electrónico o un certificado digital. Así lo hacen la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Pero esta última también tiene habilitada una tercera vía en la que pide el NIF, el primer apellido y un número de referencia que sólo conoce el contribuyente.

El NIF, el número de teléfono y una clave de dos números dan paso al expediente


Para consultar las prestaciones por desempleo, el SEPE exige también el DNI electrónico o un certificado digital. Pero ofrece una tercera alternativa llamada Datos de Contraste. Estos son el NIF, el número de teléfono y una clave de dos cifras que sólo va del 00 al 99 y se corresponde con el dígito de control (el popular DC) de la cuenta bancaria.

Una vez dentro, se pueden conocer las prestaciones recibidas además de gran número de datos personales, como nombre y apellidos, número de la Seguridad Social o estado civil. También aparece la cuenta bancaria dada para recibir la prestación, nombre del banco incluido.

"No es un fallo de seguridad, es de implementación del acceso, que está basado en datos que son fáciles de conseguir", dice el director de ePrivacidad , Samuel Parra. Sólo el dígito de control es relativamente secreto, pero al ofrecer tan sólo cien combinaciones sólo se necesita paciencia. Este abogado presentó una denuncia ante la AEPD contra el sistema del SEPE por incumplir las exigencias de la Ley de Protección de Datos.  
publico.es

Sin embargo, la Agencia acaba de resolver que el sistema es seguro. Trabajo se agarra a este dictamen. "La denuncia fue archivada y desestimada porque no se hallaron evidencias de que el sistema de control incumpliese los requisitos mínimos que exige la normativa", explica un portavoz del Ministerio.

Para Parra, sin embargo, la AEPD basó su decisión en un informe técnico que "no ha debido de comprobar correctamente el sistema de acceso". En efecto, la resolución explica que el mecanismo de acceso "ha previsto ciertas limitaciones al intento reiterado de accesos no autorizados". Pero, como ha comprobado Parra y este periódico, no hay bloqueo ni al tercer intento ni al centésimo. El SEPE ya fue sancionado en 2008 por otro fallo similar que permitía conocer la vida laboral con sólo saber el DNI de la persona.

La Corona revela una parte de sus cuentas



La publicación por la Casa del Rey del reparto de asignaciones que recibe vía presupuestaria es un paso positivo dentro de la transparencia institucional que cabe exigir en una democracia. Sin embargo, resulta aún insuficiente para que pueda ser saludada como un ejercicio incontestable de claridad en el manejo de los fondos públicos.

Los datos aportados consisten en un desglose muy genérico de los 8,4 millones de euros que la Casa Real recibe en un capítulo específico de los Presupuestos, pero no incluye muchas otras partidas procedentes de diversos ministerios –Presidencia, Exteriores, Interior, Defensa y Hacienda– por distintos conceptos, como personal, transportes, seguridad, viajes, mantenimiento de inmuebles, etcétera.

Por otra aparte, sigue sin saberse el monto del patrimonio de la familia real y su consecuente tributación al Fisco. Por todo ello, resulta imposible confirmar la extendida versión de que la monarquía española es de las más austeras del mundo y de las menos onerosas para los contribuyentes.

De los datos que han trascendido, quizá el más llamativo es el sueldo del rey, que asciende en total a 292.752 euros brutos. Con independencia del debate de si es poco o mucho para un jefe de Estado, lo que resulta difícil de entender es que cuadruplique el del presidente del Gobierno. Tampoco se entiende por qué la Corona –y algunas otras instituciones del Estado, como el Parlamento, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado– está eximida del escrutinio del Tribunal de Cuentas. Cierto, lo dice la ley. Pero las leyes pueden cambiarse.
 
 

LAS ZONAS EN SOMBRA
Lo que aún falta por conocer del coste de la Corona

¿Qué cifra cobran las infantas?

Alfonso Sanz e Isaías Peral, secretario general y jefe de Administración de la Zarzuela, pararon su desglose de las cuentas de la familia real en ese punto. El monarca les otorgó este año 375.000 euros.

No revelaron cuánto les facilitó en años anteriores ni cómo lo distribuyó entre ellas o cómo lo gastaron. Ni entraron en el terreno tachado de “frívolo”: cuánto se empleó en vestuario o peluquería, algo que por mucha leyenda urbana que circule no especifica ni la reina británica, Isabel II. La Jefatura del Estado sólo señala que parte de esos dos conceptos lo asumen ellas mismas –la vestimenta más de calle o informal– y parte lo paga la Casa Real (los trajes más oficiales, incluidos en su fondo destinado a actos protocolarios), como abona “los uniformes de los conserjes”.

Para no dar más detalle, la Zarzuela se apoyó en que presentaba sus números “con el mismo grado de desagregación con el que se hacen públicas las cuentas de la Administración General del Estado”, con la misma taxonomía de partidas y subpartidas. Así, es imposible saber cuánto recibió la infanta Cristina de 2004 a 2006 cuando Urdangarin presidió Nóos– y aún después, mientras el duque seguía con sus negocios. En 2009, ambos se afincaron en Washington con sus hijos tras abandonar su mansión de Barcelona.

¿Cuál es la fortuna personal del rey?

Imposible conocer en qué ha invertido el rey su sueldo durante todos estos años. La Zarzuela sólo desgranó la asignación de los PGE, pero trasladó que lo que concierne a la “intimidad” del monarca “está en su mano” desvelarlo en un futuro o no. Sí lo hace Isabel II: el valor de su capital –agrupado en el ducado de Lancaster– alcanzó en 2011 los 383,19 millones de libras (458,7 millones de euros). Tampoco facilitó el histórico del salario del rey desde 1980, pero bastaría acudir a los Presupuestos y echar cuentas (ver información de apoyo arriba). La Corona sí prevé seguir desbrozando el fondo que le llega del Estado en los próximos ejercicios, como hizo ayer.

¿Qué partidas destinan otros ministerios?

