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viernes, 18 de julio de 2014

Otra semana trágica del PP valenciano


La revuelta de los empresarios, el abandono de altos cargos y la investigación de Bruselas acrecientan la sensación de “descomposición del régimen” en las filas del partido


“Esto es como la caída del imperio romano, pero a toda velocidad”. “El Pobre Fabra [Alberto, presidente de la Generalitat] monta un circo y le crecen los enanos”. Algunos cargos y militantes del PP desvelan en privado su desazón por la cada vez más aguda sensación de “fin de ciclo” y “descomposición del régimen” que sufre el partido, acosado por la quiebra de la Generalitat, la corrupción y elninguneo de sus compañeros del gobierno central. Los últimos siete días han sido, otra vez, una verdadera semana trágica para el PP valenciano. 
Lunes: revuelta de los empresarios
“Hasta aquí hemos llegado". Los empresarios más representativos de la Comunitat Valenciana cargaron con inusitada dureza contra el gobierno de España por la discriminación que sufre la autonomía, “ninguneada hasta límites insospechados” por las pobres inversiones que recibe de Madrid y una financiación pésima. Fabra pareció descolocado por el movimiento de la patronal, que dejaba bien a las claras que el PP, ahora mismo, es percibido como un enemigo.
Miércoles: desbandada en el PP
Tres altos cargos de la Conselleria de Educación, otro de la Conselleria de Agricultura y todo un exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, abandonaron el gobierno valencianoo las Corts Valencianes en apenas cinco días. Aunque las dimisiones, en casi todos los casos, fueron presentadas por los manidos “motivos personales”, la explicación que flota en el ambiente es otra: el cansancio –hartazgo, incluso- de gestionar una administración en quiebra, con amplia contestación social y bajo los siglas de un partido con pésimas expectativas electorales.
Viernes: En el punto de mira de Bruselas
El gobierno de la Unión Europea anuncia la apertura de una investigación a la Generalitat Valenciana ante la sospecha de que pudo manipular sus datos de déficit. Es la primera vez que una se abre un procedimiento así contra una región.
La noticia cae con una bomba en el Palau de la Generalitat. Además de arruinados, tramposos, se piensa en el entorno de Presidencia. El legado tóxico de Francisco Camps, bajo cuyos mandatos se acumularon las facturas en el cajón ahora en discordia, parece inacabable.
Sábado: De la ‘Grecia de España’ a la culpa es de ZP
Mientras algunos analistas trazan una analogía demoledora entre Grecia (el único país de la UE que presentó cuentas falsas a Bruselas) y la Comunitat Valenciana (la primera y única región investigada por hacer eso mismo), el PP ensaya otra huida hacia adelante: la culpa del papelón que se está haciendo en Europa es de los gobiernos socialistas.
Esa táctica –culpar de todo a José Luis Rodríguez Zapatero- era la utilizada por el expresidente Francisco Camps. El PP valenciano, ahora, no menta ni a éste ni a los dos consejeros de hacienda responsables de esconder las facturas en el cajón, José Manuel Vela, y Gerardo Camps, ahora diputado en el congreso. En parte del partido ya no se piensa en buscar culpables, sino en mirar hacia adelante para cerrar una etapa de 20 años de gobierno y encarar una nueva en, seguramente, la oposición. 
Fuente: eldiario.es/cv

El dinero que la sanidad pública paga a la privada ha crecido un 52% en 10 años

La privatización sanitaria tiene múltiples caminos: desde la adjudicación de hospitales hasta los conciertos para hacer pruebas diagnósticas, tratamientos o intervenciones quirúgicas
Ninguna región es ajena a la utilización de medios privados para sus redes de salud, que ya representa el 10% del gasto sanitario público español

