La falta de medios humanos y materiales retrasa las principales causas
Los cuatro jueces del tribunal solo cuentan con siete funcionarios
El TSJ solo tiene una fotocopiadora que se usa, además, para escanear
Un centenar de imputados
El Tribunal Superior de Justicia valenciano solo instruye aquellos casos en los que están imputados aforados: miembros del Consell o de las Cortes Valencianas. La presencia de un aforado en una causa arrastra al TSJ, sin embargo, al resto de implicados. El resultado es que las acusaciones contra nueve diputados autonómicos ha conducido al Tribunal Superior a cerca de un centenar de imputados. El órgano no fue diseñado para funcionar como un tribunal de instrucción a ese nivel, y su actual nivel de actividad es prácticamente único entre las comunidades autónomas.
Caso Blasco. Se investiga el desvío de cerca de seis millones de euros (aunque algunos cálculos casi doblan ese importe) de fondos públicos destinados por la Generalitat a la cooperación internacional. La imputación de Rafael Blasco, que fue siete veces consejero de la Generalitat y hasta hace unos meses se mantuvo como portavoz popular en las Cortes Valencianas, supuso que el TSJ se hiciera cargo de un asunto en el que hay una treintena de imputados.
Caso Gürtel. El juez José Ceres investiga la rama valenciana de la causa, que en los últimos meses ha visto cómo se doblaban el número de piezas separadas que la integran, hasta sumar seis. Aunque Ceres dio por concluida la investigación de una de las piezas en diciembre, preparando el terreno para la apertura de juicio oral, el aluvión de recursos y la falta de medios ha ido retrasando la decisión. La celebración del juicio parece improbable hasta después del verano. El caso tiene en Valencia 53 imputados.
Caso Brugal. La condición de diputados autonómicos de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, elevó al TSJ la parte del caso Brugal en la que se investiga el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad en favor del constructor Enrique Ortiz.
Caso Alperi. La última causa que ha asumido el TSJ también tiene como protagonista a Alperi, que fue alcalde de Alicante entre 1995 y 2008. La fiscalía le acusa de tres delitos fiscales (habría ocultado dos millones de euros al fisco), falsedad documental y cohecho.
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El Tribunal Superior de Justicia valenciano, donde se centralizan las principales causas de corrupción de la comunidad autónoma, se halla en una situación parecida al colapso. El motivo: la falta de medios, que es responsabilidad de la Generalitat, y el rápido aumento de las causas en pocos años. El anterior presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa, solía decir que su cargo era una canonjía. De la Rúa, utilizaba la palabra en la segunda acepción que recoge el diccionario: “Empleo de poco trabajo y bastante provecho”.
El magistrado accedió al puesto en 1999, permaneció en él hasta 2010 y durante la mayor parte de su mandato la afirmación fue cierta. La Sala Civil y Penal del tribunal, compuesta por cinco jueces, tenía poca carga de trabajo. Sus competencias comprendían básicamente, como ahora, la revisión de los casos en que se aplica el derecho civil foral valenciano (pocos). Y la investigación de las causas que implican a personas aforadas: miembros del Gobierno autonómico y de las Cortes Valencianas.
Esta segunda vía empezó a aumentar al final del mandato de De la Rúa, con decisiones polémicas por su parte, como el prematuro archivo del llamado caso de los trajes, que afectaba al entonces presidente valenciano Francisco Camps, en 2009. Desde entonces, las causas de corrupción instruidas en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no han dejado de crecer y alguna de las que ya estaban abiertas, como la vertiente valenciana del caso Gürtel, ha visto cómo se multiplicaban los hechos a investigar, que han pasado a formar nuevas piezas separadas.
Aunque solo hay nueve aforados valencianos imputados (los nueve son diputados autonómicos del PP), su presencia en una causa arrastra al TSJ al resto de implicados. El resultado es que los cuatro casos abiertos en el tribunal suman cerca de un centenar de imputados. Solamente en las seis piezas separadas de Gürtel hay ya 53.
Esa cantidad de trabajo, coinciden varias fuentes, no explica por sí sola la situación del tribunal, en el que pasos que normalmente tardarían semanas requieren meses. Las fuentes apuntan a la falta de medios materiales y humanos, no de magistrados sino de secretarios judiciales y personal de apoyo.
Los cuatro jueces que instruyen causas en el TSJ trabajan, en total, con dos secretarios judiciales y siete funcionarios. Cuando lo normal en un juzgado que investiga causas penales tan complejas (Emarsa, por ejemplo) es que un solo juez cuente para él con un secretario judicial y diez funcionarios.
La Sala Civil y Penal solo tiene, además, una fotocopiadora. En realidad se trata de una máquina multiuso que se utiliza también para escanear los escritos, lo que genera monumentales atascos, obligando a las partes a hacer cola para recoger la documentación. Y como la mayoría de fotocopiadoras, añaden las fuentes, sufre problemas técnicos regularmente, bloqueando el normal avance de las causas.
Solo hay dos personas, para toda la Audiencia Provincial de Valencia y para el TSJ, dedicadas a transcribir declaraciones e intervenciones telefónicas. Y no tienen a su disposición precisamente lo último en tecnología. La escasez ha obligado a aplazar transcripciones del caso Gürtel en favor de las del caso Blasco (que investiga el millonario saqueo de las ayudas públicas a la cooperación), dado que en esta causa uno de los imputados se encuentra en prisión preventiva y goza por ello de prioridad.
A pesar de tener preferencia, la magistrada instructora del caso Blasco, María Pía Calderón, ha dejado patente por escrito su malestar por las condiciones del procedimiento. Y se ha visto forzada a renunciar, de momento, a interrogar a los implicados sobre el grueso de la causa, dado que estos aún no han tenido acceso a toda la documentación.
El magistrado José Ceres, que investiga la rama valenciana de Gürtel, dio por concluida en diciembre la instrucción de una de las seis piezas que componen la causa. Se trata de la que afecta, entre otros, a la expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsejera de Camps, Milagrosa Martínez, por las adjudicaciones a la trama corrupta vinculadas con la feria turística Fitur. La lluvia de recursos y la falta de medios —con tan pocos funcionarios el mero envío de oficios lleva su tiempo— ha retrasado hasta ahora la apertura de juicio oral. Y las fuentes consultadas ven improbable que el juicio se celebre hasta después del verano, dado que se prevé largo, agosto es inhábil y no tendría mucho sentido empezarlo en julio y tener que interrumpirlo para retomarlo en septiembre.
Algunos imputados, como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se han quejado de dilaciones en la causa. A pesar de que la lentitud también es achacable, en parte, a recurrir cada decisión que toma el juez instructor. Y la alcaldesa presentó el año pasado 21 en apenas tres meses.
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