Sigue sin conocerse cuánto paga Interior y Defensa por la seguridad de la familia real, o cuánto de la partida de los 47,4 millones del Parque Móvil del Estado (dependiente de Hacienda) va para la Casa Real, o cuánto reserva para conservar la Zarzuela Patrimonio Nacional (dotado en 2011 con 121,05 millones). O qué suponen para Defensa la Guardia Real o los viajes en aviones del Ejércitolos vuelos que opera Iberia no tienen coste alguno para toda la familia real: en "atención" a ellos, la compañía se los regala–. La Zarzuela insistía ayer en que debe ser el Gobierno quien baje al detalle de las cifras, o los partidos políticos los que las exijan, pues además están escrutadas por el Tribunal de Cuentas. Sí esperaba que, tras el “paso importante” de ayer, el Ejecutivo “se animase” a darlas.

No hay que molestar a los ricos

" Las grandes empresas defraudan casi el 75% del total mientras el 97% de empresas restante defraudan un 17% "

" Gestha asegura que, si se redujera la economía sumergida española en 10 puntos, se recaudarían 38.500 millones "

No habría deuda si hubiera impuestos justos

Ronald Reagan y Margaret Thatcher iniciaron hace tres décadas una sistemática rebaja de impuestos a los más ricos, personas y empresas. Desde entonces no ha cesado esa política de menos impuestos a los que más ganan y tienen. Y de menos impuestos se pasó a más endeudamiento de los estados. Por eso un político español pudo decir cargado de razón que “a los gobiernos les cuesta menos pedir prestado que subir los impuestos”. Aunque, para ser exacto, debería haber dicho que los gobiernos prefieren endeudarse antes que recuperar el sistema de impuestos más justo que había hace treinta años. No hay que molestar a los ricos.

La crisis de la deuda en Europa y sus feroces consecuencias sociales tienen todo que ver con el adelgazamiento progresivo de la fiscalidad (los impuestos) y con el fraude fiscal. Mucho más que con excesos o irresponsabilidad en el gasto público.

Como recuerda Sam Pizzigati, según el IRS (la agencia tributaria estadounidense), en 2008, quienes ganaron en Estados Unidos más de 200.000 dólares anuales pagaron al gobierno federal un tipo fiscal del 22% por sus ingresos. Bastante menos de lo que pagaban los estadounidenses más ricos hace 50 años. En 1961, quienes ganaban más de 27.000 dólares anuales (equivalentes a 200.000 dólares de hoy) pagaron un tipo de algo más del 31% de sus ingresos. Y los ingresos anuales por encima de 400.000 dólares al año (3 millones de hoy) pagaban un tipo fiscal del 91%. Hoy las rentas de más de 3 millones de dólares pagan un tipo del 35%.

En España, por ejemplo, las empresas apenas pagan un 10% de impuesto por sus beneficios. Un porcentaje muy alejado del tipo de impuesto por beneficios establecido que es 30% para grandes empresas y 25% para pequeñas y medianas. Las cifras de la Agencia Tributaria española muestran que las empresas eluden legalmente hasta dos tercios de los impuestos que les corresponden. Y lo pueden hacer porque hay complacencia y complicidad gubernamentales con quienes más ganan y más tienen. Los más ricos deducen y reducen lo que han de pagar con triquiñuelas legales varias. De hecho, las empresas pagan por beneficios menos que las familias, que aportan un 11,5% de su renta.

El resultado final es menos ingresos del Estado. Y eso sin contar con el fraude fiscal puro y duro.

Continuando con España, según un informe de Gestha (sindicato de técnicos de Hacienda) en 2005, último año con datos de fraude, éste fue de 88.617 millones de euros: 58.676 millones defraudados a la Agencia Tributaria y 29.941 a la Seguridad Social. Las grandes empresas defraudan casi el 75% del total mientras el 97% de empresas restante defraudan un 17%. Y a eso habría que sumar otras evasiones fiscales de ricos y muy ricos (fraude en plusvalías, arrendamientos, rentas del capital…). Si solo se evitara la mitad de fraude fiscal y se cobraran los impuestos correspondientes, España tendría un PIB como el de Reino Unido y superior a Italia. Y no tendría déficit público.

Rajoy, nuevo presidente de gobierno de España, pretende ahorrar el año que viene 16.500 millones de euros con recortes sociales, despidos, sangre, sudor y lágrimas. Gestha asegura que, . si se redujera la economía sumergida española en 10 puntos, se recaudarían 38.500 millones de euros anuales. La economía sumergida en España supone 245.000 millones de euros: 23,3% del PIB español. Son muchos impuestos evadidos.

Pero es que quienes más ganan y poseen son los mimados por los gobiernos que comulgan con ruedas de molino neoliberales. Como recuerda Ana Flores, “en lugar de ponerse de acuerdo los gobiernos para domesticar al capital, el mundo más desarrollado decide dejarlo circular con absoluta libertad. Atraer dinero es la obsesión de los gobiernos y compiten entre sí bajando impuestos”.

Como denuncia Paul Krugman, lo peor de esta servidumbre de los gobiernos con quienes más tienen, es que “la exigencia de austeridad cada vez más radical (para poder pagar la deuda) ha fracasado como política económica, al agravar el problema del paro sin restaurar la confianza. Y una recesión europea parece más probable cada día”.

Hay que exigir y hacer auditorías de la deuda para poner fin a la hemorragia social que su pago genera. Y pelear para recuperar un sistema impositivo justo y redistributivo, contra las falsas tesis de la austeridad como camino y la limitación del déficit de deudas soberanas como objetivo por encima de todo. Por encima de todo solo han de estar la ciudadanía y sus derechos.
Xavier Caño TamayoATTAC Acordem

Periodista y escritor
Artículo publicado en El Librepensador
Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias

Efectos de la congelación del salario mínimo interprofesional

El gobierno confirmó ayer a los sindicatos que para el año 2012 se congela el salario mínimo interprofesional en 641 euros, misma cantidad que tiene este año. Esta propuesta no ha caído bien en los sindicatos dado que el IPC cerrará en torno al 3% y el objetivo sindical era conseguir una revalorización del salario mínimo. En el año pasado, la subida fue de un 1%, parámetro por debajo del IPC pero subió y para el 2012, es la primera vez que se congela esta magnitud desde que se fijó este referencial público.