La sanidad pública paga cada vez más a la privada. Unos 7.600 millones de euros al año. Supone un 10,5% del gasto sanitario público que suma 72.000 millones anuales. Los datos de la Cuenta Satélite del Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad recogen un aumento de esta partida de 2.599 millones (un 52%) desde 2002 a 2011.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de privatización de la sanidad y entrada de empresas en la asistencia de los ciudadanos? Las vías de trasvase de dinero público al sector sanitario privado son variadas. Cada Administración defiende su realidad y no deja de subrayar la etiqueta de “sanidad pública”, ya sea ésta servida por medios propios, conciertos, convenios o concesiones a contratistas.
El Instituto para el Desarrollo y la Integración Sanitaria (IDIS) ha ordenado estos gastos por comunidades autónomas y tipos de pagos desde los presupuestos de Sanidad a las empresas privadas del sector. El IDIS es una entidad que defiende la entrada de las clínicas privadas como “eje de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, según su secretario general Juan Abarca.
La comunidad autónoma que más gasta en sanidad privada es Cataluña. Su sistema sanitario trasvasa 2.450 millones de euros a clínicas cada curso, un 24,1% del gasto. Canarias destina un 10,3% de todo su presupuesto sanitario a medios privados (286 millones de euros). Madrid y Baleares están ambas por encima del 8% con 713 y 112 millones respectivamente. En Andalucía, se paga mucho a empresas privadas de sanidad (446 millones de euros), pero supone un 4,7% de todo el dinero destinado a la salud. En los últimos puestos del ránking autonómico en términos relativos están Aragón (4%), Extremadura (4,3%) y Cantabria (4,5%).
El panorama es una maraña de fórmulas de contratación, cesión, concierto y encomiendas en la que se impone una mirada pormenorizada para ver el alcance de la privatización.

Sanidad mixta catalana

En Cataluña, se puede hablar de un sistema general mixto público-privado. La Generalitat tiene convenios singulares con 31 hospitales privados para que formen parte del Sistema de Utilización Pública. Además, entre 2008 y 2014 publicó 495 concursos para el diagnóstico por imagen, las terapias respiratorias, la atención primaria o los servicios socio-sanitarios.
Este esquema obliga a las arcas públicas catalanas a aportar esos casi 2.500 millones de euros a entidades sanitarias privadas. Es cerca de la mitad, el 41,8% de todo lo que el sector público paga al privado en España. A pesar de que, desde los 1.298 euros per cápita que Sanidad invertía en 2012, el Gobierno ha rebajado la partida a 1.095 –y el consejero Boi Ruiz reconoce que la cifra ideal son 1.500 euros-, la tasa de crecimiento del pago a entidades privadas ha estado en el 2,1% anual desde 2002 a 2011.

Los contratistas entran a escena

Sin duda, la polémica y preocupación ciudadana sobre la privatización sanitaria se ha agudizado especialmente con el proceso de entrada de empresas contratistas en la gestión directa de la sanidad. Tanto con la concesión de la gestión no médica de centros como los contratos completos que asignan a empresas privadas la construcción, administración y gestión sanitaria de hospitales de la red pública. Las sociedades privadas han visto cómo su negocio se ampliaba en la red pública española en los últimos años.
La Comunidad Valenciana: es la pionera en la adjudicación integral sanitaria a contratistas. Cinco departamentos de salud están así gestionados. Seis empresas (Ribera Salud, ACS, Lubasa, Sanitas, DKV y Asisa) se reparten en diferentes porcentajes cinco hospitales de la siguiente manera:
Alzira (Ribera Salud, ACS y Lubasa): 143,4 millones al año para la asistencia de 227.000 personas; Hospital de Denia (DKV y Ribera Salud): 94,8 millones para 150.000 ciudadanos; Hospital de Torrevieja (Sanitas): 123 millones para 195.000 alicantinos; y Hospital de Vinalopó (Ribera Salud y Asisa): 101 millones.
Las asignaciones se incrementan en el mismo porcentaje que el presupuesto de Sanidad elaborado por el Gobierno regional. Valencia le ha metido un acelerón al gasto público en sanidad privada a un ritmo de crecimiento del 10,9%. Gasta 442 millones al año (un 6,6% de su presupuesto). "A la Genertalitat le viene muy bien y las concesionarias tienen que hacer verdaderos esfuerzos para que les salgan las cuentas", ha analizado el director general de IDIS, Manuel Vilches, dejando clara su visión sobre estos modelos.
Madrid: el Gobierno del PP ha impulsado las partidas de dinero público hacia medios sanitarios de empresas. Un 13,7% más de media en diez años. En 2011 se destinaron 714 millones de euros (un 8,5% del presupuesto total). El estudio de IDIS habla de "interdependencia" entre los sistemas sanitarios público y privado.
Existen cuatro hospitales nacidos como concesión para contratistas: Infanta Leonor (de IDCSalud) con un canon de 33 millones; Torrejón (Sanitas, Asisa, Bankia, Concessia y FCC) con uno de 110,2 millones; Móstoles (IDCSalud) con pago de 107,1 millones y Collado Villalba. Este último centro no ha sido puesto en marcha porque el Ejecutivo de Ignacio González considera que no puede afrontar el pago del canon, aunque sí se abona 11 millones al año en concepto de mantenimiento).
Concesiones también existen en Canarias, que en 2013 lanzó un concurso para la hemodiálisis en Gran Canaria y Lanzarote por 35 millones de euros para cinco años. Las islas son la segunda región que asigna más recursos a la sanidad privada respecto a su presupuesto: un 10,3% y 286 millones al año.