Esta congelación tiene como base conseguir la moderación salarial, aunque sus efectos son mayores a todos los niveles. En primer lugar, el núcleo de perjudicados, que son todos aquellos que actualmente reciben este salario por su trabajo. Es obvio que de entrada se le resta poder adquisitivo a los que menos cobran, empeorando su renta disponible por el mero hecho inflacionario. Pero el ajuste no queda ahí, dado que este salario mínimo se usa también para la concesión de determinadas ayudas públicas.

Por ejemplo, el acceso a una vivienda de protección oficial, el acceso a becas o subvenciones, se realiza considerando el volumen de ingresos anuales referenciado al salario mínimo. Al congelar este salario, se produce una exclusión de las rentas que ya estaban en los límites superiores de ingresos referenciados al SMI y que sí actualicen sus salarios.

El segundo punto y no menos importante, la ley de enjuiciamiento civil y los límites embargables sobre salarios. Las tablas de mínimos no embargables y los tramos porcentuales de los embargos a realizar se calculan sobre el salario mínimo interprofesional, por lo que a partir del año que viene, aquellos que están en procesos de embargo monetario, verán como la cuantía embargada no disminuye respecto este año e incluso aumentará monetaria y porcentualmente hablando si su nómina o pensión se incrementa.

Respecto la moderación de costes salariales, siempre que llegamos a este extremo me planteo la estructura de costes de cualquier empresa. Bien es cierto que tenemos un núcleo de empresas cuyos principales costes son los salariales, pero también es muy cierto que rara vez este coste supera el 50%. Si la competitividad se genera reduciendo costes para maximizar el beneficio ¿por qué siempre hablamos de estos costes salariales en lugar de tocar temas como suministros, costes financieros, consumos propios o costes por unidad por poco uso de la tecnología? A veces, da la impresión que de las cuatro ruedas, sólo cambiamos una, dejando las otras tres pinchadas, por lo que el coche empresarial sigue sin funcionar.

(*) Nota: En este post estamos considerando que se van a congelar tanto el SMI como el IPREM, dado que actualmente tenemos dos indicadores para evaluar algunos de los puntos detallados en el post. Todas las fuentes consultadas hablan única y exclusivamente del SMI por lo que consideramos que la congelación afectará a ambos indicadores.


Aumentar el salario mínimo puede reducir el desempleo, El Parlamento europeo propone una subida del salario mínimo

La lista de Rajoy

Ministra de presidencia, y vicepresidencia primera del Gobierno: Soraya Saénz de Santamaría.

Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación: José Manuel García Margallo.

Ministro de Justicia: Alberto Ruíz Gallardón.

Ministro de Interior: Jorge Fernández Díaz.

Ministro de Economía y Competitividad: Luis de Guindos.

Ministro de Agricultura: Miguel Arias Cañete.

Ministro de Industria, Energía y Turismo: José Manuel Soria.

Ministra de Sanidad: Ana Mato

Ministra de Fomento: Ana Pastor.

Ministro de Hacienda: Cristóbal Montoro.

Ministro de Defensa: Pedro Morenés.

Ministro de Educación, Cultura y Deportes: José Ignacio Wert.

Ministra de Empleo y Seguridad Social: Fátima Báñez.

escolar.net

La modestia del ministro Morenés

Se ha dicho del nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, que antes de jurar el cargo presidía una empresa de armamento. Es inexacto o, al menos, poco generoso con su completísimo perfil. Morenés –secretario de Estado de Defensa con Aznar– ha sido presidente en España de MDBA, uno de los mayores fabricantes de misiles del mundo. Y presidente de Segur Ibérica, una empresa de seguridad privada que Defensa subcontrató para proteger a los atuneros españoles. Y presidente de Kuitber, una consultora del sector de la defensa y la seguridad. Y consejero de Aritex, una empresa que diseña componentes para el nuevo avión de transporte militar europeo, el A400M. Y consejero de Instalanza, una fabrica zaragozana de bombas de racimo que, después de que España prohibiese este tipo de armamento especialmente criminal, presentó una demanda contra el Estado; Instalanza pide 40 millones de euros de indemnización “por daño emergente y lucro cesante”.

Morenés también ha sido presidente de Construcciones Navales del Norte SL, los antiguos astilleros públicos de Sestao, que el hoy ministro conocía muy bien de antes de su privatización, de cuando fue consejero de la SEPI y director comercial de la división de Construcción Naval del INI. Y propietario único de Boguillas SL, una empresa que se dedica a la “gestión y representación de intereses” y que el año pasado facturó 361.567 euros con sólo 19.646 euros en gastos de personal, según el registro mercantil –entre los últimos tres años, las ventas superan ampliamente el millón de euros–. Y también dueño de I-Sec Ibérica, una “consultoría” “en el sector de la Seguridad”. Y consejero de Gamo Outdoor, un fabricante de rifles de aire comprimido; y de Ingenio 3000; y de Repasa… Y me dejo varios cargos y unas cuantas empresas más.

Por alguna razón, toda esta información no aparece en su biografía oficial, colgada en la web de La Moncloa. Será modestia militar.

LA COMIDA COMO INVERSIÓN - El hambre cotiza en Bolsa

El hambre del planeta se organiza en la Bolsa de Chicago, además de la riqueza de unos pocos

La sequía en los mercados financieros ha volcado a ciertos inversores en las materias primas. Fondos de alto riesgo y bancos influyen ahora en lo que vale el pan en Túnez, la harina en Kenia o el maíz en México. El Banco Mundial hace sonar la alarma por la explosión de los precios alimentarios

La sala en la que se reparte la comida del mundo parece cualquier cosa menos apetitosa. En la Bolsa de Chicago hay trozos de papel y vasos de cartón por todas partes, hombres sudorosos con chaquetas de colores chillones van de un lado a otro, gesticulan, gritan y se enzarzan en peleas por los contratos de semillas de soja, carne de cerdo o cereales.

martes, 20 de diciembre de 2011

Consecuencias cotidianas de los controles de identidad racistas

Miles de personas se ven sometidas a identificaciones y arrestos sólo por su apariencia física

Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos lanzan hoy una campaña para exigir el fin de los controles de identidad basados en criterios raciales por ser discriminatorios e ilegales. En este artículo cuentan las consecuencias de esta práctica en la vida cotidiana de miles de personas.


Exige el fin de las redadas racistas, vía Oigame.org.


Los controles de identidad racistas constituyen una práctica policial sistemática que se ha ido incrementando en los últimos años. Estos controles y redadas no tienen relación alguna con la persecución de delitos (no tener papeles no es un delito sino una falta administrativa equiparable a aparcar el coche en doble fila). Son discriminatorios, ilegales, vulneran múltiples derechos fundamentales (el de no discriminación e igualdad de trato, libertad de movimientos, a la integridad física y moral, derechos de reunión y asociación…) y perjudican gravemente la vida cotidiana de miles de personas, con “papeles” o no, que se ven expuestas a los controles policiales exclusivamente en base a su apariencia física.

Son el resultado más claro y concreto del racismo institucional que implanta una política de control que criminaliza a una parte de la población y que instaurando un toque de queda selectivo en la ciudad. Las consecuencias en el día a día son profundas, generan miedo e inseguridad entre las y los afectados. y los actos más comunes se convierten en actividades potencialmente peligrosas. Así lo reflejan testimonios como los de Abdelkader, que afirma que ha dejado de bajar al parque porque “es una locura” o Miguel que cuenta que vuelve en taxi de la obra en la que trabaja, a pesar del alto coste que este transporte representa para un sueldo de 800€ mensuales, para evitar las identificaciones. Manuel narra cómo un coche patrulla derrapó para interceptarlo una noche que volvía a casa después de ver un partido de fútbol con unos amigos sometiéndole a un interrogatorio totalmente arbitrario: “¿Dónde vives? (…), ¿Qué haces por aquí? (…). Vete para casa que ya es tarde…”.

Uno de los efectos inmediatos es la limitación de los espacios y vías públicas. Ir a trabajar, hacer la compra, ir a buscar a los hijos e hijas al colegio, salir a tomar algo, viajar en el metro o el tren, se convierten en actividades de riesgo. Los controles de identidad suelen contar además con la complicidad y colaboración de la seguridad privada de las empresas de transporte. La libertad de las personas que son diariamente paradas, identificadas y eventualmente retenidas o detenidas se ve así seriamente coartada. Gustavo cuenta que cuando su hijo llora mucho y está muy nervioso no puede bajarle al parque “porque no tengo papeles”. Una mujer boliviana relata la diferencia entre cómo vivió el primer control que sufrió a los pocos días de llegar a Madrid (“les contesté que quiénes eran ellos para pedirme el pasaporte”) y el último (“me temblaban las piernas y me quedé callada”). Otro joven narra, emocionado, cómo pasó 24 horas en comisaría sólo por estar con su novia en la calle y serle requerida la documentación. Carlos, por su parte, dice que no puede echarse pareja, siente que le miran como si fuese buscando los dichosos papeles. Carlos apenas sale de su casa “por las redadas que están haciendo; de casa al trabajo y del trabajo a casa”.

De este modo, los intensos controles selectivos sobre la población migrante generan por una parte la interiorización del miedo y por otra fomentan la asociación de determinados rasgos físicos con comportamientos delictivos. Ser considerado rutinariamente como “persona sospechosa” impulsa a muchos vecinos y vecinas a esconderse de la policía limitando sus movimientos, actividades y relaciones sociales, reforzándose a su vez la estigmatización y los prejuicios.

Lidia cuenta que su motivación para conseguir los papeles no es la de tener mayores derechos de ciudadanía, formales o laborales, sino la de evitar situaciones como la que vivió en una ocasión yendo a la casa en la que trabajaba (por 500 euros mensuales): acabó detenida durante 24 horas. Lidia insistió a los agentes que era madre soltera de una niña pequeña que quedaba en situación de desamparo durante ese tiempo pero su reclamo fue totalmente ignorado.

Las consecuencias de los controles no sólo son individuales, sino también colectivas. Afectan a la vida de ciudades y barrios, repercuten en la convivencia y socavan la libertad de todos y todas. Muchos espacios públicos se han visto empobrecidos por la alta presencia policial en parques, plazas y otros lugares habituales de reunión de vecinos y vecinas. No son “daños colaterales o efectos secundarios. La represión, fiscalización y control social que vivimos son objetivos centrales de estas prácticas. Visibilizar y denunciar los controles de identidad, relacionar estos mecanismos de coerción social con la falta de libertades de todos y todas y exigir el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, son acciones que forman parte del compromiso colectivo imprescindible para acabar con las redadas racistas.

" Este artículo forma parte de una serie, animada por personas de Madrilonia, Diagonal, Ferrocarril Clandestino, Brigadas Vecinales de Derechos Humanos y participantes en el 15M, con el objeto de enriquecer los debates surgidos en torno a las convocatorias del 10 al 18 de diciembre por los derechos de los inmigrantes."

lunes, 19 de diciembre de 2011

Los dineros del duque: Las claves del caso Urdangarin


El que parecía el yerno perfecto (en términos de imagen para la monarquía, al menos) podría haber salido rana. Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, deportista de élite, exmedallista olímpico, poseedor de un innegable don de gentes, en aparentes buenos términos con el resto de la Familia Real, y hasta guapo, está siendo investigado por una trama de corrupción de varios millones de euros. Euros salidos, además, del bolsillo del contribuyente.

La trama por la que, según todos los indicios, puede acabar imputado el yerno del Rey, forma parte del laberinto del caso 'Palma Arena', y lo que ha trascendido hasta ahora del sumario judicial es, de llegar a ser probado, muy grave.