Los conciertos versus la infrautilización de medios públicos

Casi todas las administraciones sanitarias –sin importar el color político que las dirijan- conceden gran impacto a los conciertos con clínicas para llevar a cabo terapias o pruebas (en ocasiones en detrimento de los recursos directos). El 38% de las terapias de respiración en Madrid son asignadas a centros privados. En Galicia es el 23% y en Navarra el 21% del total de tratamientos de esta índole. Es un nuevo frente de lucha abierto contra la privatización sanitaria.
En el caso de Madrid, el 73% de los 48 hospitales privados de la región tienen algún tipo de acuerdo firmado con el SERCAM. La panoplia diseñada por la Consejería de Sanidad abarca múltiples disciplinas. Como se apuntaba, los enfermos respiratorios dependen en gran medida de centros privados para sus terapias (95 millones de euros en concursos entre 2008 y 2014). Se le suman, además, las pruebas diagnósticas que se derivan a la hora de hacer ecografías o mamografías. Un modelo que puede resquebrajarse en cuanto la administración no llega a acuerdos que satisfagan sus estrecheces financieras, como sucedió en 2013 cuando se detuvieron miles de mamografías del Programa de detección precoz del cáncer de mama en Madrid.
También a la hora de intentar bajar las listas de espera quirúrgicas, algunas comunidades han apostado fuerte por la derivación a hospitales de empresas. Así, en Castilla y León han llegado al 51%; en Castilla-La Mancha al 34% y en Aragón al 19% de la actividad. En Castilla y León tuvieron que regresar a estos conciertos en 2013 tras no poder gestionar las listas con los medios públicos una vez suprimidas las actividades extraordinarias de tarde en los hospitales. Igual le ocurrió a Valencia. Marcha atrás y nuevo flujo de dinero a clínicas privadas ante el atasco. En Castilla-La Mancha están recurriendo a traslados a otras regiones para intervenciones de sus pacientes.

Los convenios

El sistema de convenios es una manera habitual de que los impuestos abonen la prestación de servicios sanitarios en centros privados. El convenio hace que los ciudadanos puedan acudir a los hospitales a recibir sus tratamientos. Andalucía destaca en esta fórmula con 17 centros conveniados. Cinco de ellos pertenecen a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y seis al grupo José Manuel Pascual. También con Cruz Roja Española. 
Este sistema es el que utiliza el Partido Popular para asimilar los procesos privatizadores como el de Madrid con otras regiones. Como dijo el vicesecretario popular Carlos Floriano hace poco más de un mes, "está vigente en otras comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña". El flujo de pacientes andaluces está controlado por los hospitales públicos y sus Unidades Provinciales de Gestión.
El informe del IDIS reseña que "no se dispone de información pública en cuanto a la remuneración obtenida por parte de los grupos privados con estos convenios".  Andalucía gasta 447 millones de euros en dar cobertura pública con medios privados (un 4,7% del total). También aparecen con estas fórmulas el País Vasco, Galicia, Islas Baleares y Asturias.
La Comunidad de Madrid firmó un concierto singular con la Fundación Jiménez Díaz (regentada por IDCSalud) por 30 años para atender en ese hospital a población de referencia. En 2012 y 2013, Madrid le abonó más de 300 millones por cada anualidad.

lunes, 30 de junio de 2014

Culpables, millonarios e impunes

por Carlos Jiménez Villarejo, eurodiputado de Podemos y exfiscal Anticorrupción


En el inicio de un pormenorizado examen de los “delitos de cuello blanco”, se cita un fundamentado informe con motivo de la quiebra de Lehman Brothers en 2008, en el que se afirma: “El capitalismo moderno ha emulado este sistema de castas”, refiriéndose a los brahmanes indios. Castas que hoy, en España, sin exceso alguno, es un calificativo aplicable también a dirigentes políticos del PP y del PSOE. 

Estamos ante un doble reto:

La desigualdad social existente, consecuencia de las políticas de austeridad dictadas desde las instituciones comunitarias y aplicadas dócilmente por los gobiernos del PSOE y del PP el secuestro de la honradez democrática en el Estado español.

La situación actual tiene varios puntos de partida:

La Unión Europea, desde hace mucho tiempo, ha renunciado a reconocer y defender derechos humanos para convertirse en una plataforma del capital que controla los mercados y los gobiernos de los Estados.

Ya nadie puede creerse que sus principios constitutivos presidan las políticas comunitarias.

Basta con recordar el abandono y la traición de principios como “derechos humanos de minorías”, “economía social de mercado”, transformada luego en una “economía de mercado abierta y de libre competencia”, “pleno empleo y progreso social”, el “combate de la exclusión social”, la “erradicación de la pobreza”, la “igualdad de los ciudadanos” y así sucesivamente.

Son necesarios profundos cambios normativos para que la UE deje de ser la máxima expresión del poder del “fundamentalismo del mercado” a través de sus políticas económicas neoliberales que generan desigualdad social y económica y pobreza, con especial incidencia en la infancia.

Esas políticas han conducido a que los Gobiernos de España, conservadores y socialistas, hayan renunciado y traicionado el mandato constitucional de “remover los obstáculos”(Art. 9.2) para garantizar una “igualdad efectiva”.


1. EL DESAFÍO DE LOS RICOS


En 2013, los 30 consejeros mejor retribuidos de las empresas españolas, cobraron anualmente una media de 4,25 millones de euros (CNMV). Un par de ellos, Botín y Alierta, pasaron impunemente por el banquillo de los acusados. 

Solamente en las empresas del Ibex 35, 881 consejeros y directivos se beneficiaron de planes de pensiones –o “paracaídas dorados”, según la terminología anglosajona– que alcanzaban elevadísimas sumas. 

Las empresas con mayor número de consejeros y directivos beneficiados con contratos blindados son:
Repsol: 296.
Grifols: 94.
BBVA: 90.


Los que se conocen con contratos más elevados son:

  • ACS: Florentino Pérez goza de un blindaje por valor de 13,6 millones de euros 
Y entre los consejeros y directivos ya cesados, son de destacar los siguientes:


  • Telefónica: el ex consejero delegado Julio Linares percibió 24,7 millones de euros;
  • Ferrovial: el ex consejero Joaquín Ayuso cobró 8,1 millones de euros;
  • FCC: el ex consejero Baldomero Falcones percibió 7,5 millones de euros;
  • Indra: el ex consejero Regino Moranchet cobró 9,1 millones de euros.
Pero, hay más, los consejeros y directivos mejor retribuidos de las empresas del Ibex 35 cobraron, de media, 75,5 veces más que los empleados de sus respectivas empresas. De ellos, 87 cobraron anualmente más de un millón de euros (entre sueldos y planes de pensiones).