Estas son las claves de la llamada técnicamente 'Operación Babel', más conocida ya como 'caso Urdangarin'.

El Instituto Nóos


Entre 2004 y 2006 Iñaki Urdangarin fue el presidente del Insituto Nóos, un instituto oficialmente sin ánimo de lucro, relacionada con la organización de eventos deportivos y con servicios de asesoría en cuestiones de imagen, y que apenas había tenido actividad relevante desde su creación, en el año 1999

Durante la época de la presidencia de Urdangarin, sin embargo, el instituto sale de su letargo: En 2004, nada más ponerse al frente de Nóos, el duque de Palma contacta con José Luis 'Pepote' Ballester, director de Deportes del Gobierno de Jaume Matas (PP) y amigo del Príncipe Felipe. Poco después ofrece sus servicios al Gobierno balear para organizar un foro deportivo.

Los contratos

Entre 2004 y 2007, en plena época expansiva de gasto público y con el 'boom' inmobiliario desatado, el gobierno de Baleares, el de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia suscribieron varios convenios a dedo con Nóos por valor de millones de euros: 2,3 millones en el caso del Gobierno balear y más de 3,7 millones en el caso de las instituciones valencianas.

En concreto, el Gobierno balear pagó a Nóos 1,2 millones de euros en 2005 y 1,1 millones en 2006 por la organización de sendas cumbres turístico-deportivas, en el marco del llamado Fórum Illes Balears. Los pagos se hicieron a través de la Fundación Illesport y del Instituto Balear de Turismo (Ibatur).

La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, por su parte, pagaron al Instituto, con dinero del propio Gobierno autonómico, de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, y de la Fundación Turismo Valencia (municipal), 900.000 euros por la organización de la reunión internacional sobre turismo y deporte "Valencia Summit" en 2004, otros tantos por lo mismo en 2005, y 900.000 más en 2006. Por los gastos de representación y alojamiento de los participantes en la cumbre de 2005, Nóos recibió, además, 700.000 euros, y por hacerse cargo de la candidatura de Valencia para los Juegos Europeos en 2006, otros 382.000.

Quién es quién

El núcleo duro del Instituto Nóos, es decir, el equipo que gestionaba el instituto y tomaba las decisiones, estaba formado por el propio Iñaki Urdangarin, administrador en 2003 y presidente entre 2004 y 2006; Diego Torres, gerente entre 2004 y 2006, y presidente tras la salida de Urdangarin, en ese último año; Ana María Tejeiro, responsable del área jurídico fiscal y esposa de Torres; Miguel Tejeiro, secretario y hermano de Ana María, y Marcos Tejeiro, responsable del área contable y hermano de los dos anteriores

Todos ellos, menos Urdangarin, están actualmente imputados.
 
El hilo del caso 'Palma Arena'
 
Las irregularidades en las cuentas del instituto Nóos salen a la luz como consecuencia de las investigaciones del caso 'Palma Arena', una trama de corrupción en el Gobierno balear que comenzó a destaparse en agosto de 2008, y en la que hay ya más de una treintena de imputados, entre políticos, cargos ejecutivos y personal técnico, siendo el principal procesado el expresidente autonómico de Baleares Jaume Matas.
 
El 22 de julio del año pasado, el juez José Castro, instructor del 'caso Palma Arena', abrió una nueva pieza en la causa (la número 25, bautizada como 'operación Babel'), en la que pedía información sobre los convenios firmados en los años 2005 y 2006 entre Illesport e Ibatur, dependientes del Gobierno balear, y el Instituto Nóos para la organización del Fórum Illes Balears. El juez requería al Instituto Nóos que acreditase "haber rendido cuentas de la inversión de los fondos recibidos para la ejecución de los referidos convenios y, en caso positivo, que aporte las correspondientes justificaciones".
 
Adjudicaciones a dedo y sobrecostes
 
Los expedientes administrativos estaban plagados de irregularidades. Para empezar, porque la adjudicación de los convenios se hizo sin concurso público, y, además, porque las entidades públicas no pueden firmar este tipo de acuerdos con empresas privadas a no ser que se justifique que estas son las únicas que pueden prestar el servicio. De hecho, en febrero de 2006, el PSIB-PSOE ya había preguntado al Ejecutivo balear por la supuesta existencia de pagos irregulares a los organizadores de este foro.
 
El fiscal sospechó entonces que Nóos había desviado un millón de euros de los 2,3 millones facturados por los foros de Baleares, con un sobrecoste del 170%.
 
El pasado 2 de junio, el juez Castro citó como imputado a Diego Torres. En su declaración, Torres defendió la legalidad de los dos convenios firmados con el Gobierno balear.
 
El 19 de julio, el magistrado imputó a José Luis 'Pepote' Ballester y al exgerente del Instituto Balear de Turismo, Raimundo Alabern, por el mencionado presunto desvío de 2,3 millones de euros.
 
Cuatro comidas y tres cenas: 80.000 euros
 
El pasado 8 de noviembre, el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, dirigió un registro en las oficinas de Barcelona de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos. La Policía registró también la casa de Torres y recogió de las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias documentación sobre los contratos firmados con Nóos.
 
Finalmente, el 9 de noviembre, Anticorrupción apuntó a que tanto Urdangarin, como su antiguo socio, Diego Torres, urdieron "un entramado societario cuando ambos estaban al frente del Instituto Nóos con el fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía esta fundación", y que, para ello, se fijaban precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración, y se simulaban asimismo trabajos ficticios.
 
¿Como de desproporcionados? El sumario de la causa detalla, por ejemplo, un presupuesto de 240.000 euros para viajes y alojamiento de unas 100 personas, de los que 85.000 eran para los desplazamientos de los expertos internacionales, otro tanto para los hoteles donde dormían, y 80.000 para gastos de catering (cuatro comidas, tres cenas y seis 'coffee breaks', según informó El País).
 
Otro ejemplo: El Gobierno balear pagó en 2007 445.000 euros al Instituto Nóos por crear el Observatorio Permanente de Deporte y Turismo, un organismo que nunca llegó a funcionar.
 
Bajo el paraguas del altruismo
 
La Fiscalía indica que la única finalidad perseguida por Urdangarin y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales", con el fin de "rodearse del prestigio social derivado [...] y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".
 
La trama
 
Según detalla la Fiscalía, Nóos fijaba los precios por sus servicios y, tras recibir los fondos, simulaba la contratación de actividades ficticias con una serie de empresas mercantiles que formaban su entramado societario, facturando por importes superiores a los servicios realmente prestados, y emitiendo las facturas contra Nóos. De este modo, los fondos públicos acababan en manos de las empresas mercantiles controladas por Torres y Urdangarin.
 
En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran, según el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management
 
El documento judicial indica que tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que "revela que el control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del Instituto Nóos".
 
Sin miedo
 
En algunos casos, y a pesar de que se trataba de fondos públicos, todo ese dinero ni siquiera estaba respaldado por documento alguno. Hay recibos falsos y nóminas de empleados que no tienen nada que ver con los convenios firmados.
 
La sensación de impunidad debía de ser muy grande: Según la investigación, algunas facturas justifican gastos de un congreso celebrado en Palma de Mallorca con recibos de servicios prestados tiempo antes en la Comunidad Valenciana.
 
El pelotazo
 
De acuerdo con las investigaciones, aún provisionales, Urdangarin habría amasado desde 2004 un patrimonio personal superior a los 11 millones de euros. A su nombre tiene un palacio de ocho millones de euros en Barcelona, y además es dueño de un patrimonio inmobiliario de cerca de 1,3 millones de euros (cinco pisos en Palma y otro en Tarrasa) y de activos por valor de 1,8 millones en sus empresas.
 
Y aún falta por calcular todo el dinero oculto bajo otras firmas o sociedades, o las cantidades que la trama de empresas de Nóos pueda haber evadido al extranjero. De acuerdo con una información publicada por El Mundo, el fiscal atribuye al duque de Palma una presunta evasión de capitales a paraísos fiscales de Belice y el Reino Unido. De momento, los fiscales calculan que el marido de la infanta y su socio se habrían llevado al menos 650.000 euros a Belice, a través de "una estructura societaria fiduciaria".
 
Más de cien clientes
 
Según informó el diario Público, Hacienda cifra en más de 16 millones de euros la trama presuntamente urdida por Urdangarin, que en nueve años habría facturado a 103 clientes, entre los que se encuentran algunas de las principales empresas del país.
 
Casi el 40% de los ingresos totales del 'holding' salieron de las arcas públicas (no solo de los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana, sino también de ayuntamientos como los de Alcalá de Henares, Valencia, Barcelona, Mataró o La Galera, en Tarragona), pero las empresas privadas también pagaron. De acuerdo con el diario El Mundo, compañías como Telefónica y Aceralia, o instituciones como la Sociedad General de Autores (SGAE) realizaron pagos a Nóos por estudios para mejorar su imagen u organizar actos institucionales. En el caso de la entidad que dirigía Teddy Bautista la factura superó los 400.000 euros. Nóos cobró también de equipos de fútbol como el Valencia o el Villareal. El conjunto de Castellón llegó a abonar 690.000 euros por un informe de una decena de folios.
 
Los responsables del Instituo Nóos no solo se contrataban a sí mismos a través de las mercantiles que controlaban, sino que, además, por medio de estas, y según informó ABC, presentaron y habrían cobrado facturas por un importe global de más de 1,7 millones de euros en 2007, cuando la entidad sin ánimo de lucro ya no tenía actividad alguna.
 
"Credibilidad"
 
El expresidente del Gobierno balear Jaume Matas ha admitido que el acta en la que consta una reunión mantenida con Urdangarin, para aprobar uno de los pagos a Nóos, "no respondía a la realidad", ya que sus colaboradores ni siquiera se habrían reunido con el duque, si bien justificó que se trataría de una "práctica habitual" por ser un documento privado nacido en el seno de la fundación Illesport.
 
Matas tomó la decisión política de respaldar esta iniciativa, según dijo, por ser "una oferta desde una institución sin ánimo de lucro presidida por alguien de la credibilidad de Urdangarin".
 
La petición del expresidente balear de que el caso pase a la Audiencia Nacional ha sido rechazada por Anticorrupción.
 
La imputación de Urdangarin
 
Los investigadores judiciales de la pieza separada número 25 del 'caso Palma Arena' tienen previsto finalizar en menos de dos meses el estudio de toda la documentación incautada en los registros. Según fuentes cercanas a la investigación citadas por El País, a partir de ese momento citarán como imputado a Iñaki Urdangarin.
 
Diego Torres, por su parte, lleva seis meses imputado por falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos.
 
Los cuatro delitos que investiga el juzgado de instrucción núnero 3 de Palma de Mallorca -malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental- están penados con 15 años de prisión.
 
¿Y la infanta?
 
La infanta Cristina es vocal de una de las empresas beneficiadas, Aizoon S.L., una promotora familiar de la que su marido es administrador y a la que Urdangarin habría desviado parte del dinero público. Su firma aparece, asimismo como vocal, en el equipo saliente del acta de renovación de la junta del Instituto Nóos.
 
No obstante, los investigadores judiciales consideran que, tanto ella como su secretario, Carlos García Revenga, tesorero de la junta directiva de Nóos hasta 2006, estaban "apartados del conocimiento del área financiera". Para ello se apoyan en la declaración policial de Ignasi de Juan Creix Bretón, quien colaboró en Nóos en 2006.
 
Según las fuentes jurídicas mencionadas por El País, la infanta no será imputada porque ni el juez José Castro, que instruye el caso, ni los fiscales que lo investigan la incluyen dentro del "círculo cerrado de toma de decisiones" del entramado que dirigía su marido.
 
¿Qué ha dicho el duque?
 
De momento, no mucho. El pasado 11 de noviembre, un día después de que el fiscal Anticorrupción de Baleares tomase declaración a varias personas implicadas en la supuesta trama, Urdangarin afirmó que defenderá su "honorabilidad e inocencia" en relación con su gestión al frente del Instituto Nóos.
 