Estas son algunas de las empresas donde la desigualdad salarial es más escandalosa:

  • Inditex: los consejeros y directivos cobran 366 veces más que el gasto medio por empleado.
En las empresas que se citan a continuación, la distancia entre el sueldo de consejeros y directivos y el de los empleados es la que se cita:

  • FCC: 299.
  • Ferrovial: 151.
  • Telefónica: 123.
  • Banco Santander: 117.
  • ACS: 116.
  • Acciona: 105.
  • BBVA: 104.
  • Indra: 100.
Esta es nuestra economía de mercado, que cada vez puede calificarse menos de social. Es un régimen que incrementa fuertemente la desigualdad, además de que los ciudadanos, trabajen o no, son privados de derechos laborales y prestaciones sociales básicas para tener una vida no ya digna, sino sencillamente acorde con la dignidad humana.

Es, sencillamente, ofensivo y cruel con la mayoría de los ciudadanos.

Algunos pueden entender que, afortunadamente, los viejos tiempos del capitalismo industrial ya pasaron. Pues no lo parece. Por ello, recobran actualidad, con algunas salvedades, las palabras de Engels: “La división de la sociedad en una reducida clase fabulosamente rica y una enorme clase de asalariados que no poseen nada, hace que esta sociedad se asfixie en su propia abundancia, mientras que la gran mayoría de sus individuos no están apenas garantizados, o no lo están en absoluto contra la más extrema penuria”.. Aquella brutal realidad vuelve a estar presente a consecuencia de los políticas económicas y sociales neoliberales, que extienden a amplias capas sociales lo que a mediados del XIX afectaba principalmente a la llamada clase obrera.

Mientras, los gobiernos del PSOE y del PP, impusieron, con apoyos de CiU y PNV, reformas legales que han reducido a una gran parte de la sociedad a la penuria, una reforma laboral que es un continuado golpe de estado constitucional, paro, ausencia de prestaciones sociales, privación de asistencia sanitaria, ausencia de suficientes recursos educativos, etc.

Por ello, es natural que la tercera fortuna del mundo, Warren Buffet, diga: “Hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y la estamos ganando”.

Pues no, no la ganarán porque aquí están los trabajadores, los parados, el pueblo para impedirlo y hacerles retroceder.

Para exigir e imponer un orden más justo.

Donde la riqueza no este tan concentrada y se reduzca drásticamente la pobreza.

Ello exige una dirección política en nuestro país que no esté asociada a los intereses de los poderosos –como lo acreditan las puertas giratorias, ejemplo de ello, ¿qué hace Borrell en Abengoa?–, que no gobierne a través de sistemas de corrupción y que sea controlable directamente por el pueblo soberano, porque se han olvidado de que solo el pueblo es soberano.

Los gobernantes, si no sirven al pueblo, son una casta que debe ser desplazada y, cuando proceda penalmente, perseguida y condenada.

2. LA COMPLICIDAD DE LOS CORRUPTOS
 
Datos, siempre provisionales, dado el constante aumento de la corrupción:

1.661 procesos por corrupción.

Más de 500 imputados (de ellos 100 banqueros).

Solo unos 15 en prisión (es justo decirlo, la mayoría en Baleares).

Situación injusta e insostenible.


¿Por qué no dimiten los responsables públicos imputados por corrupción, como Magdalena Álvarez en el Banco Europeo de Inversiones,por el fraude de los ERE?

¿Por qué no dimiten los altos cargos y ministros del Gobierno del PP, cuando ya se ha acreditado la relación de algunos de ellos con la caja B de la trama Gürtel?

Aquí estamos para denunciarlo y expulsarlos de la política que, de ser una actividad digna si se ejerce honradamente y al servicio de los intereses públicos, se transforma en un modo de vida que transgrede los principios éticos y se convierte en un modo inmundo de ejercer la política que repele a la conciencia ciudadana.

En cuanto a los cargos públicos electivos o de designación política, basta ya de profesionalización de la política. Como exige la Convención de NNUU contra la corrupción, debe establecerse la ”rotación” temporal en los cargos electivos; y, desde luego, techos salariales,con plena transparencia de sus retribuciones y accesibilidad inmediata a dichos datos por los ciudadanos.

En cuanto a los partidos políticos, dos exigencias fundamentales:

  • Que la Ley de Partidos se adapte a la Convención de NNUU contra la corrupción. Es decir, que exija a sus miembros que obren con“integridad, honestidad y responsabilidad” para que pueda “ejercer sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida”.
  • En cuanto a la financiación privada de los partidos, suprimir la de los préstamos o créditos por las entidades financieras, en cuanto generan un grado de endeudamiento con la banca y la consiguiente dependencia fáctica de ella, lo que es incompatible con el ejercicio imparcial de sus funciones constitucionales.
3. LAS DEBILIDADES DE LA UNIÓN EUROPEA

3.1. La prohibición de “restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”. Principio que abre la puerta a la plena libertad de movimientos de capitales, especialmente, en los mercados financieros y, a partir de ahí, el flujo permitido y amparado por la UE hacia paraísos fiscales como cauce del fraude fiscal nacional e internacional y la ocultación y blanqueo de capitales producto de negocios delictivos, particularmente la corrupción.

3.2. Una desarmonizacion fiscal que determina que la carga fiscal se traslade de las empresas a los trabajadores, incrementándose la desigualdad económica y social y la pobreza.

3.3. Las empresas están autorizadas a deslocalizar los capitales, actuando libremente en un mercado único, lo que favorece especialmente a la banca que puede operar en cualquier lugar de la UE, con productos financieros complejos, que favorecen el fraude a ahorradores e inversores.

3.4. ¿Cuándo se hará aplicación de la previsión del Art. 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales que contempla la privación de la “propiedad privada” por razones de “utilidad pública”¿.Ya ha llegado el momento.

Mientras, el Banco Central Europeo, centro de las políticas económicas y monetarias, es”independiente”, es decir, no puede ser controlado por los ciudadanos europeos. El círculo de la impunidad está muy bien cerrado. 

Por todo ello, Podemos está dando una gran batalla democrática y contribuiremos a derribar los muros que la alianza de los políticos corruptos y los ricos han construido para impedir la plena soberanía de nuestros pueblos. 
_________________________________________________

El título de este artículo, Culpables, millonarios e impunes, es el de un capítulo de la obra de Laura Zúñiga Rodríguez Poder y delito: escándalos financieros y políticos. Salamanca: Editorial Ratio Legis, 2012.


Al descubierto una “ola privatizadora” de servicios públicos

SANEAMIENTO DE AGUAS, MUTUAS O SERVICIOS VINCULADOS CON LA SANIDAD, INCLUIDOS EN LA NEGOCIACIONES

Una filtración de documentos confidenciales sobre las negociaciones confirma las sospechas: el tratado de libre comercio entre EE UU y la UE incluye los servicios públicos.


“Lo que había hasta ahora eran conjeturas”, afirma Fátima Aguado, secretaria internacional de la Federa­ción de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Tras la filtración de tres documentos secretos de trabajo que sirven de base para las negociaciones del Tratado Transat­lán­tico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre EE UU y la UE, las conjeturas se convirtieron en certezas. “Lo que quieren hacer es abrir el mercado de los servicios públicos a las empresas estadounidenses”, dice.
“Lo que quieren hacer es abrir el mercado de los servicios públicos a las empresas de EE UU”, dicen desde CC OO
En los documentos, publicados el pasado 13 de junio a través de Filtra.la, proyecto en el que colaboran Diagonal, junto con eldiario.es, La Marea y Mongolia,se enumeran los servicios que la Comisión Euro­pea está dispuesta a negociar con el Gobierno de EE UU. Sanea­miento de aguas, mutuas, servicios sociales y asociados a la sanidad o la educación son algunos de los sectores que, según los documentos filtrados, po­drían ser objeto de liberalización.