"Cuando conozca los pormenores de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, que en este momento son formalmente secretas, podré pronunciarme sobre su contenido", dijo en una nota enviada desde Washington, donde reside. El duque de Palma insistió en que defenderá su "honorabilidad e inocencia en este asunto desde la convicción de que mi actuación profesional ha sido siempre correcta".
 
Su segunda declaración la realizó este mismo sábado, y se centró en desvincular a la Casa Real del escándalo: En una conversación telefónica con la agencia Efe, Urdangarin leyó el siguiente comunicado: "Ante la acumulación de informaciones y comentarios aparecidos en los medios de comunicación relativos a mis actuaciones profesionales, deseo puntualizar que lamento profundamente que los mismos estén causando un grave perjuicio a la imagen de mi familia y de la Casa de su Majestad el Rey, que nada tienen que ver con mis actividades privadas. Informo asimismo [de] que he designado asesor jurídico y portavoz a Don Mario Pascual Vives, letrado del Colegio de Abogados de Barcelona, que será la persona autorizada a hablar en mi nombre".
 
¿Y la Casa Real?
 
La Casa Real dijo este sábado que no va a hacer ninguna declaración sobre el comunicado del duque de Palma. Anteriormente, la institución había expresado su "respeto absoluto" por las actuaciones y decisiones judiciales en marcha.
 
Zarzuela también ha dejado claro que no tiene ningún plan para desvincular a las infantas Elena y Cristina, o al propio Iñaki Urdangarin, del núcleo de la Familia Real, "cuya composición viene regulada por un decreto de 1981". Esta declaración la hizo la Casa Real en respuesta a diversas informaciones publicadas en relación a un supuesto plan para limitar los miembros de la Familia Real a los reyes, los príncipes y sus hijas Leonor y Sofía, e ir limitando poco a poco la actividad institucional de la infanta Elena y los duques de Palma.
 
¿Qué dicen los partidos políticos?
 
El PSOE y el PP reiteraron este sábado su respeto a las decisiones judiciales de forma general y, en particular, en el 'caso Palma Arena', así como a las actuaciones que decida Urdangarin ante la investigación de que es objeto en este asunto. Fuentes de ambos partidos se limitaron a expresar ese respeto y a defender la presunción de inocencia.
 
El líder de IU, Cayo Lara, ha señalado, con cierta ironía, que el duque de Palma debería poner su cargo "a disposición" de la Casa Real, de la misma manera que la Monarquía tendría que poner "su Casa Real" a disposición de la soberanía popular.
 
Los diputados de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes han enviado una carta a Urdangarin, en la que le exigen que devuelva los fondos públicos "que le fueron otorgados en su momento" y que "colabore con la justicia aportando todas la documentación e información que se le requiera".
 

Rajoy deja sin concretar y cuantificar la mayoría de sus medidas de Gobierno

* Mariano Rajoy ha explicado su programa de Gobierno para esta legislatura.

* La primera medida que ha anunciado es la reducción en 16.500 millones del déficit en el año 2012, aunque no ha concretado cómo lo hará.

* La mayoría de las iniciativas expuestas no han incluido detalles y no se sabe si supondrán un gasto o un recorte para las cuentas del Estado.

Mariano Rajoy ha presentado su plan de Gobierno para los próximos cuatro años en el Congreso de los Diputados. La primera medida que ha anunciado, aunque sin especificar el cómo, es la reducción en 16.500 millones del déficit en el año 2012 "si se cumplen las previsiones del Gobierno". Es, por tanto, el gran recorte que prevé el Ejecutivo popular para cumplir con Europa.

Para ello, ha explicado, acometerá reformas en tres ámbitos: estabilidad presupuestaria, saneamiento del sector financiero y reformas estructurales, incluida una reforma integral del mercado de trabajo. Rajoy ha recalcado que su "único y exclusivo compromiso de gasto" será la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero.

Es más, su Ejecutivo realizará "un análisis pormenorizado de todas y cada una de las partidas" para garantizar que no se gasta "ni un euro de más". Y todas, salvo la de las pensiones, "son susceptibles de una reducción a la baja"; el sector público, en este sentido, concentra la mayoría de las propuestas de cambio. Por otro lado, de muchos temas de actualidad y leyes pendientes no ha hablado.


Esta hoja de ruta, que contiene alrededor de medio centenar de medidas, está marcada por la austeridad y el ajuste y, aunque Mariano Rajoy la ha desgranado durante hora y media, no ha logrado aclarar totalmente cómo repercutirán algunas de sus iniciativas en el Estado. Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del PSOE, sí le ha arrancado un algo más durante una de sus réplicas: Rajoy no tiene intención de subir los impuestos.

Hacemos un repaso de las medidas de Rajoy en función de si van a suponer un gasto para el Estado, un recorte o si no pueden enmarcarse en ninguno de estos dos apartados por falta de concreción o porque no procede incluirlas (algunas del grupo de los gastos podrían verse compensadas a posteriori):

Medidas de gasto

- Pensiones. El Gobierno actualizará el poder adquisitivo de las pensiones el 1 de enero de 2012. Mejorará, asimismo, la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones.

- Empleo juvenil. En este apartado, aplicará una bonificación del 100% a las cotizaciones de la Seguridad Social durante el primer año en el caso de la contratación de menores de 30 años que accedan a su primer empleo.

- Fiscalidad. Se creará una "ayuda" a las empresas de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador. Por otro lado, se definirá "un marco fiscal de apoyo" a emprendedores, PYMES y autónomos.

- Vivienda. Se mantendrá el IVA 'superreducido' -del 4%- en la adquisición de vivienda habitual (con un límite en su precio) y se recuperará la deducción fiscal en el IRPF para la compra de vivienda habitual.