El TTIP es un extenso ajuste legislativo que desde verano de 2013 están negociando la UE y EE UU. La sexta ronda de negociaciones tendrá lugar en Bruselas a partir del 14 de julio. “El objetivo de la Comi­sión Euro­pea y los funcionarios estadounidenses es llevar a cabo las conversaciones lo más rápidamente posible y sin que los detalles lleguen a la opinión pública, con la esperanza de cerrar las negociaciones antes de que la ciudadanía en Euro­pa y EE UU descubra la verdadera envergadura de la amenaza que supone el TTIP”, comenta John Hillary, de la organización londinense War on Want.
Como han admitido funcionarios de ambas partes, la principal función de este tratado eseliminar las “barreras” que limiten los beneficios de las corporaciones a ambos lados del At­lántico. Estas “barreras” son en rea­lidad normativas en materia de derechos sociales, laborales y ambientales. “Además de su programa desregulador, el TTIP también pretende crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la contratación pública a las empresas transnacionales, lo que amenaza con provocar nuevas olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad o la educación”, alerta Hillary.

Ataque a la sanidad pública

En una carta a John Boehner, portavoz de la Cámara baja de EE UU, el representante de Comercio de EE UU, Demetrios Ma­ran­tis, confirmaba que usará el TTIP para “cuestionar el funcionamiento de cualquier monopolio designado” en el ámbito de los servicios públicos. En consecuencia, como relata John Hillary, algunos miembros del Parla­mento británico han alertado de que el TTIP podría “destruir” el Servicio Nacional de Salud (NHS) si las compañías estadounidenses se hacen con el derecho de adjudicarse contratos de gestión clínica.
Por ello, colectivos como Pacientes Orga­nizados en De­fensa del NHS se han sumado a la campaña contra el TTIP. También en el Estado español, la Federación de Aso­cia­ciones en Defensa de la Sani­dad Pública (FADSP) denuncia que el TTIP agranda el peligro para el sistema público de sanidad. La federación señala varias amenazas para la sanidad pública europea. En concreto, los gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque “sean un desastre y sus gastos exorbitantes”. Con el TTIP en vigor, el mercado debería abrirse a las corporaciones transnacionales y garantizar que se ofrece a los inversores y proveedores de servicios extranjeros el mismo trato que a los proveedores locales, algo que se conoce en la jerga del derecho comercial como “trato nacional”.
Las compañías de seguros médicos o de servicios hospitalarios podrían impugnar legalmente las políticas públicas de salud
Esta cláusula podría constreñir la capacidad de los Estados para controlar el número y el tamaño de los proveedores privados que entran en el mercado europeo y que dirigen los sistemas de salud. Las compañías de seguros médicos o de servicios hospitalarios podrían impugnar legalmente las políticas públicas de salud. El tema está generando preocupación en sindicatos y en las mareas.

La Comisión Europea ha negado repetidas veces que se esté negociando la liberalización de los servicios públicos. No obstante, también reconoció en el pasado que la cláusula no protege los servicios públicos, dada la restringida definición sobre qué servicios pueden ser excluidos.
En efecto, tal como afirma Pablo Sánchez, responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU), todo depende de la definición de servicio público. “Cuan­do la Comisión habla de sanidad pública se refiere a la sanidad financiada por el Estado, pero no a una concesión que una empresa privada, por ejemplo, puede tener con un hospital, y esto deja abierta la puerta casi a cualquier cosa”, añade. El comercio de servicios es una categoría muy amplia que incluye, por ejemplo, la telemedicina, el turismo médico o el movimiento temporal de enfermeras.
Una ambigüedad que puede ser muy rentable para el capital privado y puede profundizar las desigualdades sociales. “En algunos países los servicios sociales se hacen a través de mutuas, es decir, con financiación privada. En otros, como Rumanía, directamente no existen los servicios sociales. Por poner otro ejemplo, Sanitas se ocupa con un contrato de los casos de alzheimer de la Comu­nidad de Mur­cia. Todo esto estaría abierto a la liberalización con la firma del tratado”, explica.
Es a través del procesamiento y saneamiento, “el león del proceso productivo”, donde el tratado con EE UU intenta avanzar en la “privatización del agua”
La definición de servicio público de la Comisión Europea tampoco protege el carácter público del agua.Es a través del procesamiento y saneamiento, “el león del proceso productivo”, donde el tratado con EE UU intenta avanzar en la “privatización del agua”, afirma Sánchez. Un ejemplo es la ciudad de Bruselas, donde la gestión del agua es pública, pero el saneamiento es privado, y “cuando se enfadan cierran la planta y, literalmente, toda la mierda va al canal”.