- Impuesto de Sociedades. Dada la situación "difícil" de las empresas, habrá una rebaja que, según técnicos del Ministerio de Hacienda, ascendería a 9.500 millones. Se eliminarán las limitaciones para la aplicación del tipo impositivo del 20% a empresas con cifra de negocios inferior a cinco millones de euros. Se ampliará hasta los 12 millones de euros la cifra de negocios para acogerse al régimen especial previsto para las empresas de reducida dimensión. Se aumentará hasta los 500.000 euros el límite de base imponible al que se aplica el tipo reducido del 25%.

- Las empresas no tributarán por las plusvalías que obtengan en la venta de sus activos fijos cuando las reinviertan. Se modificará la fiscalidad de los beneficios no distribuidos: los que se empleen en adquirir nuevos activos, tributarán diez puntos menos que los distribuidos entre accionistas.


Medidas de recorte

- Reducción del déficit en 16.500 millones de euros en 2012. No se ha concretado más que la cantidad, aunque algunas de las partidas enumeradas a continuación entrarían dentro de este monto.

- Ley de estabilidad presupuestaria. Desarrollará la última reforma constitucional. Verá la luz en enero y será la base para los PGE. Incluirá, según lo acordado entre PP y PSOE, la reducción del nivel de deuda hasta el 60% en 2020 y la fijación en un 0,4% del déficit estructural global máximo del conjunto de las Administraciones Públicas partir de 2020.

- Sector público. El más afectado. Se procederá a una redimensión de su estructura (organismos Autónomos, Agencias y otras entidades) que incluirá supresiones. Se reducirán las empresas y fundaciones. En la partida de personal, se llevará a cero la tasa de reposición en la Oferta Pública de Empleo, excepto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Servicios Públicos Básicos. Se recortarán los gastos corrientes. Lema a seguir: "Una administracion, una competencia".

- Se reducirán, asimismo, gastos mediante la gestión integral del patrimonio inmobiliario y de los alquileres, del recurso a centrales de compras, incluso entre Administraciones Públicas de diferente ámbito y la "racionalización de medios personales y materiales" de la Administración.

- Comunidades Autónomas. Se negociará un Pacto por la Austeridad y la Eficiencia con las Administraciones.

- Reducción del número de Organismos Reguladores y refuerzo por ley de su independencia.

- Jubilación. Supresión de las prejubilaciones. Frenar el uso de la prestación por desempleo en los últimos años de vida laboral como una prejubilación encubierta.
 
Otras medidas
 
- Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes en materia Económica y Presupuestaria. Se aprobará el 30 de diciembre en Consejo de Ministros. No se ha especificado en qué consistirán, más allá de que contendrán una prórroga de los Presupuestos Generales. Irá acompañado de un Acuerdo de No Disponibilidad.

- Jubilación. Pese a que en su discurso Rajoy aseguró que pretendía "acercar la edad de jubilación a la edad real", en una de las réplicas a Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del PSOE, ha aclarado que no modificará la edad de jubilación.

- Sector bancario. En seis meses, se hará un saneamiento de balances, una venta de stock de inmuebles, valoración muy prudente de los activos menos líquidos (solares y promociones sin terminar). Más fusiones y cambio del mapa bancario.

- Cambio en el modelo de regulación de las cajas y fundaciones procedentes de cajas. Cambio del sistema de supervisión y regulación del Banco de España.

- Competitividad. Moderación de costes y precios.

- Empleo. Es la partida que más apartados sin concretar tiene, ya que Rajoy está pendiente de que sindicatos y patronal lleguen a un acuerdo en la "primera quincena de enero". Para empezar, ha anunciado una "reforma integral del mercado de trabajo" y una "modernización de la legislación". Además, ha hablado de "poner el acento en la creación de puestos de trabajo".

- Sobre los aspectos que se están tratando en la negociación colectiva, ha explicado que se primará la resolución extrajudicial de conflictos, la formación permanente y la recualificación, que se fomentará la eficiencia del mercado de trabajo, que los días festivos se trasladarán a los lunes (salvo los de arraigo social), que se combatirá el absentismo, que se impulsará la conciliación y el teletrabajo, que habrá planes de reinserción laboral y que se elaborará "un plan especial a favor de la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito laboral".

- Empleo juvenil. Se reformará el sistema de formación profesional.

- Fiscalidad. Se establecerá un sistema de compensación automática de deudas dentro de la Ley de Apoyo a los emprendedores. Se modificará el régimen del IVA para que autónomos y PYMEs no tengan que pagar el impuesto hasta que hayan cobrado las facturas.

- Comunidades Autónomas. Se impulsará un sistema de reconocimiento mutuo de autorizaciones y licencias.

- Educación. Se desarrollará una Estrategia Nacional de Calidad en la Educación. Habrá un Bachillerato de tres años. Se promocionará el bilingüismo español-inglés. Se aprobará un nuevo sistema nacional de acceso a la función docente. Habrá una reforma de las universidades.

- Sanidad. Se buscará un Pacto por la Sanidad. Se llevarán a cabo reformas que mejorarán "la accesibilidad, la eliminación de la burocracia y la eficiencia". Se aprobará una Ley de Servicios Básicos.

- Turismo. Potenciación de la imagen de España como destino turístico modernizando la red de oficinas en el exterior.

- Justicia. Se compatibilizarán los "ocho sistemas informáticos" actuales de la Administración de Justicia. Se revisará el sistema de recursos, se impulsará la incorporación de los juicios rápidos al ámbito civil. Se aprobará una Ley de Mediación y Arbitraje y otra Ley de Jurisdicción Voluntaria. En tres meses se resolverán las renovaciones del CGPJ, el TC, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de RTVE.

- Se reformará la Ley de Subvenciones.

- Se modificará el modelo de gestión de las televisiones públicas.

- Se reforzarán por ley los controles previos y las responsabilidades de gestores públicos.

- Se aprobará una Ley de Transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública en el primer trimestre de 2012.

- Reforma del sistema energético.

- Apoyo a la innovación empresarial

- Reforma en el Servicio Exterior de España.

- Promoción del sector agroalimentario español y apoyo a la implantación de la gastronomía en el ámbito europeo e internacional.

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