Acceso ilimitado

“La opinión mayoritaria de los sindicatos europeos es que el TTIP es la directiva Bolkestein por la puerta de atrás”, explica Fátima Aguado, de CC OO. Según los documentos filtrados, la Comisión Europea persigue un nivel de “profundidad sin precedentes” en los compromisos que la UE está dispuesta a asumir en la liberalización del sector de servicios para ofrecer un acceso ilimitado a las multinacionales de EE UU a los mercados europeos, y espera la misma respuesta del Gobierno de EE UU y de sus Estados federales para las multinacionales de la UE.
Detrás del tratado, señala Aguado, hay una operación para equiparar a la baja los estándares ambientales, sociales y laborales: “EE UU incumple cinco convenios de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente los que tienen que ver con los derechos a la negociación colectiva, la libertad sindical, el salario mínimo y cuestiones de igualdad”.
Otra de las conclusiones que se pueden extraer de la filtración es que será posible liberalizar servicios tan cruciales como la gestión de residuos tóxicos, las licencias de radiodifusión y los estudios de impacto medioambiental. “Ya no es la Administración pública la que con sus inspectores va a hacer un estudio sobre cuál es el impacto de un proyecto, sino que serán grandes corporaciones de auditoría como Deloitte, ‘socio’ de la compañía que desarrolla el proyecto”, dice Pablo Sánchez. Sin embargo, señala este sindicalista, la oposición al TTIP y las primeras filtraciones está dando resultados:“Intentaron hacerlo por la vía rápida y han visto que tienen que hacer consultas con la sociedad civil”.

¿Qué dicen los papeles filtrados?

Los documentos publicados a través de Filtra.la (filtrala.org) el pasado 13 de junio incluyen una larga lista de servicios para liberalizar y están siendo la base de conversaciones confidenciales en el Comité de Política Comercial del Consejo Euro­peo. El 25 de mayo se enviaron a los gobiernos de la UE, de los que se esperaba una respuesta antes de la próxima ronda de negociaciones entre EE UU y la UE, que empezará el 14 de julio en Bruselas. Las negociaciones se realizan bajo las reglas del Acuer­do General de Comercio en Servicios (AGCS) de la OMC, que buscan un mayor “acceso al mercado” e incluyen la peligrosa cláusula “trato nacional”.

¿Por qué hay que temer al TTIP?

Las negociaciones del TTIP crearían un entorno más favorable a la privatización de los servicios públicos, bloquearían la capacidad de remunicipalizar o de crear nuevos servicios públicos y restringirían la capacidad para legislar en campos como la seguridad de los trabajadores, las normas ambientales, la protección de los consumidores y el cumplimiento de las obligaciones de proveer los servicios universales. La lista de ofertas en las negociaciones sobre servicios se extenderá a otras esferas, como la concesión de licencias para centros de salud, la acreditación universitaria y escolar o el suministro municipal de agua.

El precedente del acuerdo TISA


Según los documentos filtrados, para la oferta de servicios abiertos a la liberalización, la Comisión ha seguido las pautas del TISA, el Acuerdo sobre Comercio de Servicios que la UE actualmente negocia en secreto con decenas de países de la OCDE, entre ellos EE UU, Japón, Australia, México y Canadá. Según se puede leer en la filtración, “los Gobiernos recibieron el borrador de las ofertas [de servicios] que refleja la oferta presentada por la UE en las negociaciones del TISA en términos de formato y sustancia”. El método de “lista negativa”, utilizado en las negociaciones del TISA, se puede volver a emplear en las conversaciones sobre el TTIP.

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